Referendo a la vista

¿Qué está en juego en el referendo autonómico?

El ministro de Autonomías sostiene que se da un paso más en la consolidación del Estado autonómico; desde la oposición se sostiene que de fondo se dilucida la desconcentración de poder.
viernes, 11 de septiembre de 2015 · 21:02
Pablo Peralta Miranda

 Periodista

 Los puntos de discrepancia los han manifestado con más fuerza líderes de La Paz, Cochabamba y Potosí. En La Paz, el gobernador Félix Patzi está en contra del contenido del documento; en Cochabamba está la exdiputada del MAS  Rebeca Delgado  y en Potosí, Jhonny Llally lidera la campaña por el No en ese departamento.

El referendo para aprobar los estatutos autonómicos, el próximo 20 de septiembre, ha generado un escenario previo de disputa entre el oficialismo, que impulsa este proceso, y líderes de oposición que están en contra de esos documentos.  
En el Ejecutivo se sostiene que la puesta en marcha de estos instrumentos representa un paso más en la consolidación del Estado autonómico. Las voces divergentes, en cambio, se centran en que no se trata de un avance y hay críticas que incluso hablan de que en ciertos estatutos se consagraría el centralismo, elemento que se quiere superar.  
Los puntos de discrepancia los manifestaron  con más fuerza líderes de La Paz, Cochabamba y Potosí. En este  último departamento, Jhonny Llally, presidente del Comité Cívico  Potosinista,  lidera la campaña por el No. En Cochabamba, una voz disonante que se escuchó en la última semana es la de la exdiputada  Rebeca Delgado; en La Paz,  el gobernador Félix Patzi es quien con mayor notoriedad  se expresó en contra del texto.   
De los tres, Llally  denunció que sufrió agresiones físicas en los viajes que realizó por el interior de su departamento. Mientras que el accionar de Patzi estuvo más circunscrito a emitir  declaraciones a los medios, al igual que Delgado, quien además forma parte de  foros en los que se debate sobre este tema.  

Una miniconstitución
El estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, establece la Ley Marco de Autonomías.  Esta norma  dice que aquel instrumento jurídico expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, además que establece las instituciones políticas de estas  entidades, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado.
 En suma, hay quienes consideran que lo que se aprobará son en realidad miniconstituciones.
Desde el oficialismo  se expresa que lo que se juega en el plebiscito es la mejora de la gestión de las entidades subnacionales, la puesta en marcha  de las competencias y la posibilidad de  un vínculo más estrecho del Estado con el ciudadano.  "La ciudadanía se juega la posibilidad de que el Estado se acerque más; que los departamentos pongan en vigencia efectiva sus competencias; que mejoren el perfil y la cualidad de sus gobiernos; que desarrollen su autoadministración en sintonía constitucional y que puedan desarrollar con mayor eficiencia y eficacia la administración y la solución de las necesidades de los ciudadanos, como también  la construcción de la agenda de reducción de la pobreza”, explica el ministro de Autonomías, Hugo Siles.     
Sin embargo, además de la descentralización del aparato estatal, también se juega   la desconcentración de poder político, sostiene Rebeca  Delgado.  
"En el fondo lo que se busca es la desconcentración del poder político y la descentralización en términos administrativos, que implica que las regiones sean protagonistas de su desarrollo. Es decir, decidirán qué quieren, cómo quieren  y que tengan ingresos, pero una autonomía sin ingreso fiscal, sin hablar de que el Pacto Fiscal no sirve, es una autonomía de papel”, comenta.
Esta líder explica que los estatutos que se pondrán a consideración del electorado  "no son avances” y detecta  "omisiones que pueden ser peligrosas, en cuanto a desarrollo”. Agrega que "no se puede hacer ningún avance si no tienes recursos”.
 
