Análisis

Fronteras vivas y la minería

Si no se adoptan medidas, nos exponemos a que los recursos no explotados hoy por Bolivia sean explotados el día de mañana por terceros países, como sucedió con el guano, el salitre y el cobre.
domingo, 8 de mayo de 2016 · 00:00
Víctor Gutiérrez F.
diputado nacional por UD.
 
Para  el exgeneral brasileño Couto e Silva el concepto de fronteras vivas se resume en que si de un lado existe un país con alta densidad demográfica y desarrollo económico y al otro lado un país de escasa población y pobre, la frontera no existe. En tanto que para Álvaro Teixeira Soares, exjefe de la División Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su libro Historia de la formación de las fronteras de Brasil, afirma que la frontera es un concepto dinámico que avanza y retrocede según las circunstancias, siendo algo vivo que ejerce presión natural sobre la frontera económica y demográficamente más débil.

Hago esta introducción, porque la geopolítica de las fronteras vivas ha sido esgrimida por militares brasileños y chilenos en los últimos 50 años, estos últimos que desde el gobierno de Augusto Pinochet hoy siguen ejerciendo indiscutible influencia en la visión de las sucesivas cancillerías de Chile sean socialistas o de corte neoliberal. 
 
La instalación de una base militar "Patrulla Cariquima” región de Tarapacá a 16 km de la frontera boliviana, dentro de un plan estratégico del Ejército de Chile, es coherente con la política armamentista del país vecino, que en el periodo 1999-2013 hizo compras de armamento por  65.900 millones de dólares, y coherente con las advertencias  del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG), con sede en Canadá, el mismo que publicó un extenso informe donde advierte que Chile ha decidido armarse para convertirse en una potencia militar hegemónica en América Latina, y defender sus intereses económicos.  
 
Es también coherente con la crisis de suministro de agua que experimenta la minería de Chile, y con recurrentes gestiones de personeros del país trasandino para hacer importantes donaciones para la perforación de pozos en el altiplano boliviano, para generar excedentes  y no quede otra alternativa a las comunidades indígenas  que vender esas aguas excedentarias  a la minería chilena.  Sin duda que el altiplano es uno de los reservorios más importantes de agua de nivel mundial, y como señalan los expertos la crisis del agua por el calentamiento global será la causa de muchos conflictos futuros. 
 
En fecha 10 de abril de 2016  expuse en Ideas mi preocupación por la depresión de la minería en el occidente de Bolivia ocasionada por los precios internacionales  y por una política minera del perro del hortelano, que viene ocasionando el despoblamiento del altiplano boliviano, con énfasis en las zonas fronterizas de sudoeste. Lo anterior en contradicción inexplicable con la acertada política marítima de Bolivia ante la Corte de La Haya.
 
Esa política minera se ilustra con claridad meridiana cuando funcionarios sectoriales expresan con impavidez que ya se revirtieron 700 ex concesiones mineras ATE aplicando un instrumento eficaz como el DS 1801, y que dicho instrumento perdería aplicabilidad con la migración de las ATE hacia contratos mineros. Que convenía demorar el proceso de migración para continuar con un disimulado e imperceptible proceso de estatización. ¡Eureka!, al parecer esta era la madre del cordero para la no aprobación de nuevos contratos y  para la diferida aprobación de un nuevo modelo de migración de las eternas y desprotegidas ATE. De ser evidentes esas expresiones, estaríamos haciendo un flaco favor al desarrollo minero del país, vulnerando además los preceptos de la CPE y poniendo en riesgo nuestra soberanía.
 
Como señalé en el análisis del 10 de abril pasado, lo único que ha funcionado en el sector  han sido  las reversiones en desmedro del equilibrio regional, y la defensa de nuestras fronteras; cuando entre tanto se han mantenido a los operadores mineros en el limbo con Autorizaciones Transitorias (ATE) por más de cinco años, autorizaciones que jurídicamente no ofrecen ninguna seguridad y, por tanto, no hace a los operadores mineros sujetos de financiamiento o de atracción de inversiones; a los cuales además  después de asfixiarlos y ponerlos en estado de coma en un contexto de bajos precios internacionales se les da irónicamente la última estocada con la reversión de sus derechos por haber paralizado actividades por más de un año. 
 
De una inicial declaración de reserva fiscal de los recursos naturales de todo el territorio en el año 2007, se inició un proceso gradual de distensión, dando más espacio a la minería privada, la CPE reconoció los derechos preconstituidos del anterior sistema; pero el proceso se detuvo abruptamente luego de la promulgación de la Ley Minera 535, ya que no existe reglamentación para asociación entre privados, pero además desde hace 23 meses el AJAM no ha producido un modelo de contrato  que dé seguridad jurídica y respete derechos preconstituidos para la migración de las ATE; demora que se atribuye a quienes quieren seguir usando el DS 1801  como instrumento draconiano para revertir y estatizar  a ultranza derechos mineros, fuera de la normas y procedimientos consensuados de la Ley 535.
 
Entre tanto, la minería boliviana se ha postergado en tecnología e inversión en los últimos años.  El desarrollo minero de Bolivia ha perdido peso específico a nivel  regional.
 
Sin ir lejos, la minería en países como Perú y Chile  han generado ventas de  30.000 y  50.000 millones de dólares anuales, respectivamente, en la última década, con inversiones cuantiosas. Bolivia con un territorio inexplorado, pero con recursos mineros equivalentes, no ha vendido en la última década  más de  4.000 millones por año, que además irán declinando aun más de no darse un significativo golpe de timón. 
 
El atraso tecnológico es alarmante, se suprimió al extremo el único centro de investigación minero metalúrgico de la ciudad de Oruro, las universidades de La Paz, Oruro y Potosí carecen de estudiantes en las carreras de geología, minería y metalurgia, y los mejores profesionales han emigrado al extranjero con una pérdida sensible de capital humano. 
 
Las políticas expansionistas de países vecinos, con multimillonarias compras de armas, sólo podrán ser contrarrestadas con políticas certeras e inteligentes que incentiven la inversión y  poblamiento de nuestro territorio. El único sector de nuestra región occidental que tiene gran impacto económico y dinamismo es el sector minero.  Si no se adoptan medidas, nos exponemos a que los recursos no explotados hoy por Bolivia sean explotados el día de mañana por terceros países, como sucedió con el guano,  el salitre y el cobre. 
 
Lamentablemente la política minera reciente ha sido desacertada  y sus efectos vienen generando malestar social en las regiones productoras del occidente boliviano, principalmente de Potosí y Oruro, y la pérdida de peso especifico respecto al desarrollo vigoroso de la región oriental; peor aun es el evidente despoblamiento del occidente  y la migración al oriente, ante la mirada ávida de países vecinos. No reconocer esta realidad sería lamentable. 
 
Mientras que en Chile prevalece la defensa de la soberanía con una posición invariable de los gobiernos de izquierda o derecha, socialistas o neoliberales, en Bolivia siguen primando las posiciones dogmáticas sin horizonte, que por perjudicar a un sector o sectores de la minería, están abriendo el ARCA y se está poniendo en riesgo nuestra soberanía. No debemos olvidar que la geopolítica de las fronteras vivas es parte vigente de las solapadas políticas expansionistas del hemisferio oeste.

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