El sobaco de la víbora

Discriminación y constancia

viernes, 3 de enero de 2014 · 22:30
Machi Mirón
No dejó de sorprender la declaración del ministro de Defensa que asegura que los institutos militares no recibirán a miembros del colectivo Trans, Lésbico, Gay y Bisexual, TLGB, pues la Constitución señala que para hacer el servicio militar obligatorio el ciudadano debe ser varón o mujer, no existe otra opción. ¡Uh carah!   
Lo primero que pensé es que si tal afirmación llegaba de un líder de la oposición, el Gobierno le hubiera seguido un juicio exigiendo 30 años de cárcel por discriminación. Lo otro es una interrogante, ¿cuál es la condición ciudadana de un gay o una lesbiana si –como asegura el ministro– la Carta Magna no los considera ni varón ni mujer?                                             
De acuerdo a la ley para obtener un título profesional o un pasaporte lo primero que se le exige al ciudadano es la libreta del servicio militar. ¿Eso significa que, al no poder obtener esa libreta quien tenga una orientación sexual distinta jamás podrá concretar sus derechos civiles básicos, pues para la Constitución ellos no son ni varón ni mujer?                     
En instituciones militares, quien lleve un apellido indígena jamás podría soñar con culminar su carrera como oficial, pues sus "superiores” se encargarán que tal cosa no suceda, ¿qué pasaría si un cadetito declarara su condición de gay? Lo menos que le harían sería enviarlo a la Escuela de Sanandita, a ver si allí muere como un macho.               
Y no es que sus orientaciones sexuales diferentes los inhabiliten para el desempeño como militares, de hecho es sabido que el militar más grande de la historia, Alejandro el Magno, era por lo menos bisexual. Hubo otros gloriosos oficiales cuya inclinación sexual fue bastante discutible.  
Lo que me deja más desorientado que patada de bolivarista es que –conociendo las normas no escritas que rigen en un cuartel– alguien hubiera sugerido la posibilidad de que un instituto militar pudiera aceptar entre sus efectivos a quien declarara su condición gay, algo que no sucedería en ningún país de la región.
En ese punto recordé que hace algunos años un adolescente, alumno del colegio Bolivia de La Paz, tuvo el valor de declarar su condición gay, por lo que los padres de familia del colegio se movilizaron para exigir su expulsión inmediata, algo que no sé si se concretó. Espero que este joven hubiera podido egresar como bachiller.                                              

La diferencia es que, en ese caso, ningún ministro intentó justificar la repudiable petición de esos padres, aduciendo que la Constitución contempla educación gratuita sólo para varones y mujeres. Parece que la Ley contra la Discriminación no logró eliminar esta repulsiva postura humana. Al contrario, la llevó a niveles gubernamentales.

¿Cuál es la condición ciudadana de un gay o una lesbiana si –como asegura el ministro– la Carta Magna no los considera ni varón ni mujer?

 

 


   

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