Sin independencia no hay justicia

Entrevista a Luis Pasara, experto en justicia en América Latina, quien da luces sobre una eventual reforma de la justicia
viernes, 17 de abril de 2015 · 19:08
José Zepeda
Varas
periodista de
Radio Media
Naranja, de

Holanda

La Constitución boliviana de 2009 estableció un sistema singular: la elección de las autoridades judiciales por voto popular. Por tratarse de un modelo único en el mundo y contribuir al estudio de los procesos de selección judicial y de aportar sugerencias concretas para las autoridades bolivianas, la Fundación para el Debido Proceso y la Fundación Construir realizó un estudio de la experiencia de elección de autoridades judiciales del 2011 y sus impactos en el sistema de justicia.

La investigación y redacción del informe estuvo a cargo de Luis Pásara, experto en temas de justicia en América Latina y senior fellow de la Fundación para el Debido Proceso.
P. Al parecer hay unanimidad en calificar la situación crítica de la justicia, incluso por parte del Gobierno.
R. Así es. Dos o tres entrevistados sostuvieron que era muy pronto para hacer un balance de lo que se había logrado y lo que no se había conseguido con la elección popular de las autoridades judiciales. Pero existe un amplio consenso, tanto del Gobierno como de voces críticas de la oposición en que esto no ha funcionado. Y me parece que hay algunas evidencias que confirman la apreciación.
P. Precisamente hacia eso iba. Entremos en detalle. La independencia del Poder Judicial.
R. Hay evidencias contradictorias. Esto no era materia del informe y no se tuvo que profundizar en ello, pero hay grupos de trabajo que han estudiado la situación en detalle; por ejemplo el Observatorio de Derechos Humanos que percibe que el Gobierno ha utilizado el aparato de justicia como un elemento de persecución política. Por allí aparecen más o menos evidencias que llevarían a cuestionar si el Poder Judicial ha logrado cierto nivel de independencia. En todo caso, las concordancias con las personas con las que hablé en Bolivia y los documentos que he tenido a mano no indican una mejora en la independencia.
Como sabemos, el caso de Bolivia es particularmente serio en América Latina porque, a lo largo de su historia, el Poder Judicial no se ha caracterizado por ser  independiente. No ha habido un cambio sustancial. No obstante, como usted pudo ver en el informe, hay algunas resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que muestran cierto nivel apreciable de independencia.
Es curioso que, al mismo tiempo, el mayor cuestionamiento de los incidentes que ha habido en los últimos meses se haya producido entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. No sé si estos gestos, estas decisiones que exhiben independencia, han sido o no del agrado del Gobierno. El hecho es que la Asamblea Legislativa ha destituido a dos magistradas del Tribunal Constitucional y ha puesto en el limbo a un tercero. No sé si podemos relacionar lo uno con lo otro, pero es la realidad.
P. Respecto de la elección por voto popular de los jueces, ¿son también contradictorias las opiniones?
R. No. Creo que ahí el consenso es más amplio. Me parece que el interés del informe -es importante remarcarlo- va para un público más allá de Bolivia, cuando con frecuencia se confirma lo que sabemos de nuestros países y es que el Poder Judicial tiene un rendimiento muy poco satisfactorio, es poco independiente, es ineficiente, etc. y se cuestiona a los jueces; entonces se dice: "¿y por qué no los elegimos?”. Surge como un reclamo, como una propuesta.
En el caso de Bolivia es el único país, no solo de América Latina sino del mundo, en el cual se ha elegido a las más altas autoridades judiciales de esta manera, y, muestra que tampoco la elección es el mejor camino, incluso puede dar resultados muy frustrantes. Hay que subrayar que la elección no se hizo de una manera abierta, plural, de tal modo que se pudiera reclutar a los mejores candidatos. En realidad el proceso eleccionario estuvo orientado a un control político de parte del grupo mayoritario en el poder, el del MAS que lidera Evo Morales. De modo que se impuso un límite estrecho a la posibilidad de elección.  Pero tal como se hizo, hay unanimidad en decir que la elección ha sido un fracaso.
P. Y a lo mejor allí, me da la impresión, está una de las claves de la crisis de la justicia boliviana. Es decir, no son los más aptos lo que ocupan los cargos en el sistema judicial.
R. No seamos ingenuos, cualquier sistema que se vote tiene sesgo político. En realidad, ya no hay nada que se nos pueda ocurrir porque todos los sistemas han sido inventados y probados en diferentes partes. La elección de magistrados opera como una suerte de imán que atrae al poder político como elemento que trata de intervenir o de determinar el proceso. Eso es inevitable.
Lo que hay que garantizar realistamente es que el modo de elección, por el cual se opte, no rebaje la influencia de los ingredientes políticos pero si los armonice con sistemas relativamente objetivos de calificación. Y, en consecuencia, se pueda lograr que quienes son así elegidos tengan un mínimo de calidad profesional y técnica para desempeñar el cargo. Esto es lo que en caso boliviano no se ha garantizado. Ha predominado el sesgo político por encima de la consideración de las calidades profesionales.
P. Tan grave es la situación en Bolivia que el mismo Presidente del Estado Plurinacional, el señor Evo Morales, ha convocado a una cumbre de justicia para este año. En un intento de síntesis, ¿cuáles son a su juicio los principales asuntos que deberían debatirse en un encuentro de esta naturaleza?
R. Respecto a los nombramientos, que es el tema del cual pude ocuparme a través de este trabajo, creo que hay que reconsiderar el asunto. Hay que definir el punto de partida. En ese sentido, el sector mayoritario que es el del MAS  tiene que esclarecer qué es lo que busca con la elección de jueces. Eso me parece un punto fundamental y desde allí se puede recurrir a diversas fórmulas que tiendan a buscar las mejores calidades posibles de entre  los candidatos y nombrarlos de una manera tal que gocen de independencia, que no le deban el puesto a nadie.
Lo que se ha hecho hasta ahora, desgraciadamente, no sólo es cuestionar –digo, el Gobierno- a los elegidos, sino amenazar con que en cualquier momento los van a echar del cargo y esto me parece muy negativo.  Ud. no puede sentarse a jugar con determinadas reglas y como no le gusta el desarrollo del juego, decide que va a cambiar las reglas. A partir de más o menos abril del año pasado el presidente Morales ha empezado a hacer cargos muy duros y a lanzar amenazas contra los actuales magistrados, los que fueron elegidos con el sistema de elección popular que diseñó el mismo Gobierno. Me parece que hay que establecer reglas claras, que se mantengan y respeten, lo que puede darnos como resultado jueces que confíen en que la manera en que ejerzan el cargo no va a traer consecuencias en su carrera profesional. Es muy importante para la independencia.

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