Pandora y la minería

A excepción de las operaciones de minería moderna preexistentes, el resto de la minería privada se encuentra en ruinas, señala el experto.
domingo, 29 de mayo de 2016 · 00:00
Victor Gutiérrez Flores
Diputado por UD
 
Dice  la mitología griega que Prometeo creó al hombre contra la voluntad de su padre Zeus, y para proteger a la humanidad guardó en una caja todas las calamidades del mundo; pero Pandora, mujer hermosa hecha de barro por Vulcano a instancias del vengativo Zeus, abrió la caja de donde escaparon las calamidades, quedando en la caja únicamente la "esperanza”, que ha sido interpretada por diversos autores como una virtuosa muletilla ante el descalabro. Sin embargo, para el filósofo alemán Nietzsche, la esperanza es la  peor de las calamidades de la caja pues prolonga la agonía y el sufrimiento del hombre.

Son cinco  años y  cinco meses -desde que se dictó del D.S. 00726 del 10 de diciembre de 2010- que los operadores mineros carecen de marco jurídico, y dos años de negligencia sectorial  para la migración de las ATE hacia contratos mineros.  
 
Haciendo un paralelismo con la mitología, un día un "arcaico” caballero vengador abrió la caja de Pandora quitando el marco jurídico a la minería, sin tener otro marco en sustitución, y menos la capacidad para gestar un nuevo paradigma minero. Sólo quedó la "esperanza” del respeto a los derechos preconstituidos otorgados por la Constitución Política del Estado,  pero el caballero "arcaico y vengador” nos viene diciendo que la "esperanza” es la que entiende Nietzsche, el peor de todos los males.   
 
La nueva Constitución Política del Estado CPE entrada en vigencia desde el 7 de febrero de 2009, declara en sus artículos 348, 349, y 371 la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales, bajo control del Estado, y el respeto a derechos mineros preconstituidos, bajo la obligación de los entonces concesionarios de migrar a contratos mineros, pero también reconoce la participación de operadores mineros privados locales y/o extranjeros en la cadena productiva del sector minero; al igual que establece que los contratos mineros no son transferibles, y no son sujetos a sucesión hereditaria.
 
El DS 00726 del 10 de diciembre de 2010 eliminó desprevenidamente el marco jurídico de la anterior Ley Minera No 1777 al modificar el estatus de los de las "concesiones especiales” (ATE), sin marco jurídico específico sustitutivo, supuestamente por un corto periodo de tiempo hasta la promulgación de una nueva ley minera. Sin embargo, esa nueva Ley Minera promulgada  el 14 de mayo de 2014, tres años y cinco meses después del D.S. 00726, no resolvió la precaria existencia de las ATE, ya que se dejó a las controvertidas autoridades sectoriales la potestad de elaborar el contrato minero, que interprete los derechos preconstituidos de la CPE, donde se expliciten con claridad  los derechos y obligaciones de los operadores mineros; contrato que después de dos largos años aún no se ha hecho manifiesto.
 
Como todos sabemos, la minería requiere de elevadas inversiones, y su financiamiento tiene como condición imprescindible la seguridad jurídica. Las hoy precarias ATE han provocado por más de cinco años la suspensión de los flujos de financiamiento e inversión al sector minero con las calamidades consecuentes, incluyendo las incoherentes reversiones impulsadas por el DS 1801.     
 
A excepción de las operaciones de minería moderna preexistentes  como San Cristóbal y San Bartolomé,  que con la crisis de precios de los minerales sobreviven gracias a  su acceso al financiamiento externo, el resto de la minería privada se encuentra en ruinas.   Para muchos de los asesores arcaicos, ese debe ser un logro más que un fracaso; sin embargo, tampoco se ha producido un resurgimiento de la minería estatal que active la economía del occidente boliviano.

Avatares de la minería estatal 
 
La propuesta  de constituir a la minería estatal como eje central del desarrollo minero no ha prosperado después de nueve años, a pesar de los ingentes recursos que se han asignado a proyectos estrella de las empresas Huanuni, Vinto, Karachipampa.   
 
Huanuni ha perdido, en la gestión 2015,  17,8 millones de dólares por los excesivos costos operativos  y hasta la fecha ha fracasado en sus esfuerzo por triplicar la producción de 1.000 a 3.000 TMD, con la inversión de   50 millones de dólares en la planta  Lucianita construida por la empresa china Vicstar Union Enginering, que desde su inauguración en febrero de 2015 no puede ser operada  por falta de alimentación de minerales, por carecer de un sistema de captación y recuperación de aguas, y por no haberse construido un dique de colas.   
 
La planta de fundición de Vinto operó hasta antes de la inauguración del horno Ausmelt con una  capacidad anual de 9.000 toneladas de estaño metálico. El nuevo horno, implementado en seis largos años con una inversión de  50 millones de dólares, habría adicionado una capacidad anual de 15.000 toneladas de procesamiento, con lo cual la capacidad efectiva  de la fundición sería de 24.000 toneladas por año. En contraste, la producción anual de estaño en Bolivia no ha superado las 12.000 toneladas, demostrando la innecesaria inversión en el horno Ausmelt que además explotó al poco tiempo de su puesta en marcha.
 
Desde la inauguración de Karachipampa, en enero de 2013, la fundición dejó de operar 34 meses después y el poco tiempo que operó lo hizo muy por debajo de su capacidad. Actualmente genera pérdidas de   3,0 millones de dólares por año.  Para su rehabilitación se invirtieron  12 millones de dólares, y como capital de operación   50 millones de dólares mayoritariamente para la compra de 11.000 tons  de concentrados de plomo-plata. Por falta de procesamiento y la caída posterior de los precios, esos inventarios perdieron valor en un 44% por monto equivalente  de   14  millones de dólares; sumando una pérdida total de  17 millones de dólares.

Luego del fracasado proyecto de Jindal  se optó por un proyecto siderúrgico  más pequeño a un costo de $us 420 millones para producir aceros no planos aptos para la construcción local; y para el desarrollo del litio se aprobó un presupuesto de  600 millones de dólares, que de acuerdo a algunos criterios debería costar sólo un 30% de ese monto, en función a sus objetivos y alcances. Más adelante haré un análisis profundo sobre estos dos proyectos que son un anhelo nacional.  

Retornar a la esperanza

No se puede seguir de tumbo en tumbo, es hora de retornar la esperanza efectiva a la minería; que las autoridades sectoriales hagan una lectura correcta de lo acontecido en el sector minero en los últimos nueve años. A partir de esa lectura impulsar políticas públicas que redunden en beneficio del Estado y de los operadores mineros.
 
El desarrollo de la minería boliviana debe ser producto de un esfuerzo compartido de la minería estatal, cooperativas mineras y minería privada; desarrollo que debe dejar al país réditos significativos por la explotación de sus recursos naturales no renovables, como ser divisas, impuestos, empleos, demanda agregada, desarrollo regional y protección de nuestras fronteras.
 
Un golpe de timón como el referido en mi análisis del  10 de abril reciente en Ideas, debería colmar las necesidades del sector minero, con una actitud pro positiva del Ministerio de Minería y Metalurgia, su brazo ejecutor el AJAM, y los asesores arcaicos, de  manera que la interpretación de Nietzsche sea borrada de la mente torturada de los operadores mineros.

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