El sobaco de la víbora

Callados nomás...

domingo, 3 de julio de 2016 · 00:00
Machi Mirón

La semana pasada, un juez de Santa Cruz nos sorprendió al anunciar un proceso judicial por la vía ordinaria contra la redactora y el director de un diario de circulación nacional por una supuesta difamación pese a que, por ser un caso periodístico, sólo debía regirse por la Ley de Imprenta.      
                               

De acuerdo con  ciertas autoridades de Gobierno, la decisión de dicho juez para eludir dicha ley fue asumida porque quien realizó la nota no tiene título de periodista, por lo que supuso que la mejor vía para el caso era la ordinaria, aunque no aclaran si el otro acusado tampoco cuenta con este requisito.                     

Nunca supe que para realizar un trabajo periodístico sea imprescindible contar con un título en comunicación, pues la Constitución subraya como derecho de todo boliviano, expresar y difundir sus pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, sin referirse a título alguno.                 

Tampoco sé de alguna ley que prohíba que un trabajo periodístico lo realice alguien que no cuente con el título que avale tal práctica. En realidad, siempre bastó remarcar que dicho trabajo debe ser regulado por los códigos de ética y principios de responsabilidad y veracidad que exige la Ley de Imprenta.                           

Por todo ello, es percepción generalizada que -pese a que el caso no se refiere a tema político alguno- la intención de dicho juez es, de alguna manera, abrir un precedente para eludir la vigencia de la Ley de Imprenta en temas que, en cierta manera interesen a ciertos sectores políticos.                               

Ya don Álvaro García Linera, en sus intentos de justificar la derrota del 21 de febrero, se refirió hace algunas semanas a cierta "mafia mediática” que habría tramado el ya afamado culebrón, para desprestigiar al supremo don Evo por lo que no faltó un juez que convocara a algunos periodistas y medios.       

La intención era iniciar una acción penal por delitos e injuria que dañan la sacra imagen del mandatario. La intención no prosperó, pues frente a ella emergió la Ley de Imprenta, pese a la idea de la ministra Paco que niega que una ley que data de 1925 pueda tener vigencia alguna. 

Pero claro, contra todo lo que algunos sectores gubernamentales pretenden hacer suponer, la Ley de Imprenta -pese a su nombre- tiene la fresca vigencia de toda norma ética que marca las condiciones en las que debe practicarse el oficio mediático, para fortalecer todo proceso democrático.    

La postura del "proceso de cambio” frente a esta realidad no es nueva;  ya en 2002 sufrimos las manipulaciones del gobierno del general Banzer, para lograr el cierre de Presencia. Todo me trae a la memoria a ese personaje radiofónico (si mal no recuerdo de don Cacho Mendieta) que advertía: "tú, callaaaru, nomás”.

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