Análisis

Debate sobre la ley de arbitraje

El autor explica el aporte de esta normativa en la solución de controversias.
domingo, 14 de agosto de 2016 · 00:00
Marco Lazo de la Vega  abogado y árbitro.

 

El 25 de junio de 2016 la Ley No. 708 de Conciliación y Arbitraje cumplió un año de vida.   Este importante suceso podría generar la equivocada percepción de que el arbitraje comercial en Bolivia es un instituto nuevo, o que es producto exclusivo de la modernidad.  Sin embargo, el arbitraje encuentra lejanos orígenes no sólo en el Código de Procederes del año 1832 y en el Código Mercantil de 1834, ambos promulgados por el general Andrés de Santa Cruz, sino en la misma legislación colonial, como puede observarse en las leyes de las Partidas, la Nueva y Novísima Recopilación.  

También existen antecedentes claros sobre la regulación del arbitraje en el Fuero Juzgo de la Edad Media, y en el Digesto del Derecho Romano.  Incluso el derecho eclesiástico, ha reconocido ampliamente el arbitraje a través de la historia.  Más aún, el concepto de asignar a un tercero la solución de una controversia (heterocomposición dispositiva), es probablemente tan antiguo como el mismo sistema judicial tradicional.

El arbitraje es un procedimiento legal, flexible y eficiente, por el cual las partes en disputa nombran voluntariamente a ciertas personas idóneas, para que éstas asuman la calidad de árbitros, y así ejerzan facultades jurídicas para resolver las controversias civiles y/o comerciales entre las partes.  Los árbitros emiten un laudo que dirime definitivamente el conflicto.  El laudo posee el mismo valor que una sentencia judicial, con la interesante ventaja que no puede ser apelado, su dictamen es inmodificable.     

Es importante reconocer que si bien el arbitraje tiene larga data en la legislación boliviana y que ha sido objeto de amplio estudio al interior de nuestro sistema jurídico romano-germánico-francés, la evolución del mismo en términos absolutos, ha denotado más bien, resultados parciales.  Esto ha marcado una distancia entre la aspiración de generar un eficiente medio alterno de solución de controversias, y la mejora sustancial en el tratamiento de la conflictividad jurídica boliviana.  

Algunas de las causas que han limitado la evolución del arbitraje en Bolivia han sido la deficiente redacción de la incipiente normativa republicana; y posteriormente, la judicialización perniciosa de su procedimiento, la injerencia política del Estado y la torpeza o desconocimiento de sus potenciales virtudes por parte de jueces, abogados y partes.  Existe la esperanza de que no transcurran demasiados aniversarios de  la ley para superar tales causas que impiden el franco mejoramiento del arbitraje en nuestro país. 

En todo caso, al ser producto de la industria humana, la nueva Ley de Arbitraje contiene aciertos y desaciertos.  En este primer aniversario, cabe resaltar únicamente algunos aspectos positivos, dejando en suspenso el análisis de las inconsistencias metodológicas y filosóficas de esta lege nova.  

Destaca, entonces, la consistencia del legislador nacional, en mantener incólume el respeto a la inderogable libertad de los ciudadanos, quienes a través de la autonomía de la voluntad expresada en una cláusula o convenio arbitral, mantienen la facultad de elegir al arbitraje como un medio de administración de justicia alterno al estatal.  Asimismo, se respeta el derecho constitucional a la propiedad privada, puesto que se garantiza el ejercicio del ius dispositivum de las partes, quienes renuncian al fuero judicial, para obtener a través de un laudo arbitral, la solución de sus controversias, emergentes de una relación contractual o extracontractual. 

Asimismo, en procura que el arbitraje sea un instrumento ágil, eficiente e idóneo, la  Ley protege los principios de audiencia, contradicción e igualdad, que son de básica observancia en la ecuanimidad jurídica del arbitraje.   Así también, la norma reconoce el uso de tecnologías de comunicación y restringe al mínimo los incidentes y las vías judiciales de impugnación, que son más de las veces, tan sólo medios dilatorios empleados por deudores de mala fe.  

En todo caso, la Ley 708 mantiene el derecho fundamental de acceder al control judicial, consagrado en el Art. 115 de la Norma Normarum, ya que existe el recurso de nulidad contra el laudo arbitral, que protege el origen, desarrollo y culminación del arbitraje, frente a irregularidades que menoscaben la misma voluntad de las partes, o que vulneren el mandato de ciertas normas de orden público.    

Otro aspecto positivo es la incorporación de la figura del árbitro de emergencia.  El cual tiene la facultad de resolver la procedencia de medidas cautelares y preparatorias, o solicitarlas a la autoridad judicial, en forma previa al nombramiento de los árbitros definitivos que decidirán la solución de la controversia en última instancia.  
La Ley promociona y da preferencia a la práctica de la conciliación, como un mecanismo incluso más simple y expedito que el mismo arbitraje, mediante la cual las partes en conflicto gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.

A tiempo de consolidar la existencia del arbitraje y la conciliación como medios alternos de solución de controversias, la Ley regula por primera vez las controversias entre el Estado y las inversiones bolivianas.  
 
Igualmente, reconoce los laudos arbitrales extranjeros y abre mecanismos adjetivos e interpretativos para canalizar la sustanciación del arbitraje de inversiones, bajo la condición que el mismo sea nacional, es decir que tenga como sede Bolivia.  De esta manera, se brindaría un mecanismo adicional de protección a las inversiones en nuestro país. 

Finalmente, no existe ley perfecta, sino la voluntad en buena fe de aplicarla ecuánime y apropiadamente.
 
 Solucionar conflictos en forma eficiente, evitar burocracias judiciales, lograr una sociedad más justa y armoniosa, son objetivos de la Ley.  Pero son tareas y desafíos exclusivos de los operarios y administradores de justicia.

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