El sobaco de la víbora

Un defensor al ataque

domingo, 14 de agosto de 2016 · 00:00
 Machi Mirón

 La noticia –si bien previsible– no dejó de sorprender. El Defensor del Pueblo resolvió el despido de más de un centenar de trabajadores de planta en dicha institución, lo que podríamos considerar como algo que, en materia laboral, siempre se consideró una simple y llana "masacre blanca”.                                               

No descarto que parte de los despedidos eran funcionarios que ya estaban allí durante la gestión de doña Ana María Campero, a fines de los años 90, lo que permite suponer que el nuevo Defensor apunta a disolver la estructura institucional sólida y ejemplar que ya entonces comenzó a erigir.                              

Siempre supuse que una de las debilidades orgánicas más dañinas para el país es el principio que dispone que, para trabajar en la administración pública, es condición sine qua non ser militante del partido que está en el Gobierno, por lo que no interesa el nivel moral y funcionario de quien ocupará un cargo.                              

Ya en los años 80 y 90, dos semanas antes de asumir un nuevo presidente, miembros de su partido, que además fueron parte de la campaña electoral, se posesionaban en ministerios y oficinas públicas para presionar a quienes –por ser parte del partido saliente– debían abandonar su fuente laboral.    

Los partidos sacan de tal medida infinito provecho, desde exigirles un "aporte partidario” que beneficiará a sus dirigentes, hasta contar con gente que debe participar en actividades que beneficien al partido. La capacidad ética y funcionaria, son allí elementos prescindibles.                                      

Durante el proceso de la revolución de 1952 los funcionarios públicos incluso debían realizar rondas nocturnas que incluían allanamientos de domicilios de opositores. Imagino casos de funcionarios que corrían el riesgo de –en una de sus rondas– tener que irrumpir en casa de algún pariente cercano.      

La situación de la institución más digna de las creadas al retorno del régimen democrático, lleva a preguntarnos si los objetivos del nuevo defensor son los de hacer de ella un lugar que albergue sólo a militantes de su partido. La nominación de representantes en La Paz y Cochabamba así lo certifica.                               

No olvido que en la asunción al cargo del anterior Defensor del Pueblo, el Presidente había expresado su deseo de crear al "Defensor del Gobierno”, olvidando que la creación de la Defensoría del Pueblo se dio para proteger al ciudadano común de eventuales abusos de quienes los gobiernan.      

Parece que el nuevo defensor quiso hacer realidad el sueño de don Evo, tomando en cuenta la máxima futbolera de "no hay mejor defensa que un buen ataque”, aunque para ello deba manejar a las patadas la institución que, se supone, fue creada sólo para beneficio del ciudadano de a pie. 
 

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