Reportaje

El peligro de ser niña y adolescente en La Paz

Las niñas y adolescentes forman parte de un sector poblacional que está en situación de riesgo: cada semana, al menos tres de ellas sufren un ataque sexual. No sólo eso, este grupo es el más agredido y el más abandonado.
viernes, 8 de agosto de 2014 · 00:10
Helen Álvarez Virreira

Periodista

"El 90% del riesgo de violación está entre las cuatro paredes del hogar, donde acechan padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos. Cualquier pariente de sexo masculino, o también los amigos de la familia, puede ser un potencial agresor sexual”.

 Ser niña y adolescente mujer en la ciudad de La Paz es un peligro: cada semana al menos tres sufren un ataque sexual. El 90% del riesgo de violación está entre las cuatro paredes del hogar, donde acechan padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos. Cualquier pariente de sexo masculino, o también los amigos de la familia, puede ser un potencial agresor sexual.
Esta última afirmación puede resultar chocante y con seguridad injusta para muchísimos varones, pero deriva de los registros de cuatro instituciones que atienden los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes: Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría. Los casos en los que una mujer protagoniza la agresión son muy raros, según indicaron.
La edad de mayor peligro para las niñas y adolescentes mujeres está entre los seis y los 16 años, aunque en el ámbito educativo las adolescentes están expuestas hasta el último curso. Sin embargo, Fresia Saravia, trabajadora social de la sala Pediatría General del Hospital del Niño, observó en los últimos dos años algo que no había visto en sus 15 años de trabajo en ese nosocomio: la violación a niñas muy pequeñas que terminaron con lesiones gravísimas. El año 2013 hubo dos casos, el de una niña de un año y dos meses, y el de una bebé de siete meses, y el año 2014 un caso, el de una niña de tres años.
El director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Marcelo Claros, informó que en el primer cuatrimestre de 2014 se registraron 2.300 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
De ese total, entre el 4% y 5% (unas 115 denuncias) corresponde a delitos de orden sexual: violación, estupro y abuso deshonesto, pero la violación representa más del 50% de los casos.
En más del 90% de éstos las víctimas fueron niñas y adolescentes, es decir que cada mes entre enero y abril de este año fue destruida la vida de al menos 13 mujeres menores de 18 años.
Desde que en 2012 entraron en vigencia  los decretos supremos 1302 y 1320, que disponen que el Ministerio de Educación y las direcciones departamentales de educación tienen la obligación de denunciar y ser parte en los procesos penales por delitos sexuales, la Dirección Departamental de La Paz lleva adelante 38 casos tanto en provincias como en la capital.
El director Basilio Pérez indicó que los principales obstáculos que tienen son los directores distritales y los fiscales que no actúan rápido, y dejan escapar a los violadores.
Las "conciliaciones” en el área rural también son otro problema, porque las familias desisten y así se les "desarman” los juicios. Una ventaja es que pueden coordinar entre direcciones departamentales y distritales, esto les permitió ubicar en planillas a dos agresores sexuales prófugos: uno estaba en Arcopongo y el otro en una comunidad de Beni.

Problemas en atención médica
Por lo general, debido a la brutalidad del ataque, sumada a la fragilidad de los cuerpos infantiles y a la desproporción con el de los adultos, son necesarias las intervenciones quirúrgicas. Antes debe realizarse el examen forense, pero hasta que llegue el médico pueden transcurrir varias horas, ya que no acuden sin orden de la Fiscalía y en esta instancia deben recibir primero la denuncia de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.
Esa demora, atribuida a la burocracia, podría evitarse si se aplicara el protocolo que emitió en 2010 el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, en coordinación con Salud, para la atención de la violencia sexual.
Es decir que el personal médico esté capacitado para la recolección de pruebas que permitan castigar al agresor, y que un familiar esté  presente durante el examen; que cuenten con una autorización escrita y firmada por la madre, padre o tutor, y que realicen un informe adecuado.
Sin embargo, a pesar de que la vida de las niñas podría estar en riesgo y del dolor que sufren -algunas deben ser sedadas para que soporten la espera y luego el examen-, el personal médico no actúa hasta que llegue el forense, porque temen que los acusen de negligencia médica, según indicó Saravia.
Incumplimiento de la normativa
Lo que ocurre en el ámbito de la salud se observa también en el educativo y esto pone en evidencia que no tiene prioridad "el interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.
Esta preeminencia que se incumple fue establecida en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y en toda la normativa destinada a proteger a la niñez y la adolescencia: Código del Niño, Niña y Adolescente, Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres, Ley 263 contra la trata y tráfico de personas, Ley 054 de protección legal de niñas, niños y adolescentes y la Ley 1063 de la educación.
Pasa lo mismo con la aplicación del artículo 10 de la Ley 073 de deslinde jurisdiccional que establece los límites entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originario campesina.
Esta disposición indica que "los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio” deben tratarse en el ámbito penal.
Sin embargo, en algunas comunidades hasta están expulsando a las madres con las niñas que han sufrido violación, por haber denunciado el hecho a la justicia ordinaria, según informó una fiscal que prefiere guardar su nombre en reserva.
Las regiones donde hay más resistencia, e incluso retroceso, de parte de las autoridades originarias están en el occidente, en el trópico y en zonas fronterizas, según la directora general de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional, Ana Clavijo.
Aclaró, sin embargo, que los arreglos propiciados en el área rural, que incluyen "resarcimiento” a la familia de la víctima de la violación y aporte a la comunidad, no son recientes; lo que rescata es que ahora al menos en estas zonas ya reconocen que hay violencia contra la niñez y la adolescencia.

