Relaciones internacionales

Demanda y contrademanda por el Silala

Chile tendrá que pagar por esas aguas si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo, señala el autor.
domingo, 24 de abril de 2016 · 00:00
Andrés Guzmán Escobari
analista
 
Ahora que ha pasado cerca de un mes desde que el presidente Evo Morales anunciara sus intenciones de demandar a Chile por el aprovechamiento ilegal de las aguas del Silala y que la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, respondiera anunciando una contrademanda; y ahora que conocemos un poco más sobre esta controversia, gracias al debate que provocaron dichos anuncios, podemos definir con mayor precisión cuáles podrían ser los argumentos de las partes para demandar y/o contrademandar.  

Como es sabido, la controversia reside en la discrepancia que existe entre ambos países respecto a la naturaleza del Silala: mientras que para Bolivia se trata de aguas íntegramente bolivianas, para Chile son recursos hídricos compartidos. 
 
En efecto, de acuerdo con  La Paz, las aguas del Silala conforman un ecosistema acuático de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esas aguas hacia territorio chileno mediante canales artificiales que fueron construidos por empresas chilenas sin el consentimiento de Bolivia. Según esta postura, las aguas no llegarían a Chile si no hubieran sido canalizadas. 
 
Por otra parte, según Santiago, el Silala es un río internacional de curso sucesivo que nace en Bolivia y que fluye naturalmente hacia Chile por la pendiente del terreno y por la ley de la gravedad. Los canales artificiales, de acuerdo con la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo, aumentando su velocidad y evitando infiltraciones, pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso. 
 
A principios del siglo XX, la empresa que administraba el ferrocarril Antofagasta - Oruro  solicitó la autorización de la Prefectura de Potosí "para aprovechar las aguas públicas de las vertientes de SILOLI”. Dicha solicitud, que se hizo específicamente "para la alimentación o abastecimiento de las máquinas del ferrocarril”, también aclara: "Haciendo obras de captación y de canalización, podrían utilizarse las dichas vertientes, aunque con costo crecido; y la Empresa proyecta ejecutar esas obras para utilizarlas en el servicio de su línea”. 
 
Así, el 21 de septiembre de 1908, el Prefecto de Potosí otorgó la concesión de referencia mediante una escritura pública que no establece contraprestación alguna ni plazo de caducidad, pero sí determina que la empresa concesionaria debe "dejar la tercera parte del agua recogida para los que quieran aprovecharla después” y que la autorización es "para la alimentación de las máquinas que hoy, como se sabe, usan aguas impropias que destruyen sus calderos en poco tiempo, y que tienen que conducir desde larga distancia en estanques, lo que dificulta el tráfico”.
 
A pesar de que el objeto y la causa de la concesión fueron claramente establecidos, las aguas del Silala fueron utilizadas en Chile para otros fines casi inmediatamente, tal como lo revelan las denuncias que a partir de 1915 recibió el Gobierno boliviano (David Choquehuanca en Hora 23 de Bolivisión: 5/4/2016). Al respecto, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria estaba "vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.   
 
Pero además de que las aguas del Silala se utilizaron para fines distintos del de su concesión desde un principio, algún tiempo después, aproximadamente en 1961, el objeto y la causa de dicha concesión se extinguieron totalmente cuando las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel. Es decir que ya no se requerían las aguas del Silala para el ferrocarril, pero el usufructo de esos recursos por parte de la empresa concesionaria aumentó en lugar de interrumpirse. Los canales fueron mejorados y ampliados en los años que siguieron hasta alcanzar cerca de 200 litros/segundo, que es el flujo promedio actual, y recién en 1997, la Prefectura de Potosí revocó y anuló la escritura de concesión, mediante una resolución administrativa que fue elevada a Decreto Supremo. 
 
Poco después se iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo. Los representantes de ambos gobiernos se reunieron varias veces y realizaron visitas conjuntas al lugar, pero no se pudo llegar a nada concreto. En 2009, los gobiernos de Bachelet y Morales  alcanzaron el punto de mayor aproximación con un preacuerdo que establecía que Chile debía pagar a Bolivia por el 50% del caudal del Silala hasta que un estudio conjunto determine el porcentaje preciso de aguas de libre disponibilidad que tiene cada país. Sin embargo, debido a que el preacuerdo no incluía la deuda histórica por más de un siglo de usufructo que habían hecho los chilenos sin pagar ni un centavo, hubo un fuerte rechazo en Bolivia, liderado por el Comité Cívico de Potosí. Por lo cual, las autoridades bolivianas solicitaron al nuevo Gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, la inclusión de la deuda histórica en el preacuerdo, tal como consta en el Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas (Agenda de 13 puntos), suscrita el 14 de julio de 2010. Pero si bien ambos países acordaron mediante ese mismo documento que el grupo de trabajo encargado debía presentar un informe respecto a la deuda histórica en la próxima reunión que tenía que realizarse en Arica en noviembre de ese año, Chile decidió cancelar esa próxima reunión sin dar explicaciones y no hubo más avances.    
 
La cancelación chilena de 2010, que echaba por tierra todo lo avanzado no sólo respecto al Silala, sino también respecto al tema marítimo y a los demás puntos de la Agenda, representó en los hechos un rechazo del Estado chileno a solucionar sus controversias con Bolivia mediante negociaciones. Pero ahora que se ha planteado la posibilidad de resolver este tema mediante un juicio, los gobernantes de Chile adelantaron tres argumentos con los que, según ellos, podrían contrademandar: 1) que Bolivia se ha negado a entregar información necesaria para definir los usos y beneficios del Silala, en franca transgresión a lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997; 2) que Bolivia interrumpió las negociaciones de la Agenda de 13 puntos, lo cual, como hemos visto, no es correcto; y 3) que las autoridades bolivianas reconocieron en ciertos momentos que el Silala es un río.      
 
En cuanto al primer punto, será difícil para Chile demostrar que Bolivia se negó a entregar información y más difícil aun será probar que la referida Convención le es oponible a nuestro país que no la firmó ni la ratificó. Sobre el segundo punto basta con exhibir el Acta de 14 de julio de 2010, y respecto al tercer punto, las manifestaciones unilaterales que las autoridades bolivianas hayan emitido sobre el particular, no parecen tener un mayor peso relativo de convicción jurídica, frente a lo que revelen los estudios hidrológicos y al hecho inobjetable de que existen canales artificiales que atraviesan la frontera. 
 
Por todo lo dicho, de lo único que podemos estar seguros en estos momentos, indistintamente de cuál sea la naturaleza del Silala o de cuál país demande primero, es que Chile tendrá que pagar por esas aguas si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo, puesto que, aun si fuese un río, el país del Mapocho utiliza más de la mitad de esos recursos y,  por tanto, tiene la obligación de compensar a Bolivia.

Confidencial

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