Discapacitados

Dependencia no es dignidad

La política social destinada a este sector debe abarcar una integralidad entre la asistencia y la generación de oportunidades, apunta Tarifa.
domingo, 8 de mayo de 2016 · 00:00
Pamela Tarifa
economista y funcionaria del Ministerio de Economía
 
En días anteriores llamó mi atención un artículo publicado por Gonzalo Chávez titulado "Los condenados de la Tierra”, en el cual se refiere a las personas con discapacidad haciendo alusión a la falta de acuerdo entre una parte de este sector, que se encuentra movilizada exigiendo un bono mensual de 500 bolivianos, y el Gobierno nacional.
 
Para empezar, debe tomarse en cuenta que se pide un incremento del 500% al monto que actualmente se destina a esta causa. Recordemos que a partir de la gestión 2012, las personas con discapacidad (grave y muy grave) reciben un bono anual de 1.000 bolivianos. Cabe destacar que esta medida se implementó a expensas de los recursos que anteriormente se otorgaba a los partidos políticos para que estos puedan financiar sus campañas.

Chávez menciona una serie de fuentes para financiar la demanda de las personas con discapacidad (cuyo costo es de  600 millones de bolivianos por año). Las mismas no cuentan con una mínima fundamentación lógica, estadística ni legal, puesto  que se manejan datos sesgados que no brindan un panorama completo de la realidad.
 
Se propone, por ejemplo, la reducción de gastos en la propaganda que difunde el Ministerio de Comunicación.
 
Esta propuesta es particularmente interesante, puesto que resulta idealista pensar que podría destinarse recursos que se usan de manera circunstancial y que obedecen a etapas de gestión, para financiar un bono que lógicamente debe ser sostenible (no olvidemos que una vez implantado el bono, este se constituiría en un derecho adquirido, que no puede ser revertido), tomando en cuenta que el crecimiento vegetativo de este grupo poblacional ha sido considerable en estos últimos años. En buen romance, el gasto por publicidad puede reducirse en cualquier momento, una renta no. Los economistas los llaman "gastos pegajosos”, una vez que los implantas no los puedes revertir. Lo cual puede generar a la larga, problemas fiscales pavorosos.
 
Lo mismo ocurre con la propuesta de detener  la construcción de obras de infraestructura para financiar el bono. Pretender trasladar los recursos que usas una vez (el costo de la construcción del palacio no es un gasto recurrente), para financiar un bono que debe sostenerse indefinidamente en el tiempo.
 
Por otra parte, el autor propone el no pago de sueldos y salarios a determinadas personas que trabajan en el sector público, constituyéndose esta propuesta en una vulneración a derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. Todo trabajo debe ser remunerado.
 
La propuesta más temeraria es destinar parte de los recursos de Inversión Pública para financiar Gasto Corriente. No es preciso ser estudioso en economía para entender que esta afirmación contradice criterios básicos sobre la correcta administración de una economía. Para crecer se debe invertir, no hacerlo con el fin de ganar aplausos en el corto plazo no es el camino más aconsejable.
 
La política social destinada a este sector debe abarcar una integralidad entre la asistencia y la generación de oportunidades. Si se prioriza una posición asistencialista (como se pretende actualmente), sería dar por hecho que estas personas carecen de capacidad productiva y profesional, y que es imposible su inclusión al mercado laboral, lo cual no es cierto.
 
Las personas con discapacidad merecen vivir con dignidad;  sin embargo,  el asistencialismo propuesto crea una clara situación de dependencia, que en ningún momento promueve la dignidad.

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