Las voces en contra
De los líderes que expresan divergencia, Llally es quien emprendió una gira por poblaciones de Potosí, en la que difunde una campaña  a favor de No, algo que le ha llevado a tener problemas, puesto  que ha denunciado agresiones en su contra en Uncía y la localidad de Tres Cruces de parte -sostiene- de gente afín al oficialismo.  
Este dirigente señala que un tema central que menoscaba al estatuto de Potosí es la cuestión de  la centralización de las decisiones en temas relevantes que están condicionados a consultas con el Ejecutivo, elemento que también se advierte en el estatuto de La Paz, según Patzi.  
"Si nosotros aprobamos tal como está el estatuto, vamos a aceptar el saqueo de todos los recursos naturales. Éste es un estatuto autonómico centralista. Todo es con previa consulta al Gobierno nacional. Debemos gestionar ante el Gobierno nacional para tener empresas públicas departamentales. O sea, no podemos nosotros  decidir si queremos  contar con una empresa departamental o una empresa mixta pública”, sostiene Llally.
Esta semana Patzi declaró que el contenido del estatuto  de La Paz "no sirve”,  ya que  "basta tener una Constitución o la Ley Marco de Autonomía” porque se tendría que consultar todo al nivel central y,  por tanto, no se tendría autonomía.
"Este documento no nos permite desenvolvernos de manera autónoma; tal como están las cosas basta tener la Constitución y la Ley Marco de Autonomía, para qué vamos tener un documento que no va a servir”, afirmó Patzi.
En torno a Patzi  también se ha generado una polémica sobre su participación en el proceso de redacción del estatuto. El ministro Siles sostiene que participó en los encuentros que se hicieron para la elaboración del texto.
"Entonces hay incoherencia, hay mezquindad política, hay egoísmo político, más que razones, más que hacer una análisis sobre las ventajas o desventajas de este proceso, hay consignas”, expresa el ministro Siles.
Al respecto, Patzi replicó que el texto actual de ese documento es "totalmente distinto al elaborado en ese tiempo”, cuando fungía en el cargo de secretario general de la Gobernación.   
Siles considera que las posturas de rechazo a los estatutos "no tienen asidero de contenido, no tienen argumentos lo suficientemente contundentes”. Y sostiene que en  las observaciones que manifestó Patzi hay algunas que se pueden corregir o reglamentar con la elaboración de leyes departamentales.

El escenario si gana el No
El oficialismo apuesta a que gane el  Sí, pero si gana el No,  ¿el escenario es sombrío?  El ministro Siles explica que de ganar esa posibilidad, los departamentos o regiones seguirían rigiéndose bajo normas supletorias del nivel central, además que postergarían una "extraordinaria oportunidad para avanzar y descentralizar los recursos”, entre otras cosas.
"Sería una pérdida desde todo punto de vista que alguna región diga No al estatuto, los ciudadanos mismos verían en el tiempo cómo el Estado no tendría la eficiencia y la eficacia que se desprende de un proceso de descentralización administrativa política como corresponde”, afirma.
Delgado sostiene que "de ganar el No, en el fondo no se pierde absolutamente nada”, ya que "lo que más bien puede suceder (si se aprueban) es que por las omisiones, que no son compatibles con la Constitución, pueden resultar siendo una vulneración de derechos fundamentales”.
Patzi afirma que de ganar el  No  haría falta voluntad política para "complementar, debatir y consensuar” el estatuto.
"En un año tendríamos prácticamente otro estatuto”, dijo.
Llally dice que si gana esta opción será un triunfo: "Si nosotros conseguimos el No es para la vivencia de cada uno de los habitantes, de cada departamento”.

Hitos en el proceso de construcción autonómica

La constitucionalización
El proceso de descentralización por el que atraviesa Bolivia fue  constitucionalizado con la puesta en marcha de la nueva Carta Magna, el 7 de febrero de 2009. En este documento, el tema está inserto desde el primer artículo, cuando se hace referencia al modelo de Estado del país.  
"Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”, dice el artículo 1 de ese documento.
  En este texto también se establece los tipos de autonomía que funcionarán en Bolivia. En ese marco están las autonomías  departamentales, regionales, municipales e indígenas.

Una ley marco
El 19 de julio de 2010 se puso en vigencia  la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, cuyo objeto es regular el régimen autonómico y las bases de la organización territorial del Estado.
Esta norma regula el procedimiento para la elaboración de estatutos  y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.
El artículo 7  establece que el régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.

Un referendo
 El próximo 20 de septiembre se realizará el referendo para aprobar los proyectos de estatutos  de los departamentos de  Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. También se votará por los  estatutos autonómicos indígena originario campesinos de la región de Charagua, que se ubica en  Santa Cruz, y de Totora Marka, que está en el departamento de Oruro.
Además, también votarán sobre si aprueban o no  las cartas orgánicas municipales de las lo calidades de Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cocapata (Cochabamba).
Una novedad de este proceso para aprobar los estatutos autonómicos y cartas orgánicas es que las organizaciones que querían hacer campaña a favor o en contra de los documentos debían haberse habilitado para tal cometido. En total se registraron 35 organizaciones para hacer campaña.

 

 

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