Justicia, más de lo mismo

El desastre fue la elección por voto

Bajo ropajes novedosos -la elección por voto de magistrados- se esconde la misma ineptitud de los 115 años previos, opina Ayo.
domingo, 1 de mayo de 2016 · 00:00
Diego Ayo
politólogo
 
Evo Morales quiere llevar adelante una cumbre por la justicia. A ese propósito es preciso recordar que fue su gobierno el que se dedicó a quebrar el escaso armazón institucional judicial existente de 2006 a 2009, amedrentando con juicios y "pedidos” de renuncia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional (eso lo analicé este domingo 24 en Séptimo Día del Deber en "Justicia destruida, una herencia de Evo Morales”), con el argumento de que la justicia era un desastre. 

Conviene ver si es cierta esta tesis. No dudo que se aproxima a la verdad -nuestra justicia no ha sido nunca precisamente motivo de orgullo-, pero es necesario analizar los matices. Para lograr ese propósito hace falta reflexionar sobre dos periodos: el previo a la constitución del Tribunal Constitucional y el posterior a este hecho (estoy consciente que la justicia como tal es mucho más que esto. Sin embargo, el proceder que se tuvo en este caso visualiza los rasgos de este Gobierno con este tema tan relevante).
 
¿Qué sucedía antes? Las revisiones de hábeas corpus y amparos constitucionales tardaban mucho en el periodo previo a la conformación y funcionamiento del Tribunal Constitucional. En ese periodo, la institución encargada de dar curso a esas demandas era la misma Corte Suprema de Justicia. Cuando un escrito llegaba a la CSJ, ésta tardaba en promedio un año, sólo en la labor de designar al juzgado encargado de llevar adelante el caso. El juzgado se tomaba un año adicional en analizar el caso. De acuerdo con  una investigación al respecto, la CSJ tardaba un año y medio en revisar los hábeas corpus y un año y tres meses en hacerlo con los amparos.
 
Asimismo, las demandas de inconstitucionalidad que eran remitidas directamente a la sala plena de la CSJ, demoraban tres años y medio en ser respondidas. Hasta acá no hay duda: la cosa era un desastre.
 
Asimismo, de 1900 a 2009, la CSJ operó en el 53% de ese lapso, de forma incompleta. En esos mismos años, se observó que a pesar de que la norma contemplaba periodos de 10 años para los cargos de magistrados, el promedio de años en esos cargos fue de 3,6%, vale decir, de menos de la mitad del periodo constitucionalmente contemplado. En suma, sólo el 8% de los jueces en esos cargos, finalizaron sus mandatos. Lo que equivale a decir que hubo recambios judiciales cada cinco años en promedio, visualizándose 22 cambios en la CSJ en esos 109 años. Sigue el desastre.
 
Ya en el periodo posterior, entre 1999 y 2009 el Tribunal Constitucional recibió 19.812 llegando a resolver el 80% de esos casos, es decir, 15.801. Ello equivale a tener la capacidad de resolver un promedio de 1.500 demandas por año frente a las no más de 200 del periodo previo (1985 a 1999). Además el 58% fueron amparos constitucionales y el 27% hábeas corpus.
 
También es digno de mencionar que de 1972 a 1998, 35 demandas de inconstitucionalidad fueron resueltas dando un promedio de 1,3 normas por año. De 1998 a 2008 se resolvieron 58 de esas demandas dando un promedio de 6,5 normas por año. Vale decir, el grado de mejora fue de un 500%. 
 
Hasta acá el desastre parece no ser tan desastroso. 
 
Pero hay más. En esos años (1972 a 1998) la CSJ se encargó de dictaminar sobre diversos casos: en un 74% se trató de decretos y resoluciones, otras regulaciones en un 17% y el resto de un 9% dio su veredicto sobre leyes.
 
Ya con la existencia del TC, los datos adquieren un cariz distinto. La revisión de decretos sigue siendo predominante, pero sólo en un 56%, mientras que en un 39% se dictamina sobre las leyes existentes. Vale decir, este ente revisor de la constitucionalidad adquiere mayor poder, llegando a cuestionar no sólo al Poder Ejecutivo sino al Poder Legislativo.
 
Por otro lado, la labor del TC fue tornándose más importante: de haber revisado 475 demandas de inconstitucionalidad en 1999 pasó a hacerlo con 2.357 (un incremento de poco más del 400%). También es de destacar su decisivo rol en ciertas sentencias "clave”: por ejemplo, destaca su actuación en 2005, emitiendo resoluciones a favor del respeto a la elección de gobernadores, incremento del número de curules, realización de la elección presidencial y respeto al voto en el exterior.
 
No hay dudas, en el matiz, la cosa no parece ser tan desastrosa o al menos el desastre ha disminuido notoriamente.
 
¿Hubo aspectos en los que no se mejoró? Con seguridad que sí. Por ejemplo, en relación con  la duración en sus cargos, el promedio de los magistrados del TC sigue siendo de 3,6 años. No hubo mejora de ningún tipo y la volatilidad en la justicia prevaleció. No fue lo único: la misma percepción social no le dio tregua: ya en 2004 en una encuesta de LAPOP referida al apoyo al Poder Judicial le dio una calificación de tres sobre siete. Sólo en cinco años, desde el inicio de funciones del TC, la legitimidad nuevamente se había diluido.
 
En todo caso, respetando esta creciente frustración social, es imprescindible señalar que la justicia requería, sobre todo, estabilidad. No se puede dejar de ver este matiz, expresado en algunas cifras exhibidas. Lo señalo enfáticamente: hubo un substancial avance en la justicia con la sola incorporación del Tribunal Constitucional.
 
Esa mirada en blanco y negro: "todo lo del pasado fue pésimo, y todo lo que hagamos nosotros a la cabeza de Evo será mejor”, es errónea: ni se partía de algo tan malo ni se consigue con la elección de magistrados algo mejor. Todo lo contrario: la elección sólo supuso más de lo mismo: recambios permanentes con el añadido de que la eficiencia no mejoró un ápice. Bajo ropajes novedosos -la elección por voto de magistrados-, por ende, se esconde la misma ineptitud de los 115 años previos.

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