Elecciones

El reglamento del TSE y los DDHH

El debate ya ha iniciado, aunque con un error de comprensión del Gobierno sobre el alcance del artículo 24.
domingo, 10 de enero de 2016 · 00:00
Verónica Rocha

comunicadora soail

En la esencia de los DDHH se encuentra lo que se conoce como sus principios rectores, que constituyen el paraguas normativo, jurídico y conceptual, y dan pie a su lectura, interpretación y aplicación; en tanto se los requiera entender como unidades (muy raramente) o así se quiere dar cuenta de ellos como un conglomerado (se trata de la lectura dominante). Así como los DDHH son universales e inalienables, también es preciso entender que son interdependientes e indivisibles. En los hechos esto quiere decir que la manera sustantiva de concebirlos es en relación a otros derechos.


Cuando hacemos referencia al principio de indivisibilidad, estamos pensando en que los DDHH en su conjunto no pueden ser divididos, separados o fragmentados en su análisis, abordaje, aplicación y exigibilidad debido a que el éxito de estas acciones reside, precisamente, en su realización conjunta. Asimismo, el principio de interdependencia  le otorga a los DDHH la calidad de que el reconocimiento y cumplimiento de uno o varios de ellos está en dependencia de la garantía y goce de otro o varios otros de ellos; esto es, nuevamente  garantizar la constitución del conglomerado de DDHH como una única construcción.


A pesar de que su conceptualización ha avanzado de manera muy evidente y acelerada estas últimas décadas, lo cierto es que este proceso evolutivo ha tenido que afrontar, en su mismo desarrollo, diversas disyuntivas, en las que la necesidad coyuntural  ha requerido muchas veces aplicar y privilegiar la siguiente premisa: es posible regular el marco de cumplimiento de un derecho en salvaguarda del o los derechos de muchas personas.


Así lo señala el marco normativo internacional sobre DDHH al respecto que, por ejemplo, establece la posibilidad de "la regulación de los medios de comunicación con el propósito de promover la diversidad, incluyendo la viabilidad de los medios públicos” (Primer punto de la Declaración Conjunta sobre diversidad en la Radiodifusión del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión - 2007); o la obligatoriedad, para los medios de comunicación públicos en contextos electorales, de "respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio (…)” (Onceavo punto de la Declaración Conjunta sobre Medios de Comunicación y Elecciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión – 2009).


En suma, queda claro que desde varios Estados (son diez los países de América Latina que regulan la información gubernamental en periodo electoral) así como desde instancias internacionales de DDHH se viene debatiendo hace mucho sobre el alcance de la normativa especial en tiempo electoral y su relación con otros derechos. Toda vez que su esencia debe responder precisamente a garantizar la mayoría de ellos, que se ponen en juego en estos periodos, de naturaleza extraordinaria.


En Bolivia el debate ya ha iniciado, aunque con un error de comprensión del Gobierno sobre el alcance del artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en Referendo aprobado por el TSE, debido a que el mismo no está destinado a afectar el normal desarrollo de la gestión pública en ningún nivel del Estado ni menos limitar la libertad de expresión. Por el contrario, busca –como el conjunto de la normativa electoral- garantizar de la mejor y más amplia manera los derechos civiles y políticos de toda la ciudadanía en periodos electorales. Si ello supone establecer algunas regulaciones durante este periodo extraordinario, huelga decir que los y las bolivianas hemos sabido históricamente aceptar estas normas excepcionales en favor de un bien mayor y común: nuestra democracia.

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