Relaciones internacionales

Silala y la soberanía limitada

La demanda chilena por el Silala se funda sobre una estrategia jurídica en la que este país no cree, ni moral ni judicialmente, señala el autor.
domingo, 2 de octubre de 2016 · 00:00
Ariel Flores abogado y catedrático

 

¿Es el conflicto por las aguas del Silala un conflicto internacional? Chile pretende que lo sea y recurre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que declare que el Silala es un "curso de agua internacional” y, por tanto, tendría derecho al uso que actualmente hace de él.

La fuente jurídica sobre la cual funda su demanda es la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines Distintos a la Navegación del 21 de mayo de 1997 (la Convención de 1997) aprobada como anexo a la Resolución 51/229 de 08/07/1997 y vigente desde el 17/08/2014 a raíz de la ratificación número 35 depositada por Vietnam en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Bolivia no ha ratificado dicho instrumento, posiblemente porque no votó a favor del mismo, absteniéndose junto a otros 27 países. Chile tampoco lo ha ratificado, a pesar de haberlo promovido y estar entre los 103 países que votaron a favor. No se conoce que el Congreso Nacional de Chile haya iniciado los procedimientos legislativos para ratificarlo con efectos vinculantes (ex consesu advenit vinculum).

Estructuralmente este documento contiene 37 artículos organizados en siete partes. Formalmente, se aplica a los usos de los cursos de agua internacionales, las medidas de protección, preservación y ordenación relacionadas con el uso de esas aguas.

Sustancialmente, se evidencian las siguientes características fundamentales: i) se trata de un acuerdo "marco” o "general” destinado a orientar a los Estados en la negociación de acuerdos "específicos” o "particulares”, ya sean bilaterales o multilaterales; ii) se trata de un acuerdo que prevé derechos más favorables para los Estados de aguas abajo que para los Estados de aguas arriba; y, iii) se trata de un acuerdo que se sostiene en la teoría de la soberanía limitada o restrictiva. A ésta última característica nos referiremos.

Cuando la Comisión de Derecho Internacional empezó el trabajo de codificación, la primera cuestión que se presentó fue la siguiente: ¿Está habilitado el Estado de aguas arriba a la utilización de los cursos de agua a su libre arbitrio, incluso si causa daños significativos o sensibles a los Estados de aguas abajo? (Pastor).

La cuestión medular de la regulación jurídica internacional en esta materia gira en torno al alcance de la soberanía que los Estados tenían sobre la parte del curso de agua internacional que se encontraba en su territorio. La necesidad de un equilibrio entre los intereses de los Estados dio lugar a diversas teorías. Al respecto señalamos tres principales:

Por un lado, la "teoría de la soberanía territorial absoluta” o comúnmente conocida como la doctrina Harmon, debe su nombre al Dictamen 12/XII/1895 emitido por el Procurador General de los Estados Unidos de América, Judson Harmon, con motivo de un litigio suscitado con México sobre la utilización de las aguas del río Grande. Dicha tesis sostenía que "el principio fundamental del derecho internacional es la soberanía absoluta de cada nación, dentro de su propio territorio, respecto de todas las demás”. En ese sentido, los Estados situados aguas arriba tendrían exclusiva soberanía sobre el curso de agua internacional que se encontraba en su territorio, pudiendo usar, desviar o disponer de forma irrestricta sobre ella. 

Por el contrario, la "teoría de la integridad territorial absoluta” sostiene que un Estado debe utilizar las aguas de un curso de agua internacional de tal forma que no afecte ni el caudal ni el volumen ni la calidad de las aguas en el territorio del Estado vecino. A la inversa de la doctrina Harmon, ésta teoría se sustenta en el respeto absoluto a la soberanía territorial del Estado situado aguas abajo, que tendría un verdadero "derecho de veto” sobre cualquier actividad que el Estado situado aguas arriba planeara realizar.

Ambas tesis constituyen posiciones extremas, de ahí que fuesen abandonas. Ni la doctrina ni la jurisprudencia internacional o el Derecho Internacional las reconocen como válidas en la actualidad.

Por último, la "tesis de la soberanía territorial limitada” que se encuentra entre las tesis restrictivas de la soberanía (v.g. la comunidad de intereses de los Estados ribereños), según la cual todo Estado puede utilizar la parte del curso de agua internacional situada en su territorio, en la medida en que el uso no cause un daño significativo a otros Estados. Supone que todo Estado está sujeto a limitaciones en beneficio de otros Estados. Se sustenta en una soberanía compartida sobre el curso de agua internacional e implica la búsqueda de un balance de intereses que contemple las necesidades de los Estados. 

La Convención de 1997 se sostiene, indiscutiblemente, en la teoría de la soberanía restrictiva. Es decir, la teoría hoy consagrada por el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales es la soberanía territorial limitada de los Estados.

Si el Gobierno chileno reconoce la Convención de 1997 como base jurídica de su pretensión, reconoce también la doctrina y práctica internacional que la sustenta, y por tanto acepta, implícitamente, la existencia de ciertas restricciones a la soberanía estatal en beneficio de los Estados vecinos.

Bajo este razonamiento, la demanda chilena por el Silala se funda sobre una estrategia jurídica en la que no cree, ni moral ni judicialmente.

El Palacio de la Moneda siempre defendió la tesis de la soberanía absoluta en sus controversias internacionales, tanto marítimas como territoriales. Lo hizo contra la demanda peruana por la delimitación de la frontera marítima y lo hace también contra la demanda boliviana por un acceso territorial soberano al Océano Pacífico. 

La Convención de 1997 constituye la antítesis al antiguo concepto de soberanía absoluta defendida por Chile y contrariamente a su propia doctrina opta por una estrategia jurídica que se sostiene sobre una tesis diametralmente opuesta a su tradicional política exterior. 

Por tanto, la doctrina chilena muestra su principal contradicción: defiende la tesis de la "soberanía absoluta” contra la demanda boliviana por un acceso soberano al Océano Pacífico y pretende imponer la tesis de la "soberanía limitada” en la demanda por el Silala.

En la forma, busca validar, simultáneamente, dos tesis o argumentos jurídicamente disímiles y contradictorios en un mismo escenario jurisdiccional. 

En el fondo, intenta valerse del Convenio de 1997 para que la CIJ califique las aguas del Silala como un curso de agua internacional y legitimar, por esta vía, el abuso impune que desde muchos años hace de ella.

Chile habría llegado al punto más alto del cinismo político y jurídico, cuando el próximo junio de 2017 presente su memoria, solicitando que Bolivia reconozca que la soberanía de los Estados no puede ser absoluta y que debe ser compartida a través de una "comunidad de intereses”. Inédito e inaudito.


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