Matasuegra

Sordos del alma

Cómo se puede entender que no hay dinero para atender a un sector tan necesitado, cuando sí lo hay para teleféricos, un nuevo palacio de gobierno, un nuevo edificio para el Legislativo, un museo para el Presidente, miles de canchas de fútbol?
domingo, 1 de mayo de 2016 · 00:00
Willy Camacho
escritor

 

Finalmente, la marcha de las personas con discapacidad llegó a La Paz. Habían partido de Cochabamba 35 días antes, y recorrieron 384 kilómetros con la firme intención de pedir al Gobierno un bono mensual de  500 bolivianos. Durante todo ese tiempo, muchos ciudadanos nos preguntábamos cómo podían las autoridades permitir semejante sacrificio, cómo podían ser tan indolentes.

Desde un inicio, el Gobierno advirtió que la marcha no conseguiría nada, argumentando que el Estado no tiene recursos suficientes para conceder el bono demandado. En diversos medios de comunicación, voceros del oficialismo se esforzaron por explicar las razones técnicas que imposibilitan otorgar ese bono, y los últimos días recurrieron al gastado argumento de la motivación política, vale decir: acusaron a los marchistas de ser peones de la oposición.
 
El martes 26 de abril, en conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a los delegados de los marchistas a dialogar con un grupo de ministros, aclarando, sin embargo, que el pago del bono no sería discutido. Si esa es la principal demanda de los movilizados, ¿qué tipo de diálogo quería instalar el Gobierno?
 
Según Quintana, el bono de  500 bolivianos "es inviable para la economía nacional, lo cual no excluye que podamos discutir, con la mayor amplitud, la mayor tolerancia y el mayor respeto, la política integral en beneficio de las personas con discapacidad”. Esa "política integral” tiene que ver con inserción laboral, salud, educación, vivienda, proyectos productivos "y la construcción de una ciudadanía en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, independientemente del lugar donde se encuentren”, añadió el ministro.
 
Indudablemente, tal política integral es necesaria y urgente, pero no es tema de discusión, pues es -o debería ser- parte de una agenda de prioridades que el Ejecutivo debe resolver cuanto antes. Claro que en estos asuntos, "cuanto antes” podría demorar algunos años, y las personas con discapacidad necesitan atención ya mismo, aunque sea con una medida paliativa como el bono.
 
Si bien es cierto que los gobiernos departamentales y municipales han hecho muy poco por las personas con discapacidad, como asegura el ministro Quintana, eso es un tema que debe tratarse aparte, estableciendo metas y compromisos con esas instancias, a fin de que en todos los niveles del Estado se priorice el diseño de políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de este sector.
 
Todos sabemos, y mucho más las personas con discapacidad, que municipios y gobernaciones han eludido su responsabilidad al respecto, por lo que resulta irrelevante exponer esto en una eventual mesa de diálogo con los movilizados. No es que sea un asunto menor, pero insisto: el punto central del diálogo solo puede ser el pago del bono mensual.
 
Hasta el momento, el Ejecutivo insiste también con que eso está fuera de toda discusión: el Estado no tiene dinero, y punto. Pero cómo se puede entender que no hay dinero para atender a un sector tan necesitado, cuando sí lo hay para teleféricos, trenes metropolitanos, un nuevo palacio de gobierno, un nuevo edificio para el Legislativo, un museo para el Presidente, miles de canchas de fútbol... en fin, cuando sí hay dinero para cosas que no son urgentes ni prioritarias.
 
A un vocero del oficialismo le consultaron por qué no se podía reducir el gasto en propaganda gubernamental, por ejemplo, y destinar ese dinero a solucionar la demanda de los movilizados. Él, sin manifestar la menor duda, respondió que el presupuesto para comunicación es otro asunto, que no se deben mezclar las cosas, además que es un gasto plenamente justificado.
 
Esta y otras explicaciones no demuestran la falta de presupuesto, sino la falta de voluntad de las autoridades. Pueden presentar todos los documentos que quieran, pero no lograrán que los movilizados, ni la mayoría de la población, acepten que es imposible recortar algunas partidas y reorientar esos recursos para dar solución, siquiera parcial, a las necesidades de las personas con discapacidad.
 
A propósito, recientemente se ha creado la Dirección General de Redes Sociales, dependiente del Ministerio de Comunicación. Obviamente, el oficialismo considera que la nueva repartición -que se encargará de la "difusión, consulta e interacción” del Gobierno con las cibercomunidades- es vital para sus objetivos políticos, y por eso su creación no mereció ninguna objeción presupuestaria. Fuera del dinero que se gastará en oficinas, mobiliario, equipo informático, ítems, etc., es probable que también se destine presupuesto a la compra de información personal de usuarios de Facebook u otras redes.
 
En 2010, una investigación de The Wall Street Journal confirmó que las grandes redes sociales venden información relevante de sus usuarios (sin el consentimiento de ellos, por supuesto) a empresas de publicidad. Los publicistas así pueden conocer las preferencias de consumo de la gente, y orientar mejor sus campañas. En este sentido, cabe la posibilidad de que el Gobierno boliviano pretenda adquirir esa información, no para fines publicitarios, sino para averiguar quiénes difunden mensajes contra el presidente Evo Morales, por ejemplo. La vigilancia de la prensa será fundamental para que esto no pase de una sospecha.
 
Volviendo al tema que nos ocupa, creo que la demanda de las personas con discapacidad es justa; sin embargo, el bono no debería ser igual para todos, porque los casos no son iguales. Es preciso un censo responsable para determinar los distintos grados de discapacidad y, de esa manera, establecer bonos diferenciados. Y esa debería ser la propuesta de diálogo del Gobierno: aceptar el pago del bono, pero con sumas distintas según la gravedad cada situación.
 
Rechazar tajantemente el bono, rechazar incluso la posibilidad de discutirlo con gente que, a duras penas, ha marchado 384 kilómetros durante 35 días, demuestra que las autoridades tienen una discapacidad superior: sordera del alma.

 

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