Política

Inconstitucionalidad, ilegalidad de la propuesta prorroguista

¿Puede haber disposición más clara y categórica sobre el carácter vinculante y de vigencia inmediata y obligatoria de los resultados de un referendo?, pregunta Ricardo Calla.
domingo, 26 de junio de 2016 · 00:00
 
Ricardo Calla Ortega
Sociólogo
 
Contrarios a aceptar la lapidaria derrota del Sí en el referendo del 21 de febrero (21F) -quizás porque saben o intuyen que cuando dejen de ser el poder gubernamental podrían terminar enfrentando distintos juicios de responsabilidades y hasta incluso la eventualidad de la cárcel-, los dos titulares del régimen del MAS, Morales Ayma y García Linera, han optado por un incierto y cada vez más desesperado intento de desconocer los resultados del 21F, impulsando la peregrina idea de llevar a cabo  -ya sea en 2017 o en 2018- un nuevo referendo o, alternativamente, una reforma de la Constitución Política del Estado  (CPE), para lograr su repostulación/reelección en 2019. 

La idea de desconocer la voluntad del soberano expresada en el referendo del 21F constituye una de las transgresiones más peligrosas y desinstitucionalizadoras hasta ahora intentadas por parte del régimen gobernante contra la democracia  y el Estado de derecho en Bolivia. La gravedad de este abusivo intento no se puede exagerar: se trata de un intento a la vez inconstitucional e ilegal por parte del gobernante MAS que, de prosperar, demolerá los restos del ya muy derruido ordenamiento democrático institucional del país, un orden venido abajo y ya en crisis por obra de la despótica y corroída cúpula del grupo en el poder hoy alojado en el Palacio Quemado.

Hay que anotar, con todo el vigor posible, que el voto emitido por el soberano en el referendo del 21F se realizó en el marco de y con base en los derechos políticos que la CPE vigente le reconoce a la ciudadanía de Bolivia como parte, además, de sus derechos fundamentales. Así se colige de modo claro y evidente del artículo 26 de la Sección II referida a los Derechos Políticos correspondiente al Capítulo Tercero sobre Derechos Civiles y Políticos del Título II Derechos Fundamentales y Garantías de la actual CPE. Dicho Artículo 26 en su Parágrafo I señala que:

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes…

Para dejar instaurado con total nitidez el derecho a la participación política que la CPE les reconoce a las ciudadanas y ciudadanos de Bolivia, el Artículo 26 de marras especifica en su Parágrafo II que:

II.  El derecho a la participación comprende: 

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y la ley.

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos...

Como se ve, la CPE reconoce a los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia el derecho fundamental a participar en la "formación, ejercicio y control del poder político”,  a través de la "organización” y el "sufragio”. La CPE reconoce así, entre otros, algo capital a la ciudadanía: el derecho al sufragio, como derecho fundamental. Ahora bien, dada la aviesa intención del MAS de desconocer la votación del 21F, no está por demás recordar y remarcar que cuando la CPE se refiere al derecho al sufragio no se está refiriendo simplemente al acto de introducir un papel cualquiera en un ánfora, sino al derecho de que el voto -el papel introducido con carácter constitucional y legalmente vinculante en el ánfora por las ciudadanas y ciudadanos- sea reconocido, asumido y respetado, tras el escrutinio,  como expresión de la voluntad del soberano. 

Siguiendo a la CPE vigente -que no deja duda alguna al respecto-, el derecho político al sufragio, un derecho fundamental, es un derecho que no se puede desconocer en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto o motivo. Se trata de un derecho que se inscribe en el corazón mismo de las bases fundamentales del Estado boliviano definidas e instituidas por la CPE, cuyo Artículo 7 -correspondiente al Capítulo Segundo sobre los Principios, Valores y Fines del Estado, del Título I de la Primera Parte de la Constitución- dispone que: 
 Art.7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma  directa y delegada… es inalienable e imprescriptible. 

No podría haber disposición más clara y precisa sobre el carácter constitucionalmente inalienable e imprescriptible de la soberanía del pueblo de Bolivia, soberanía que -como también lo especifica la CPE de modo categórico- se ejerce y expresa a través del sufragio. El sufragio es efectiva y específicamente el derecho instituido por  la CPE a través del cual la soberanía del pueblo "se ejerce de forma directa…” ya que, como dicta el Artículo 26 de la CPE ya citado, el sufragio es el medio con el que cuentan las ciudadanas y ciudadanos para "participar (…) directamente” en "…la formación, ejercicio y control del poder político”. La voluntad soberana, lo manda la CPE, es "inalienable e imprescriptible”, y el instrumento político constitucional y legal con el que cuenta el pueblo para ejercer de forma directa su soberanía es justamente el sufragio, que tampoco puede prescribir y ser alienado, ya que es el medio fundamental de la expresión directa de la voluntad soberana.
La CPE no puede ser más terminante respecto del supremo valor constitucional y legal del sufragio en el ordenamiento jurídico que ella instituye y rige: la soberanía del pueblo ejercida de modo directo a través del voto es imprescriptible, no caduca. El sufragio emitido No prescribe ya que es el medio a través del cual es ejercida la soberanía popular.  

Pero más aún, el sufragio emitido debe ser protegido y respetado por el Estado. Así, para no dejar sombra de ambigüedad alguna en torno a tan importante materia, la CPE remarca, en el Capítulo Primero de Disposiciones Generales de su Título II sobre los Derechos Fundamentales y Garantías, que:

Art. 13. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

Lo que significa que el derecho al sufragio -siendo el sufragio el medio por excelencia para el ejercicio de la soberanía del pueblo- es inviolable, y los resultados de un sufragio -inalienables e imprescriptibles por ser la expresión más nítida de la voluntad soberana-, deben ser, por mandato de la propia CPE, protegidos y respetados por el Estado. Por ello, la inconstitucional e ilegal idea promovida por la cúpula del MAS de desconocer los resultados del sufragio en el referendo del 21F resulta escandalosa y tendiente a lo delictivo.
 
Morales Ayma y García Linera, al alentar el desconocimiento del voto constitucionalmente inalienable, imprescriptible e inviolable del 21F, apuntan a tal atentado y violación constitucional que han terminado por autocolocarse al filo de una grave figura delictiva pasible de ser en el futuro materia de otro juicio de responsabilidades en su contra. 

 En todo caso, para enfatizarlo, si el régimen del MAS -al pretender anular el derecho político al sufragio desconociendo el voto emitido por los bolivianos y bolivianas el 21F-, apunta a cometer un gravísimo y evidente acto de inconstitucionalidad, además se muestra instigando una muy gruesa apuesta por la ilegalidad.
 
Encaminándose hacia una abierto trance de criminalidad política e institucional, el binomio prorroguista no muestra mínimos reparos en revelar una y otra vez su disposición a llevarse por delante y  atropellar el Artículo 15 de la Ley 026 del Régimen Electoral vigente que a la letra dispone que:

Art. 15. (CARÁCTER VINCULANTE). Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación.

¿Puede haber disposición más clara y categórica sobre el carácter vinculante y de vigencia inmediata y obligatoria de los resultados de un referendo? ¿Cómo es posible que el binomio prorroguista Morales-García no entienda el riesgo que corre al inducir en el MAS la ilegal idea de desconocer el referendo del 21F? ¿Qué mueve al binomio? ¿Ambición? ¿Miedo? ¿Propensión psicológica estructural hacia el desconocimiento de la ley? ¿No mide el binomio prorroguista el peligro legal en el que se pone? Alguien debiera avisarles…

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