La justicia, un problema
Una coincidencia entre todas las personas entrevistadas es que la justicia no responde de manera adecuada y oportuna para sancionar a los agresores, por diferentes motivos: indiferencia, insensibilidad, falta de personal, de recursos, burocracia, corrupción, entre otros.
La Paz cuenta con dos juzgados de la niñez que reciben también los casos de los Yungas, y El Alto tiene uno, donde se encargan de las denuncias de las provincias del altiplano. El abogado del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Leónidas Soria,  considera que la saturación se debe a que son multidisciplinarios, ya  que atienden casos en materia penal, familiar y laboral, además de las  adopciones.
Por otro lado, en el caso de la Policía, no hay claridad sobre si la atención le corresponde a la FELCV o a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Un caso que puso en evidencia la descoordinación sucedió en mayo, cuando una niña y un niño, ambos hermanos, sufrieron una violación. A la niña la derivaron a la FELCV y al niño a la FELCC. Esto en sí mismo, según Clavijo, es una vulneración de sus  derechos.

Los tres grupos que sufren carga adicional de violencia

Las adolescentes embarazadas, las trabajadoras del hogar y las niñas indígenas son los grupos que sufren una carga adicional de violencia, por su misma situación. En las primeras, el embarazo suele ser el resultado de una violación, pero además deben soportar el estigma social que las responsabiliza de su situación. Esto hace que incluso les priven del derecho de estudiar, lo cual es inadmisible, indicó  Lidia Rodríguez, responsable de la Unidad de Derechos Humanos de la Infancia, Niña, Niño y Adolescente de la Defensoría del Pueblo.
En las áreas rurales son utilizadas incluso por algunos dirigentes para obtener ventajas, o quieren aplicar la justicia comunitaria sobre ellas para ocultar al violador, según Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo. En los servicios de salud también sufren discriminación, como indicó una madre adolescente a la que, por lo general, la hacen esperar más que al resto.
Las trabajadoras del hogar niñas y adolescentes no sólo sufren explotación laboral y violencia física y psicológica, sino que también son maltratadas en el Ministerio de Trabajo cuando quieren denunciar a sus empleadores, porque les piden pruebas que ellas no tienen. Yola Mamani es radialista y vivió esa experiencia. "Cuando eres niña te golpean, no te puedes defender, sólo lloras; te jalan del pelo, te pellizcan, te empujan; eso hacía mi empleadora”. Además a muchas no las dejan estudiar.
Algunas tareas que las niñas indígenas deben realizar en el campo, como el pastoreo, también las expone al riesgo de violación. Una joven emigrante fue violada por su hermano mayor entre los ocho y los 14 años, hasta que decidió dejar su casa. Calló hasta los 18 años, pero su familia se puso del lado del violador. A sus siete años, Mamani y su prima de 11 fueron testigos de una violación; si bien no entendían lo que ocurría, respondieron al pedido de auxilio de la adolescente y le lanzaron piedras al agresor, y cuando lo distrajeron escaparon corriendo.

Adolescentes y niñas,    más agredidas  y abandonadas

"Es la mujer niña y adolescente la que es más maltratada y violentada en el municipio de La Paz”, según  Marcelo Claros, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Para la representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, "este tema no sólo debería alarmar, sino se le debe poner solución”.
En las 40 tipologías de violencia que maneja la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que también incluye las tres relacionadas con delitos sexuales, las niñas y adolescentes son las principales víctimas en un 60%. El Hospital del Niño,  entre enero y junio de 2014, atendió 60 casos de maltrato físico, de los cuales 39 eran sobre niñas y adolescentes.
De acuerdo con los datos del nosocomio, la cantidad de niños y niñas que sufren maltrato es similar cuando tienen entre 1 y 4 años, pero cuando tienen entre 0 y 1 año, entre 5 y 10 años y entre 11 y 14 años, el porcentaje de mujeres agredidas sube a entre 70% y 80% con respecto a los varones.
También las niñas y adolescentes son las más abandonadas. El albergue municipal recibe "a la semana unos ocho bebés, de los cuales cinco o seis son mujeres”, indica Claros. En el primer cuatrimestre, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) realizó 18 trámites de inexistencia de filiación, de ese total 11 eran niñas de hasta año y medio de edad sin ningún familiar.
El jefe de la Unidad Jurídica del Sedeges, Leónidas Soria, recibió además unas 12 solicitudes el año 2013 y tres hasta mayo de 2014 de padres que querían dejar a sus hijas adolescentes en los hogares de acogida de la Gobernación de La Paz. Pero nunca se le presentó algún pedido similar en el caso de varones adolescentes.
El argumento de los padres suele ser que las adolescentes tienen un comportamiento inadecuado en la familia, porque les gusta salir, estar con sus amigos, por ejemplo. Pero en definitiva lo que quieren es que sus hijas "cumplan su rol de mujeres y ellos no cumplir su rol de papás”, sostiene Soria.
Para Guarachi, ésta "es una cadena muy peligrosa” que puede ser replicada por las adolescentes en su edad adulta. Además, puede desencadenar en huida. De hecho, entre enero y marzo, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia recibió 61 denuncias de abandono de hogar.
El ámbito educativo también es de mucha violencia para las niñas y adolescentes, tanto física, psicológica como sexual, según Lidia Rodríguez, responsable de la Unidad de Derechos Humanos de la Infancia, Niña, Niño y Adolescente de la Defensoría del Pueblo.
La psicológica es más difícil de determinar, pero según Karen Flores, directora de Voces Vitales, en un estudio determinaron que siete de cada 10 adolescentes fueron objeto de burla por parte de sus profesores; de ese total el 40% son mujeres, es decir alrededor de tres. "Pero a las chicas les afecta con mayor intensidad, porque hacen referencia directa a su cuerpo, a su sexualidad, a su sexo o a su género; es más doloroso para ellas”.

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