Propuesta

Aportes al proyecto de ley de patrimonio cultural

Una ley fundamental se está gestando y es el momento oportuno para enriquecerla y perfeccionarla.
viernes, 6 de diciembre de 2013 · 21:31

Cristina Bubba
 Experta en patrimonio 

"Llama la atención que el patrimonio folklórico y el procedente del culto religioso, reconocidos por la Constitución, además del etnográfico, no son tomados en cuenta”.

El tan esperado proyecto de Ley Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano está siendo socializado por el Ministerio de Culturas y Turismo.

La actual Ley General de Defensa del Patrimonio Cultural data de 1927 y su reglamento, que es muy completo, fue emitido en 1961 mediante el Decreto Supremo 05918.
Desde entonces se han emitido más de 200 leyes y decretos para proteger diferentes categorías de nuestro complejo patrimonio cultural, pero debido a las innovaciones que establece la Constitución Política del Estado se amplía el horizonte y surgen nuevas categorías y posibilidades que rebasan la legislación vigente; por eso urge tener una ley que tome en cuenta estos cambios.
Hasta ahora el proyecto de ley es muy general y resumido, y no logra todavía introducir los avances constitucionales y atender las diferentes demandas existentes. En afán de aportar, menciono a continuación algunos aspectos que entiendo esenciales para esta normativa.
El primero está relacionado con la propiedad del patrimonio. Sobre el patrimonio material o tangible, la Constitución, en el artículo 99 - III, señala que "la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo.
Mientras que sobre el patrimonio inmaterial, en el artículo 100 - I, se lee que "es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. Esta clasificación incluye a las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales.
Así, cada categoría de patrimonio tiene un "dueño” diferente. Al respecto, el proyecto de ley intenta involucrar al Estado en la propiedad del patrimonio arqueológico, paleontológico y
subacuático, estableciendo que éste le pertenece y que esa propiedad es colectiva e incluye a todos los bolivianos.
A su vez, el patrimonio por descubrir, siempre en las categorías mencionadas, sería de exclusiva propiedad del Estado, lo que crea complicaciones y confusión, además de que omite el tema de propiedad del resto de los patrimonios.
Por otro lado, se detallan los conceptos y alcances de la propiedad pública, privada y comunitaria. La privada es específica para el caso de las colecciones privadas y los bienes en poder de la Iglesia Católica, mientras que el proyecto aún no profundiza en la propiedad pública y la comunitaria.
Una omisión que debe subsanarse es la de los derechos de propiedad intelectual tanto individual como colectiva, así como de las formas de transmisión de saberes y conocimientos ancestrales.

Vacíos e imprecisiones
Llama la atención que el patrimonio folklórico y el procedente del culto religioso, reconocidos por la Constitución, además del etnográfico, no son tomados en cuenta; además, los de valor histórico, estético, etnológico, antropológico, del arte y de la ciencia son citados solamente de pasada dentro del patrimonio inmueble, sin ser definidos ni especificados, omisiones que pueden ocasionar problemas a la hora de tomar medidas para su protección y conservación.
Las artesanías y la museología están contempladas como parte del patrimonio material, no obstante, cabe aclarar que la artesanía no es patrimonio porque es actual y si se la protege no podría ser exportada; en todo caso, se debería limitar la declaración como patrimonio sólo a las artesanías sobresalientes y excepcionales y, eso sí, se debería  normar la protección de las técnicas y conocimientos que se requieren para elaborarlas.  
La museología tampoco es patrimonio, pero sí muchos de los objetos que conservan y  custodian los museos.
Otro vacío es la ausencia de especificaciones sobre los lugares sagrados, que están reconocidos en la Constitución y en otras leyes; en su lugar, en el proyecto se protegen los paisajes culturales reconocidos por la Unesco, a pesar de que ningún boliviano establece una asociación directa entre esta categoría y lo sagrado.
Para continuar con las observaciones, el patrimonio documental y bibliográfico está incluido como parte del patrimonio material, pero excluido del mueble, lo que afecta a los bienes comunales y de la administración pública.
El proyecto de ley no establece prohibiciones de exportación de los bienes del patrimonio cultural, lo que ocasionará un incalculable incremento del tráfico ilícito, que ya es alarmante, y no podría cumplirse con lo estipulado en el artículo 36, inciso I, del proyecto de ley, que instruye la repatriación del mismo.
Las prohibiciones de exportación están establecidas en nuestra legislación a partir de 1906, con la Ley para Tiwanaku; luego se mencionan en la Ley del Monumento, de 1927, y en varios artículos de la Constitución de l967.
Otro punto que debe ser analizado es que no están contempladas las competencias sobre los diferentes tipos de patrimonio, entre los niveles central del Estado y los gobiernos autónomos, algo que sí se especifica en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez”.
En muchos casos los gobiernos departamentales y los municipales no saben con precisión hasta dónde llegan sus responsabilidades, lo que ocasiona, por un lado desatención total, o más bien duplicación de esfuerzos y, por consiguiente, problemas potenciales.
Una clara definición de competencias ayudaría a la efectiva conservación y preservación del patrimonio, así como al establecimiento de las responsabilidades del Estado, que debe ejercer control en los diversos niveles autonómicos.

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