Análisis

Bolivia en los Panama Papers: las claves para entender la polémica

El oficialismo anunció la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso y la oposición habla de los Achacollo Papers. En medio de la confusión, expertos explican qué es un offshore y por qué hay países que posibilitan la creación de compañías de ese tipo.
domingo, 15 de mayo de 2016 · 00:00
Pablo Peralta Miranda 
Periodista
 
"Yo no veo que sea ilegal, no veo eso, registrar una empresa en otra jurisdicción no significa nada. Así como aspiramos a recibir inversiones extranjeras, eventualmente capitales bolivianos pueden migrar en busca de mejores inversiones”, dijo esta semana Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. 

La polémica escaló esta semana después de que el 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación  difundiera  nuevos datos  de lo que periodísticamente se denominó Panama Papers. Entre los datos que atañen a Bolivia,   se  dio a  conocer que  figuran 95 firmas bolivianas. 
 
Tras conocerse aquello, tanto  el oficialismo  como  la oposición salieron a la palestra para referirse al tema, aunque -es obvio- con distinto tenor y enfoque.    El vicepresidente Álvaro García Linera, por ejemplo, dijo: "Es una línea continua de opositores políticos y empresarios que se han refugiado en los últimos 10 o 15 años en los paraísos fiscales, para hacer daño a la economía boliviana y para eludir impuestos”.

Dos polémicas 
 
García Linera también  atacó a Página Siete por un supuesto nexo entre este periódico con empresarios que aparecen en los Panama Papers. Desde este medio, el presidente del directorio, Raúl Garáfulic, le envió una misiva de respuesta en la que aclara varios aspectos sobre las sindicaciones.  
 
"Esta es la tercera vez durante los últimos años que me veo en la obligación de aclarar públicamente informaciones erróneas sobre mi persona o sobre Página Siete que usted difunde en conferencias de prensa, las que retransmiten medios oficialistas sin contraparte ni derecho a réplica”, dice al iniciar la carta.
   

En la lista que se dio a conocer también figura ENTEL Bolivia International Limited, constituida el 5 junio de 2008 en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal. Al respecto, ENTEL, en un comunicado, informó que en 2008 el interventor Joel Flores instruyó la creación de una empresa, de manera irregular bajo el denominativo de "ENTEL Bolivia International Limited”. "Por lo que legalmente nada tiene que ver con ENTEL SA”, dice el comunicado.
 
Una de las voces que se pronunció al respecto en el Ejecutivo  fue la del ministro de Economía, Luis Arce.  "Yo entiendo por simple razonamiento que eso no involucra a nuestra empresa estatal -ENTEL nacionalizada-. Seguramente se refiere a cuando ENTEL estaba con inversionistas italianos. Son suposiciones, eso hay que investigarlo, pero por la data e información que se tiene y la temporalidad, todo parece apuntar a ello”, dijo. 
 
Con todo, el Vicepresidente anunció que se conformará una comisión en la Asamblea Legislativa con el fin de investigar si hubo o no evasión de impuestos.
 
Del lado de la oposición también hubo referencias al tema, aunque en otro sentido. Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata, afirmó: "Aquí tenemos los Achacollo Papers que son toda la lista de dirigentes masistas que recibieron dinero en sus cuentas particulares y que hasta ahora se investiga, se procesa y no se conoce los descargos que hicieron con ese dinero”.

Pregunta: ¿es ilegal?
 
Debido a la cantidad de información  que circula desde abril, cuando surgió  la polémica, una pregunta de rigor que sale a relucir es si la conformación de este tipo de sociedades, denominadas off shore, están enmarcadas en la legalidad.  
 
"El hecho que una empresa figure en los  Panama Papers  no significa delito alguno en el país de Panamá. Los bancos especializados en preservar cuentas anónimas, o los despachos jurídicos que intermedian las operaciones financieras para realizar los trámites que crean ‘empresas de papel’, son negocios reconocidos como legales en la jurisdicción de ese país”, explica el analista económico Alberto Bonadona.
 
"La apertura de cuentas bancarias protegidas para no revelar el nombre de sus propietarios, o la creación de las referidas empresas, es un negocio legítimo. Por lo tanto, tienen el respaldo de la legislación de los territorios que funcionan como paraísos fiscales y consideran a estas operaciones protegidas con medidas equivalentes al secreto bancario”, agrega.
 
Los especialistas consultados coinciden en que se debe diferenciar dos cosas: 1) que la creación de ese tipo de sociedades están enmarcadas en la legalidad; y 2) que un tema muy distinto  es el origen del dinero, que puede ser legal o no, algo que de estos casos aún no se conoce. 

Off shore, ¿qué es? 
 
El economista Carlos Schlink explica que con ese  denominativo se hace alusión a "inversiones fuera de tierra”. Y aclara que "paraíso fiscal” no es una mala palabra, sino un apelativo que se usa para referirse al lugar donde "los impuestos son bajos” por una política tributaria del país  receptor, que adopta  con el objetivo de dar  ventajas a los inversionistas.  
 
