Política

“Proceso de cambio”: de la revolución a la encrucijada

Si bien se puede afirmar que la oposición no tiene propuestas, el oficialismo tampoco tiene en sus manos la llave maestra, afirma Colque.
domingo, 13 de marzo de 2016 · 00:00
Gonzalo Colque
Director de Fundación Tierra
 
La aspiración de Evo Morales a un cuarto mandato (2020-2025) fue frenada por apenas 2,6 puntos porcentuales. La encuesta a boca de urna y el conteo rápido habían vaticinado este estrecho margen el mismo día del referendo, pero un Movimiento Al Socialismo (MAS), casi desesperado, se resistió a aceptar la derrota y de inmediato volcó su atención hacia el voto rural y campesino, casi siempre subrepresentado en las encuestas e invariablemente computado al final del recuento oficial. 

El MAS tenía sobradas razones. El campesinado se había convertido en la principal cantera del "voto duro”. Sin embargo, si bien en la última elección nacional (2014) el oficialismo conquistó más del 86% del voto rural en las provincias de La Paz, en el reciente referendo el apoyo de este sector se redujo al 72%. Esto es 14 puntos porcentuales. El campesinado siguió votando por Evo Morales, pero sin la contundencia del pasado. En consecuencia, el resultado no se revertiría a su favor.
 
Aunque la brecha entre el Sí y el No es estrecha, tiene enormes implicaciones. La gran interrogante es ¿qué sucederá en adelante? ¿Qué rumbo tomará el "proceso de cambio”? En este trabajo  ensayaré una primera aproximación desde la economía y la política.  

Capitalismo de Estado a la boliviana
 
En 2006 el gobierno de Evo Morales heredó un aparato estatal desmantelado por las reformas neoliberales que privatizaron la economía y empobrecieron a las grandes mayorías. El nuevo gobierno se propuso la nacionalización de los recursos naturales, la eliminación política de las élites de poder neoliberal y la inclusión de las mayorías indígenas y campesinas. El principal pilar de este proyecto de estatización fue la renegociación de contratos con las transnacionales del sector gasífero para incrementar la participación estatal en el control de la renta. Esta política coincidió con el "súperciclo” del precio internacional de materias primas (2003-2013). En su mejor momento, Bolivia llegó a exportar gas a Argentina y Brasil a un precio entre ocho a 10 veces mayor con respecto al año 2003. El efecto combinado fue enorme. En muy pocos años el tamaño de la economía boliviana se quintuplicó. La presencia del Estado se expandió a casi todas las esferas de la sociedad. Las inversiones públicas no pararon de crecer, mejoraron las prestaciones de servicios sociales y los sectores pobres recibieron bonos y subsidios. 
 
El proyecto de estatización se tradujo en el retorno del capitalismo de Estado, pero con nuevos rasgos y contradicciones. La nacionalización no desembocó necesariamente en el control y propiedad estatal de los recursos naturales. Pablo Solón señala que "en términos estrictos no podemos decir que hubo una nacionalización ya que hoy día dos empresas trasnacionales (Petrobras y REPSOL) manejan el 75% de la producción de gas natural en Bolivia”. Por su parte, Andrés Soliz Rada hace notar otra inconsistencia en el sector minero, que se originaría en un contrato suscrito "para la explotación de San Cristóbal, en Potosí, en el que la japonesa Sumitomo se lleva 1.000 millones de dólares anuales y deja 30 millones al país”. En el sector agroindustrial, las transnacionales más importantes del agronegocio global como ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus se instalaron en Santa Cruz sin ninguna regulación para la mercantilización de las tierras fiscales y el control del negocio de la soya transgénica. Es decir, no estamos ante una política heterodoxa de estatización irrestricta, sino frente una gran coalición entre Estado y compañías transnacionales con el interés común de explotar los recursos naturales. 
 
Este modelo económico soporta casi cualquier crítica y embate político por su componente social redistributivo.
 
En comparación con el periodo neoliberal, el régimen vigente es más progresista, con un Estado rentista proclive a reparar las deudas sociales e históricas, que promete industrialización, modernización y una economía poscapitalista. Cualquier cuestionamiento a la creciente dependencia de los altos precios de materias primas -es decir, del capital global- es desacreditado desde la clase política con el argumento de que tal subordinación sería una simple táctica "temporal” para sentar las bases de una nueva economía y sociedad, en referencia a la retórica del "socialismo comunitario” que esgrime el Gobierno. La respuesta es la misma si se cuestiona, por ejemplo, la brecha entre los hechos y el discurso de "Madre Tierra”. En esta lógica y argumentación oficialista, la acumulación capitalista por desposesión que se adopta en las "periferias” en realidad sería un proyecto anticapitalista y antiimperialista.
 
Pero, bajo la superficie de este alegato que justifica la coalición Estado-capitales transnacionales acecha un problema real que podría socavar el empuje económico logrado durante la última década y echar por la borda el experimento boliviano de un modelo económico llamativo. El problema es que el capitalismo de Estado a la boliviana está aún en pañales y ha empezado a perder su coraza protectora: el alto precio internacional del petróleo.
 
Limitaciones y alcances
Una primera respuesta ensayada desde del Gobierno se ha plasmado en la Agenda Patriótica 2025. La propuesta en mesa, el salto hacia la industrialización de las materias primas, la conversión de Bolivia en el centro energético de la región y, como una condición política sine qua non, la reelección de Evo Morales. Esgrimiendo estas ofertas y en una actitud siempre arrogante, nuestros gobernantes vapulean a la oposición por no tener un plan de igual talla. Por supuesto que para que esto ocurra, el Gobierno tuvo el cuidado de confinar a la oposición política y a cualquier voz disidente a un lugar marginal y decorativo. Tal es así, que la Agenda Patriótica no pasó por el tamiz de la crítica. Nadie parece cuestionar la  ambigua formulación del plan de industrialización o la alta inviabilidad de la idea de exportar energía eléctrica cuando los países vecinos como Brasil están montando megaproyectos hidroeléctricos en zonas fronterizas para la expansión espacial de su capital y en función de intereses geopolíticos propios.
 
Una conclusión provisional es aceptar que en Bolivia se gestó un modelo económico, todavía incipiente y débil, pero que tiene la cualidad de estar situado en algún punto intermedio entre las tipologías idealizadas de una economía dirigida por el Estado y una abandonada a la anarquía del libre mercado. Si bien se puede afirmar que la oposición no tiene propuestas, el oficialismo tampoco tiene en sus manos la llave maestra; no tanto por falta de un programa, sino por sobreponer sus intereses de poder político con el pretexto de que el futuro económico depende sin remedio de un régimen de gobierno capturado por un partido político y su líder caudillista.

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