Debate

¿Medios o empresas?

Según la autora, hace rato que los medios de comunicación se comportan como empresas de información.
jueves, 16 de octubre de 2014 · 23:16
Verónica Rocha

comunicadora social

El comunicado estaba precedido por la manifestación de "respaldo a acciones en defensa de la mujer”.

No habían transcurrido ni 24 horas de la promulgación del Decreto Supremo 2145 que facilita recursos y reglamenta la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cuando nos topamos, la mañana del pasado miércoles, con el comunicado de la Asociación Nacional de Prensa (ANP) que "denuncia asfixia financiera a los medios camuflados en nobles propósitos”. Eso sí, el comunicado estaba precedido por la manifestación de que la ANP "respalda acciones en defensa de la mujer”.
¿Asfixia financiera camuflada? Veamos. En su comunicado la ANP denuncia que el artículo 19 del DS 2145 obliga a los medios de comunicación a difundir mensajes gratuitos. Ello es cierto. ¿Mensajes sobre o para qué?, "para prevenir y erradicar hechos de violencia contra las mujeres”, señala textualmente el decreto. ¿Y de qué nivel de "asfixia” estaríamos hablando en el caso de este artículo? Se trata de una "asfixia” de 10 minutos mensuales para canales de televisión, 20 minutos mensuales para radioemisoras, una página mensual para periódicos y un espacio mensual en medios digitales. "Asfixia” que no es menor.
Pero hay más. En el mismo comunicado la ANP denuncia la "agresión económica expresada en siete leyes y sus reglamentos”, ya que estos documentos les obligan a "prestar un servicio gratuito” y señala siete leyes: la de racismo, trata y tráfico, seguridad ciudadana, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, violencia contra las mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
En un intento por acercarme a mirar el nivel de asfixia financiera o de agresión económica que estamos ejerciendo quienes apoyamos estas leyes en contra de las empresas de información aglutinadas en la ANP, me puse a hacer matemáticas simples.
El primer dato arrojado fue que una de las siete leyes "denunciadas” no establece ninguna obligación a medios de comunicación, ni en el texto de la ley, ni en su reglamento. Así es, la ley general de las personas adultas mayores no obliga a ningún medio a emitir mensajes a favor de este sector. Dos cosas, los legisladores tienen que atender que no existan estas omisiones y quienes componen la ANP tienen que revisar con más atención la normativa vigente para andar denunciándola.
El segundo dato me hizo notar que la "asfixia financiera” aplicada por el Estado a las empresas de información (cuando se trata de difundir mensajes contra el racismo, la trata y tráfico, la inseguridad ciudadana, el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, la violencia contra las mujeres, la discriminación a personas con discapacidad) sumada asciende a: 80 minutos por mes para los canales de televisión, 160 minutos por mes para las radioemisoras, alrededor de ocho páginas al mes para periódicos y alrededor de seis espacios por mes para medios digitales.
Finalmente, un tercer dato me hizo dar cuenta de que esas cantidades, en términos porcentuales, implican por mes (usé el mes de febrero para no asfixiarlos más) que un canal de televisión que transmite 24 horas debe dedicar el 0,19% de su programación o publicidad mensual para estos mensajes, las radioemisoras un 3,96% de su espacio mensual y los medios impresos (usé como parámetro un modesto diario de 20 páginas) un 1,3% de su espacio también mensual. Qué tal.
¿Asfixia financiera camuflada? Yo diría más bien, denominaciones camufladas, hace rato que los medios de comunicación se comportan como empresas de información. ¿Y el Estado? El Estado, a través del Ministerio de Comunicación, debe –cuando menos- triplicar estas cifras para dar el ejemplo. Y ese tiempo con esos contenidos para la sociedad, no otros que ofenden nuestra inteligencia y enredan la ley, como los que vimos en tiempos de silencio electoral.

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