Unos inciden en la historia, otros son efímeros

Decreto: entre lo administrativo, lo reglamentario y ¿lo político?

Constitucionalistas, analistas políticos, oficialistas y opositores reflexionan en torno a esta herramienta del Ejecutivo, que en más de una ocasión generó revuelo al ser sancionada.
viernes, 06 de diciembre de 2013 · 21:19

Pablo Peralta
periodista 

 "La regla universal es que los decretos son legislación derivada, porque lo único que deben hacer es reglar, desarrollar, reglamentar las leyes emitidas por el Legislativo”.

Hay decretos que marcaron la historia del país, como el 21060; otros pasan desapercibidos, como los de corte meramente administrativo. También hay aquellos que generan conflictos una vez sancionados, como el que elevó de seis a ocho horas la jornada laboral de los trabajadores de salud  en enero de 2012.

También están aquellos que son bien recibidos por la población, como el decreto de nacionalización de 2006. Y, por otro lado, están los que concitan rechazo y tienen una vida efímera: como el que autorizaba viáticos para las esposas e hijos de los dos primeros mandatarios, que fue finalmente abrogado.  
¿Nos hemos puesto a reflexionar sobre estos instrumentos y su incidencia directa o indirecta en nuestra vida cotidiana? Para no ir más lejos, los incrementos de sueldos  que el Gobierno determina cada 1 de mayo se dan a través de un decreto supremo.
Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar ¿cómo es que una decisión del Presidente y su gabinete puede concitar reacciones de tan variable oscilación: simpatía, por un lado, y animadversión, por el otro?
Partamos primero del hecho de que "los decretos son una potestad del Ejecutivo”, como sostiene el constitucionalista Israel Campero. Pero, ¿cuál es su particularidad? "La regla universal es que los decretos son legislación derivada, porque lo único que deben hacer es reglar, desarrollar, reglamentar las leyes emitidas por el Legislativo”, afirma.  
El constitucionalista Juan Carlos Urenda sostiene que  "esa función se ve poco respetada” en aquellos gobiernos en los que prevalecen el Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, y se excede la competencia  muchas veces del propio Legislativo. "Está la cancha libre para hacer lo que les dé la gana”, afirma.
Una revisión de los decretos supremos que se pusieron en vigencia este año da cuenta de que la mayoría hace referencia a aspectos administrativos: designación de ministros interinos, o distintas autorizaciones de desembolso de recursos.  Son una minoría los decretos que generan revuelo.
Con todo, el 20  de noviembre, el Ejecutivo decretó el segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia”, medida que se cumplirá cada vez que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto supere el 4,5%.  
Esta decisión generó el cuestionamiento del sector empresarial, que luego de intensas negociaciones consiguió que este  beneficio pueda pagarse hasta febrero del próximo año, y también activó un conflicto con los jubilados, que al final fue subsanado con el acuerdo de un incremento de sus rentas.
"El segundo aguinaldo, que es una decisión mediante decreto, es una iniciativa unipersonal del Presidente y de su equipo económico, que no consultó la opinión de los partidos  en el Legislativo; y precisamente por evitar esa consulta es que esta medida de ser un éxito político ha resultado un dolor de cabeza para el Gobierno”, sostiene el analista político Carlos Cordero.   
Ocurrió algo distinto con el decreto del llamado gasolinazo, cuando el Ejecutivo, en 2011, determinó  la  eliminación de la subvención de los carburantes, y "niveló” los precios de los combustibles.  Sin embargo, la medida se anuló frente a la protesta social.
 
El senador de oposición Bernard Gutiérrez sostiene que "todas las decisiones  arbitrarias que asume el presidente Evo Morales son tomadas vía decreto”.
Según el legislador, el oficialismo tiene la suficiente mayoría en el Legislativo como para aprobar las leyes que crea necesarias. "En realidad, no lo hacen porque saben que en el Parlamento la oposición va a plantear un debate serio sobre este tema”, afirma.  
En cambio, en el oficialismo la mirada es radicalmente diferente. "(El decreto) es un instrumento directo, que está a disposición del Ejecutivo y ese instrumento si es bien utilizado y es a favor del pueblo, bienvenido”, afirma el diputado masista Carlos Aparicio.
Sin embargo, Urenda y Campero identifican que hay casos en los que se excede del marco de las competencias del Ejecutivo, y eso es algo que no sólo se ha dado en el actual Gobierno. Una mirada hacia atrás nos muestra que ante la fuerte crisis  de los años 80, el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro emitió el decreto 21060, que cambió la política económica del país e inauguró el llamado neoliberalismo en Bolivia.
Campero sostiene que si se sometiera el 21060 a un control "caería por inconstitucional, porque con esa norma se desconoce la naturaleza jurídica de una Constitución de corte social, donde en parámetros generales se garantizaba entre otras cosas los derechos laborales”.  Este especialista sostiene que "la teoría general del derecho nos exige por regla general  que la creación , modificación  o extinción de derechos, a través de una norma, única y exclusivamente debe darse vía ley”.

Con todo, el analista político Fabrizio Mariaca sostiene que los malos usos de esta herramienta atentan contra la institucionalidad. "Esta pérdida de institucionalidad va a tener  necesariamente repercusiones en el mediano y largo plazo. Pensemos  lo que va a costar recobrar la institucionalidad al mismo MAS o a un siguiente gobierno”, afirma.

Cinco decretos

 decreto 28701
Nacionalización  El 1 de mayo de 2006 se  emitió el decreto 28701, que  nacionalizó los  hidrocarburos  y determinó   que el Estado recupere la propiedad, la posesión y el control total de esos recursos. "Que en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país”, señala.
  decreto 748
Gasolinazo  El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno decretó la eliminación de la subvención a los carburantes, y determinó la "nivelación” de los precios de los combustibles, que subieron en más del 70%. Se justificó la medida  "para que ese dinero de la subvención quede en beneficio de los bolivianos” y no se vaya al contrabando. Sin embargo, se anuló  la medida tras las protestas sociales.
 decreto 1126
Sistema de salud  El 24 de enero de 2012, el Gobierno decretó el restablecimiento en el sistema de salud de la jornada laboral a tiempo completo de ocho horas diarias. No obstante, frente a las protestas de los médicos, el 16 de mayo, el Ejecutivo     suspendió la aplicación de esa norma  en tanto se realice la Cumbre Nacional de la Revolución de Salud, en la que se debía analizar el asunto.

DECRETO 1525
De viáticos a familiares  El 13 de marzo, el Ejecutivo autorizó  la dotación de viáticos para las esposas del Presidente y Vicepresidente, y sus respectivos hijos, cada vez que acompañen a esas autoridades en misión oficial. Un mes después, ante el revuelo en la opinión pública, el Gobierno lo abrogó. "Espero que a partir de este momento no estén insultando ni amedrentando a mi familia”, dijo Evo Morales.
 
DECRETO 1802
Doble aguinaldo El 20 de noviembre, el Ejecutivo decretó el segundo aguinaldo, llamado "Esfuerzo por Bolivia”, para los trabajadores del sector público y privado. El  pago se realizará cada vez que el crecimiento del Producto Interno Bruto se ubique  por encima del 4,5%. Los empresarios cuestionaron la medida y lograron que el pago se pueda realizar hasta febrero de 2014.

Confidencial

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