Matasuegra

Nuestro “aporte voluntario”

Camacho pone el dedo en la llaga al comentar lo “voluntario” de los aportes y preguntarse quién recibe el rédito por los tributos de todos.
viernes, 13 de diciembre de 2013 · 21:24
Willy Camacho

escritor

No puedo evitar sentir indignación cuando el eufemismo se aplica para justificar un acto que colinda con la extorsión, como es el cobro de aportes a todos los empleados públicos. sean o no militantes del MAS.

Cuando ingresé a la UMSA, me sorprendió que, además de la matrícula (27 bolivianos), se debía pagar un "aporte voluntario” de  250 bolivianos. Más que el monto en sí, me molestaba que se recurriera a un eufemismo para camuflar una medida que obligaba a todo el estudiantado (la mayoría de escasos recursos) a cubrir la deficiente asignación presupuestaria de la universidad. Pero, dado que eso no estaba en manos de las carreras, de alguna manera se justificaba el cobro extra, por lo menos en aquéllas, como Literatura, que no contaban con más de 300 estudiantes y, por ende, recibían poco dinero del presupuesto total.
Recientemente, vuelvo a escuchar el eufemismo –y vuelve a molestarme su uso–, esta vez de boca de la senadora Nélida Sifuentes, quien dice que los asambleístas del MAS deberían realizar un aporte "voluntario” doble  para financiar la campaña electoral. No obstante, ya que no es mi "voluntad” la exigida, bien podría olvidarme del asunto. Al fin y al cabo, supongo que los militantes, principalmente los asambleístas, tienen nomás la obligación de aportar a sus respectivos partidos, aunque no quieran hacerlo voluntariamente.
Pero no puedo evitar sentir indignación cuando el eufemismo se aplica para justificar un acto que colinda con la extorsión, como es el cobro de aportes a todos los empleados públicos, sean o no militantes del MAS. La diputada Betty Tejada niega que esto ocurra, al igual que otros dirigentes del oficialismo, pese a que la senadora Sifuentes declaró que el Ministerio de Trabajo contribuyó con   10.000 bolivianos al partido (omitiendo detalles sobre el modo de recaudación).
Una pariente mía, funcionaria, me contó que en la institución donde trabaja los aportes se descuentan por planilla, y no sólo para campañas. A ella y a todos sus compañeros les descontaron el 5% de sus salarios el mes que llegó la marcha del Conisur, con lo cual aportaron "voluntariamente” a financiar la estadía de los campesinos afines al Gobierno. Algo similar, para ese mismo fin, ocurrió en el viceministerio donde hice una consultoría de seis meses: a mis compañeros les pidieron un "aporte voluntario” de 80 bolivianos.
Nadie puede protestar por el descuento o rehusarse a dar el aporte. Quien lo hace, más temprano que tarde, recibe una carta de agradecimiento por los servicios prestados, que no es sino un eufemismo de despido por desobediencia. Y claro, así nadie está dispuesto a denunciar abiertamente semejante atropello. Por eso me veo en la obligación de aclarar que no me consta nada de lo revelado por las fuentes consultadas, aunque tampoco tengo motivos para dudar de su veracidad ("secreto a voces”, se llaman estos asuntos).
Como dije, en el caso de la universidad pública, quizá podía justificarse el "aporte voluntario”; incluso en el caso de los asambleístas, ministros y demás autoridades de alto nivel, la "voluntad” podría ser considerada una obligación de militante. Pero ningún partido puede exigir aportes a los funcionarios, pues eso implica aprovecharse del poder que, en las urnas, el pueblo le ha concedido para encargarse de la administración y conducción del Estado. Y hasta donde sabemos, los empleados públicos trabajan para el Estado, no para el partido de Gobierno.
En ese sentido, los funcionarios (y funcionarias también, obviamente) tienen la obligación –mejor si también la voluntad– de aportar al desarrollo del país y sus instituciones; no la de aportar (contra su voluntad, dejémonos de eufemismos) a las arcas del MAS –ni del MSM, MNR, CN, etcétera–, por temor a perder sus puestos de trabajo.
Un dirigente masista, consultado sobre la supuesta exigencia de aportes a los servidores públicos, gambeteó a la reportera contestando con una pregunta: ¿por qué no decían nada (los periodistas) cuando los gobiernos neoliberales descontaban 15% a los funcionarios para financiar campañas? No recuerdo si la prensa se pronunciaba o no al respecto, como tampoco la cantidad de veces que ya he oído respuestas-reproche de ese tipo. Corriendo el riesgo de malinterpretarlas, me parecen un intento burdo de justificación: ¿si ellos –los malos– lo hacían, por qué nosotros –los buenos– no podemos hacerlo?
Corro, asimismo, el riesgo de contestar: porque ustedes prometieron "cambio” y supongo que no se referían sólo a cambiar la sotana, sino al cura. Creía –por eso les di mi voto– que el "proceso”, pese a no ser rápido, iba a ser radical. Revolucionario, pues; tal como pregonaban e insisten hasta hoy. Es indudable que ciertos cambios demandan mucho tiempo, pero hay otros que sólo dependen de la voluntad de los gobernantes, como eliminar la nefasta costumbre de financiar campañas oficialistas con dinero de los funcionarios. Eso sí sería un aporte, y debería ser, más que voluntario, obligatorio, por coherencia ideológica.
Fuera de ello, no entiendo para qué necesita el MAS recurrir a cobros que, si no ilegales, al menos son abusivos. La campaña oficialista está en marcha desde el día mismo que Evo Morales asumió la Presidencia; toda obra realizada por el Gobierno, gobernaciones y alcaldías controladas por su partido  se publicita hasta el cansancio en la red de medios estatales y paraestatales, como también en espacios públicos, mediante gigantescas vallas en las que siempre se destaca la figura del Mandatario.
Mientras reflexiono lo anterior, me distraigo un momento viendo el documental de History sobre la muerte de John F. Kennedy, e indirectamente, una escena pone el cherry a mi indignación. La cámara enfoca una carretera en construcción –no recuerdo el nombre– y se detiene en un enorme cartel que anuncia la obra: "Aquí se construye la carretera X. ¡Tus impuestos están trabajando!”. Sin foto ni nombre de alguna autoridad texana.
Esa imagen me hizo caer en cuenta de que los impuestos de los bolivianos nunca reciben un reconocimiento semejante. La propaganda televisiva, de prensa y las vallas publicitarias sólo reflejan logros de don Evo, como si él financiara las obras con su dinero, como si nuestros impuestos fuesen un mero "aporte voluntario” a su longeva campaña.

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