La mala hora del Fondo Indígena

Nació a fines de 2005, resultado de una lucha de los pueblos originarios y también de una decisión política, pero su nacimiento no trascendió entonces en los medios. En la actualidad, es portada en los diarios por presuntas irregularidades. Especialistas y actores sociales responden: ¿Qué es lo que falló?
viernes, 27 de febrero de 2015 · 19:41
Pablo Peralta
Miranda

Periodista

El 22 de diciembre de 2005, cuatro días después del triunfo de Evo Morales, el  gobierno del entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé aprobó el decreto que creó el Fondo Indígena, pero la medida no trascendió en los medios escritos. No hubo noticias sobre el tema.

Diez años después, en cambio, las noticias sobre el Fondo  acaparan las portadas, son motivo de comentarios y análisis. Todo por supuestos hechos de corrupción.
Si bien ya  existieron  denuncias sobre presuntos actos irregulares en este Fondo desde 2013, la polémica emergió con más fuerza hace unos días, cuando la Contraloría informó de un daño económico de 71 millones de bolivianos en proyectos "fantasma” e inconclusos.
Una de las beneficiarias de los proyectos observados es la candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca.
De ahí en más se escucharon reacciones tanto del oficialismo como de la oposición, como la que expresó el presidente Evo Morales el 20 de febrero: "duele mucho, pero tengo que decirles, vamos a intervenir (el Fondo Indígena), caiga quien caiga”.  El miércoles, el Gobierno posesionó a Larisa Fuentes como interventora de esa institución.

Lucha y decisión política
La norma que dio nacimiento al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas  establece dos aspectos importantes que ayudan a conocer sus orígenes: 1) fue el resultado un acuerdo entre el Ejecutivo de entonces y organizaciones de pueblos indígenas y campesinos; 2) ya había normativa y directrices legales que mandaban a destinar recursos de los hidrocarburos a favor de este sector (por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos).
Lorenzo Soliz, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), explica que el Fondo es el resultado de una demanda histórica del pueblo guaraní, a la que luego se plegaron otros sectores. Recuerda que, al principio, ellos pedían "un resarcimiento a la extracción ya centenaria de los recursos naturales del territorio guaraní, dado que nunca han recibido algo significativo”. 
De esta forma, cuando el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé  estampó su firma en el decreto 28571, que instauró el denominado Fondo Indígena, se señala expresamente como objetivo, que los  recursos que administra la entidad están destinados a  "financiar proyectos de desarrollo productivo y social”, que beneficien a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas.

¿La institucionalidad?
Tras la elección de Morales, en 2005, Rodríguez Veltzé inició un proceso de transición para entregar el Gobierno al líder de origen indígena. La creación del Fondo y su futuro no fueron objeto de conversaciones en las reuniones que sostuvieron los equipos del gobierno saliente y del entrante.
Así lo testifica Jorge Lazarte, quien fue delegado presidencial de Rodríguez Veltzé. Él recuerda que las conversaciones se centraron  en  otras cuestiones, desde la coca hasta la demanda marítima.
"Habían otros temas en ese entonces, sobre los cuales hablamos varias veces en Palacio, incluyendo el tema marítimo, pero sobre todo el de la coca; pero este tema no lo tocamos con Evo Morales en ninguna de las reuniones”, comenta Lazarte.
Pese a que el Fondo se creó a fines de 2005, no fue hasta el 2009 que comenzó a operar. Sin embargo, después de la puesta en marcha no se dio el siguiente paso: la construcción de "institucionalidad”. Así coinciden los especialistas consultados.
"Yo creo que ahí estuvo  la falla: no haber logrado construir una institucionalidad”, afirma Lorenzo Soliz.  "Creo que el descuido ha sido no establecer controles a los mismos que controlaban”, sostiene Lazarte.
Éste último además expresa que "cuando hay recursos públicos, el Estado debe tener sus propios mecanismos de control, aunque esos recursos se entreguen a la población”.
 
Los medios, los antecedentes
Un factor importante en esta materia hace referencia al tema del rol de los medios en la fiscalización de la cosa pública, y también a su contribución en la puesta en  agenda de este tipo de temas. 
A fines de 2013, Página Siete publicó una serie de reportajes sobre presuntas irregularidades en este ámbito.  Los artículos titulaban: "Fondo Indígena: más de Bs 8 millones en ‘obras fantasma’”, publicado el 11 de noviembre, y "Sólo uno de los 894 proyectos del Fondo Indígena concluyó”, divulgado el 9 de diciembre. Los reportajes motivaron el enojo del oficialismo, al punto que un dirigente de los Ponchos Rojos amenazó a la autora, la periodista Claudia Soruco, y al propio diario.
Más allá de aquello, también hubo pedidos de auditorías y hasta informes que versaron sobre la materia. Sobre lo primero, Soliz sostiene que hace más de dos años sectores sociales pidieron que se efectúe auditorías al fondo, demanda que no fue escuchada por el Estado.
"Si se hubieran escuchado los pedidos de realizar una auditoría hace casi dos años, quizás no hubiéramos llegado a esta situación. Yo digo: el Estado escucha muy poco a las organizaciones de la sociedad civil. Si hubiera escuchado hace dos años, otra hubiera sido la historia”, afirma Soliz.
Sobre lo segundo,  la Fundación Jubileo publicó un estudio en agosto de 2011 (Reporte de coyuntura N°15), en el que se detecta  problemas en lo referido a la institucionalización y a la gestión en el Fondo. Además, en el documento se menciona una advertencia que hoy suena premonitoria.
"Los gobiernos municipales, desde la Ley de Participación Popular, arrastran dificultades en la ejecución de proyectos y manejo de recursos. Se espera que esta situación no se repita para el caso de este Fondo, considerando la poca experiencia de las organizaciones ejecutoras y beneficiarias en el manejo de recursos y gestión de proyectos”, dice el informe.

