Debate

Personas con discapacidad II

La marcha actual es más genuina y merecería una mayor atención, sostienen los autores.
domingo, 1 de mayo de 2016 · 00:00

Xavier Albó y Adrián Pérez

Este lunes la caravana de personas con discapacidad (PCD) llegó finalmente a La Paz. Ya dedicamos una columna en La Razón el domingo 24-4-2016, insistiendo sobre todo en: (1) facilitar y mejorar el acceso al carnet de discapacidad, que todavía es lento, costoso y con frecuencia sesgado; y (2) ampliar y estimular el cumplimiento de lo ya regulado sobre su derecho al trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Aquí daremos otros datos complementarios.

En el Tawantinsuyu, el célebre cronista indio Guamán Poma de Ayala les dedica la "quarto calle” y "vecita”,   p. 200-1/202-3, para varones y 221-2/223-4, para mujeres  (ver dibujo adjunto). De ellos/as dice: "Y estos tenían sus sementeras, casas, eredades... y anci no auía hospital ni limosna con esta horden santa y pulicia este rreyno, como ningun rreyno de cristiandad ni ynfieles no lo ha tenido”. 
 
La sensibilidad de Evo Morales, nuestro primer presidente indígena, no puede quedar atrás en dar un lugar al colectivo con discapacidad, donde sean tomados en cuenta no sólo como un gasto corriente para el Estado, sino incluso por sus potenciales productivos: los PCD suelen desarrollar mucho más otras capacidades alternativas e incluso han contribuido en descubrimientos históricos clave, por ejemplo en la moderna astronomía.
 
Reiteramos que los 500 bolivianos mensuales que reclaman pueden ser un paliativo importante, mejor que los 1.000 anuales que les reconoce la Ley 223, conseguida con la marcha que entonces se realizó bajo el liderazgo del controvertido Jaime Estívaris, un narcotraficante que quedó parapléjico en un enfrentamiento con la Policía. La marcha actual es más genuina y merecería una mayor atención, aunque convendría diferenciar mejor su pliego sin centrarlo exclusivamente en la "renta (de 500) o muerte”. En todo caso, la renta no es una solución estructural sino un paliativo mayor o menor, como son los bonos para adultos mayores, niños, etc.
 
Debe precisarse mejor a qué y cuántas PCD corresponde esta renta; por ejemplo, considerar la edad, su situación laboral y nivel social, para ver hasta qué punto los argumentos gubernamentales sobre la insostenibilidad a largo plazo de ese bono son razonables o sólo son excusas, cuando ala vez el Gobierno emprende grandes gastos en nuevos edificios seguramente útiles pero menos urgentes. 
 
Superar las medidas paliativas implica establecer políticas claras de atención médica, mejora de las oportunidades educativas, acceso al trabajo y empleo, vivienda, transporte y un amplio etcétera. Fe y Alegría ha sido pionera en ese campo. Mientras esas políticas sigan débiles, la solución paliativa para mejorar la calidad de vida a corto plazo sigue siendo establecer un bono digno. Del diálogo amplio y sincero podría surgir una combinación óptima entre bono y políticas públicas.
 
En cuanto al acceso al trabajo, hay instituciones públicas que cumplen efectivamente la contratación mínima del 4% para las PCD en el total de su personal. Sin embargo, falta mucho para que esté generalizado. Muchas empresas  e instituciones públicas aún no cumplen esta norma (imaginemos el 4% de una empresa del tamaño de YPFB). 
 
Para el sector privado no existe aún ningún tipo de política que fortalezca oportunidades de empleo para las PCD.
 
Se apela completamente a la voluntad del empleador. El Estado debe  concertar con el sector empresarial privado para analizar las propuestas y experiencias de inclusión, hasta alcanzar también allí el 4% que ya tiene el Estado como obligación.  Hay que establecer políticas de fiscalización del cumplimiento de lo normado, añadiendo medidas que premien (en términos tributarios) a quienes lo cumplan y medidas punitivas a los que no.
 
Complementadas  las propuestas laborales, es necesario que las PCD tengan alternativas formativas que amplíen sus oportunidades de acceso al trabajo. Se reconoce las mejoras en el acceso y permanencia de las PCD a la educación primaria; sin embargo, a medida que el nivel educativo asciende,  se van imponiendo barreras, al punto que, al llegar a estudios universitarios, se encuentran con una institución discriminatoria y excluyente.
 
El Ministerio de la Presidencia, a través del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (fondo del que se obtiene el bono actual), tiene también la tuición de desarrollar programas que apoyen a mejorar la productividad del sector.
 
En este sentido, se conformaron cooperativas de PCD,no sin dificultades para gestionar sus propios recursos.

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