Explica que Panamá utiliza ese recurso para la creación de empresas de ese tipo  con el fin de  atraer "capitales internacionales”.  "Como en otros países los impuestos son altos, la gente se ve más atraída de crear empresas con capitales que han ido formando a lo largo de su trayectoria en Panamá, porque tienen menor cantidad de impuestos porque además tienen confidencialidad, en las transacciones financieras que realizan”, explica Schlink. 
 
Por ello, el especialista asegura que "existe una base legal, jurídica que le permite realizar esta creación de empresas a este estudio jurídico (Mossack Fonseca)”.
 
Bonadona sostiene que Panamá no es el único lugar donde hay esa clase de servicios.  "Está también Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, San Marino, Andorra, entre otros, en Europa. En el continente americano existen varios en Estados Unidos (Nevada, Delaware) como también en muchas islas del Caribe (Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Bahamas y otras más). Es prácticamente imposible encontrar una conducta ilícita en esas operaciones desde el punto de vista del país destinatario (paraíso)”, asegura.
 
¿Se evadieron impuestos? 
 
El economista Carlos Schlink  sostiene que el Estado conoce del movimiento financiero que realizaron las  95 firmas. "Si el Gobierno argumenta que la gente sacó su capital porque quería evadir impuestos no es así. La gente que sacó su capital a estos paraísos fiscales lo hizo con el aval del Gobierno, porque el Gobierno tiene una tabla de cobro de impuestos. Cuando un empresario realiza una transferencia internacional, se paga un impuestos por hacer esa transferencia de capitales”, sostiene.  
 
Agrega que aquel fenómeno se da porque "simplemente la gente no se sintió atraída de hacer las inversiones en Bolivia por los diferentes problemas que se viven en el país, como  bloqueos, falta de seguridad jurídica, mucha presión jurídica,  incrementos salariales anuales... entonces decidió llevar su capital a paraísos fiscales donde los impuestos son menores,  no tienen tantos problemas sociales”.
 
Schlink lamenta que se haya tergiversado la función  de este tipo de estudios jurídicos (como Mossack Fonseca) en usos que están relacionados con actividades criminales (lavado de dinero del narcotráfico, por ejemplo), pero considera que como en toda actividad económica del mundo " siempre existe un riesgo de que malas prácticas económicas intervengan”.
 
Evitar malas interpretaciones 
 
El economista Jorge Estenssoro considera que si se encarara un análisis de las empresas que tienen inversiones fuera del país,  lo que se debe hacer "es averiguar cuál es el origen de los fondos” y que en esa labor debe primar, antes que nada,  el criterio de "hacer las cosas bien”, con el fin de no dañar a las personas ni al país. 
 
"Esto se presta a muchas interpretaciones, a maldades,  a egoísmos, a broncas, a una serie de cosas. Hay que tener cuidado con las informaciones a medias o con el desconocimiento legal y administrativo de estos temas;  lo único que se hace es daño no sólo a las personas sino al país en su conjunto”.
 
Puntos de vista
Carlos Schlink 
Economista 
 
"De  por qué en Panamá”

Primero que nada hay que mencionar que  los Panama Papers es el nombre que los periodistas le han puesto a estos documentos que han sido publicados por un periódico alemán, en primera instancia,  y luego fueron difundidos por la comunidad de periodistas a nivel internacional, a quienes se ha entregado toda esta información de la creación de empresas en el anonimato.
 
Este recurso que Panamá utilizó para  la creación de empresas fue utilizado para la atracción de capitales internacionales. Es decir que como en otros países los impuestos son altos -en el caso de Bolivia por ejemplo tenemos un impuesto al valor agregado de un 13% y en Panamá es 6%-  la gente y las empresas se ven más atraídas a crear empresas -con capitales que han ido formando a lo largo de su trayectoria- en Panamá. La ventaja es que allí pagan una  menor cantidad de impuestos, además tienen confidencialidad en las transacciones financieras que realizan. Nada de esto es ilegal.
 
Alberto Bonadona
Analista económico 
 
"De la legalidad de los  offshore”
 
El hecho en sí mismo que una empresa figure en los Panama Papers no significa delito alguno, menos en Panamá. Los bancos especializados en preservar cuentas anónimas, o los despachos jurídicos que intermedian las operaciones financieras para realizar los trámites que crean "empresas de papel”, son negocios reconocidos como legales en la jurisdicción de ese país. 
 
La apertura de cuentas bancarias protegidas para no revelar el nombre de sus propietarios, o la creación de las referidas empresas, es un negocio legítimo. 
 
Por lo tanto, tienen el respaldo de la legislación de los territorios que funcionan como paraísos fiscales y consideran a estas operaciones protegidas con medidas equivalentes al secreto bancario. 
 
No es sólo Panamá el único lugar que cuenta con este tipo de instituciones; está también Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, San Marino, Andorra,   en Europa, entre otros países.

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