¿Eliminarlo o restructurarlo?
"El Fondo es una conquista, nunca va a desaparecer”, sostiene Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, una organización que tiene representantes en el directorio del Fondo Indígena.
 "Creo que desaparecer la entidad y los aportes  sería muy radical. Lo primero que hay que hacer es averiguar quiénes se robaron la plata y recuperarla”, afirma el diputado opositor Amilcar Barral.
 La mayoría de los consultados sostiene que el Fondo no debe desaparecer. Al contrario, afirman que se debe proceder a su restructuración, pero lo que debe primar  es la necesidad de "institucionalización”.
"Para el futuro es importante institucionalizar; prever mecanismos pre-activos que eviten estos actos y no surja la acción estatal cuando ya ha ocurrido. Ahora estamos en eso, ocurrió la desgracia, habrá que ver qué pasó. Debemos  lograr que no ocurra eso”, afirma Soliz.
¿Pero cuáles pueden ser los criterios para lograr el objetivo planteado? Este especialista   lo explica:    personal cualificado, profesionales especializados en diferentes áreas; una estructura en la que deben estar separados no sólo los roles, sino los  actores; vigilancia en  el ciclo de proyectos:  desde la idea, la elaboración de proyecto, el financiamiento, el  seguimiento, la ejecución y la finalización  del proyecto, entre otros detalles.   
Mientras que Lazarte afirma que el propio Estado  debe "garantizar el manejo de sus propios recursos. No importa a quienes se entregue, y aquí hubo un defecto de diseño”.

La noticia que no fue noticia
En 2005, la noticia de la creación del Fondo Indígena pasó desapercibida. Sin embargo, las expectivas sobre lo que sería su funcionamiento eran muy altas, especialmente para los pueblos y organizaciones indígenas, que la consideraron un resultado de sus luchas.
Poco o nada se vio como resultado en todos estos años. Excepto las pugnas entre organizaciones sociales indígenas y campesinas de Oriente  y Occidente, y entre las dirigencias, las acciones de esta entidad pasaron desapercibidas.

De forma paradójica, ahora el tema está en la palestra mediática y en pleno proceso electoral subnacional. El final, por ahora, es abierto.

Punto de vista
lorenzo soliz
 Director del CIPCA
 Hay que tener una mirada amplia
Se habla de 71 millones que han sido malversados. Se habla de otros 600...  En fin, son números  que van dando vueltas, pero no se habla del resto del dinero. Este fondo está destinado, según la norma al  apoyo productivo y apoyo social organizativo.
Habrá que analizar de forma amplia, no sólo hechos posibles de corrupción, sino también el posible beneficio que hubieran dado a los pueblos indígenas y  comunidades campesinas, más allá de las motivaciones políticas, porque ahora  estamos al calor del pleno proceso electoral. 
Se está concentrando la atención en los  71 millones. Obviamente se debe  sancionar a quien corresponda, pero se debe ver más allá, de qué ha servido. Seguro hay ejemplos emblemáticos y quizás también otros proyectos

 jorge lazarte  
Exdelegado presidencial  
 Tiene que ver con  un mal diseño
 Yo creo que es un mal diseño. Muy político. Es decir, la idea de que los recursos deben ser manejados por las organizaciones sociales, porque se supone que son más honestas que los partidos,  fue un espejismo. La creencia de que cuanto más pobres, más inocentes son.
 Y el problema no funciona de ese modo. Creo que el descuido  ha sido no establecer controles a quienes controlaban. La idealización de que los sectores  indígenas van a manejar bien los recursos porque hay control social, es errada.  
Cuando hay recursos públicos, el Estado debe tener sus propios mecanismos de control, aunque esos recursos se entreguen a la población.  El Estado necesita, él mismo, garantizar el manejo de sus propios recursos. No importa a quiénes se dé los recursos.

 rodolfo machaca   
Dirigente de la CSUTCB
El Fondo es
 una conquista
El Fondo Indígena nunca va a desaparecer, porque es conquista de los pueblos indígenas. El presidente Evo Morales ha sido claro en ese sentido:  hay que optimizar y hay que mejorar el Fondo Indígena.
A nosotros nos parece bien esta  medida de la intervención, porque a veces nuestros técnicos pueden manejar con deficiencias las cosas, pero eso hay que mejorar.
Para nosotros es importante esta intervención para que pueda dar un toque especial a la medida de los pueblos indígenas. Pero la institución, como Fondo Indígena, siempre va a ser una conquista del Pacto de Unidad,  además es un merecimiento para seguir apoyando a las comunidades del Pacto de Unidad.

 Amilcar Barral 
Diputado opositor
Eliminar el aporte sería algo radical 
Creo que eliminar los aportes que hay para indígenas y campesinos, para que tengan una mejor vida, sería muy radical. Lo primero que se debe hacer es averiguar quiénes han robado esa plata, y el primer paso que ha dado el Gobierno ha sido el peor.
Que la ministra (Achacollo) designe a su investigadora es como poner a un alcohólico encargado de una licorería. No están dando señales de que quieran averiguar quiénes tienen esa plata. Puedes eliminarlo, puedes ponerle otro nombre, pero no puede quedarse esto en la nebulosa de no saber quiénes han sido los que se han robado esa plata. Yo sugiero que se congelen las cuentas hasta  averiguar quiénes se han llevado esa plata, pero mientras tanto se dilucide quiénes se han llevado la plata, que no se ejecute nada.

 

 

 

 

 

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