Renovar la política energética

En el contexto del siglo XXI es evidente que la política energética del actual Gobierno es extemporánea, no sigue las tendencias mundiales y está destinada al fracaso. Se requiere un urgente golpe de timón, dice Zaratti.
domingo, 9 de octubre de 2016 · 00:00
Francesco Zaratti, Físico
 
Si la energía es el alimento de la economía, entonces las energías renovables son el "alimento orgánico” que el mundo necesita urgentemente para ponerse "en dieta”, después de haber engordado por ingerir en calidad y cantidad las energías fósiles desde hace tres siglos. Naciones Unidas ha formulado, dentro la Agenda de desarrollo sostenible hasta el 2030, el objetivo N° 7, para impulsar a los países a convertir su matriz energética hacia energías renovables.
 
Varios países han emprendido proyectos de reemplazo de las energías  contaminantes por las limpias, incentivando empresas y ciudadanos a contribuir a frenar el calentamiento global y la contaminación de diferente clase que agobian al planeta. Bolivia, en cambio, parece caminar a contramano a esas corrientes mundiales, a juzgar por los megaproyectos anunciados que siguen privilegiando energías de enormes impactos en el ambiente, como las termoeléctricas, las grandes hidroeléctricas y la energía nuclear, relegando las energías renovables a roles secundarios.
 
Coste de energías renovables
 
Las energías renovables relevantes para nuestros fines son la eólica, la solar, la hidráulica y la geotérmica. La objeción común al uso de esas energías es que la generación eléctrica mediante aquellas es más cara que con las tradicionales. Sin embargo, debido a la economía de escala y a la mejorada eficiencia de los equipos, los costes de las energías renovables tienden a la baja. De hecho, las plantas de energía solar suministran hoy la electricidad más barata disponible en casi todos los rincones del  mundo, como muestra la tabla que acompaña esta nota. 

Nuevo rumbo energético
 
Bolivia es un país rico en recursos naturales energéticos y esta situación determina la simple matriz energética primaria de consumo del país: 43% petróleo, 38% gas,  5% hidroeléctrica y 14% biomasa (año 2014). Asimismo, si nos concentramos en la generación eléctrica, la relación era 53% térmicas y 47% hidroeléctricas el año 2006, pero, nueve años después, esa relación se ha vuelto 71% térmicas y 29% hidroeléctricas (2015), con clara tendencia a incrementar la participación del gas. Es el resultado de una política de subsidios al gas que alimenta las termoeléctricas y de desincentivos a la inversión rentable en nuevos proyectos hidroeléctricos. La actual política energética se apoya en las siguientes premisas:
 
 - El gas natural seguirá siendo nuestra principal fuente energética, ya sea para exportación o para consumo interno.
 
 - Su uso deberá diversificarse, privilegiando el mercado interno (doméstico, industrial y vehicular), la industrialización para agregar valor (urea y fertilizantes), la exportación a mercados regionales (Brasil y Argentina); la generación de energía eléctrica, entre otros.
 
 - Ante la merma de reservas de gas y el fracaso de atraer nuevas inversiones, la respuesta es dar incentivos a las empresas que operan en el país para que inviertan en explotación y en exploración, a sabiendas de que se trata de parches que no enfrentan los verdaderos problemas estructurales de la Ley 3058 de Hidrocarburos y de la CPE.
 
- Ante el abandono de la pretensión de ser el "hub gasífero” del Cono Sur (debido a las reservas reducidas y a la competencia del LNG de ultramar), se piensa transformar a Bolivia en un "hub eléctrico”, incrementando la oferta de energía eléctrica exportable.
 
- La generación de ese gran superávit de energía eléctrica se apoya principalmente en nuevas termoeléctricas de ciclo combinado y en mega plantas hidroeléctricas, como el complejo Bala-Chepete del río Beni (4 GW) y el complejo Rositas del río Grande (0.4 GW). Pero también se han proyectado plantas de energía nuclear y, a menor escala, de energías renovables.
 
En el contexto del siglo XXI es evidente que la política energética del actual Gobierno es extemporánea, no sigue las tendencias mundiales y está destinada al fracaso. Por tanto, se requiere un urgente golpe de timón.
 
Acciones para reconducir la política energética:
 
a) Revisar y corregir la Ley de Hidrocarburos y las normas que regulan el sector eléctrico para que se adecúen a las nuevas condiciones de precios y mercados, y atraigan inversiones del sector público y privado hacia la exploración de hidrocarburos y la generación eléctrica alternativa.
 
b) Internacionalizar las actividades de YPFB. Eso significa, por ejemplo, ampliar y diversificar el campo de acción de YPFB a proyectos en países limítrofes, como generación termoeléctrica con base en gas boliviano (Cuyabá) o refinación del condensado del gas exportado (Refinor) o participación en instalaciones de redes domiciliarias (Perú y Paraguay). Pero significa también realizar alianzas estratégicas con empresas expertas en el rubro de  la industrialización del gas y conocedoras de ese difícil mercado.
 
c) Reemplazar gradualmente, para el con sumo del mercado interno, la electricidad producida por termoeléctricas con electricidad de fuentes renovables con el fin de tener excedentes de gas o energía eléctrica que pueden ser destinados a la exportación. Concretamente, partiendo desde cero  en el año 2017, con una inversión anual de 200 M$ se puede generar más de 100 MW de energía solar a partir del año 2018 a precios de mercado. Consecuentemente en 8 años se cubriría más del 50% del incremento previsto de la demanda interna (700 MW hasta el 2015), permitiendo redirigir parte de la termoelectricidad (y del gas ahorrado) a la exportación. Si en el marco de ese programa, se involucra a la población en programas de inversión social que transformen a las comunidades campesinas en productoras de energía eléctrica, se obtiene un logro social adicional.
 
Estos lineamientos apuntan a una diversificación de los "actores energéticos” (Estado, empresas privadas nacionales e internacionales, comunidades) y sugieren dejar de lado el estatismo secante de los últimos años. Para ello, ayudaría mucho una legislación ágil y flexible para atraer inversiones en el área de las energías renovables. Es pues necesario contar con una ley de energías renovables y el diseño de un marco regulatorio apropiado a la nueva política para el sector eléctrico nacional.
 
A diferencia de las fuentes tradicionales, la energía fotovoltaica se presta para luchar sosteniblemente contra la pobreza, mediante proyectos que transforman al campesino en productor de energía eléctrica. Al respecto, un proyecto validado internacionalmente con el apoyo de la CAF espera por años la atención gubernamental. Si se destinara a ese programa 100 M$/año (la mitad de la inversión mencionada líneas arriba), se podrían instalar por lo menos 30 plantas de 2 MW, para proporcionar 120 GWh de energía limpia por año, sacando al mismo tiempo de la pobreza, de manera sostenible, a 3,000 familias del altiplano, o 15,000 personas.
 
En suma, esta propuesta muestra que es posible unir la generación de electricidad mediante fuentes renovables con el ahorro de gas en el mercado interno y la reducción de la pobreza generando ingresos sostenibles. La prioridad es la generación de energía fotovoltaica para el mercado interno, complementada con energía eólica y pequeñas hidroeléctricas, no sólo por la importancia que tiene la energía en la calidad de vida de la población sino por la posibilidad de involucrar a comunidades campesinas en la generación eléctrica comercial.

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