Matasuegra

Verdad siniestra

El Gobierno seguirá recurriendo a la difamación para sostener el relato oficial de que toda crítica al Gobierno es fruto de una conspiración de la derecha para dañar a Evo y, por ende, al país, dice Camacho.
domingo, 14 de agosto de 2016 · 00:00
Willy Camacho escritor

 

 

Recientemente, el exministro Hugo Moldiz declaró que los opositores pretenden generar confusión y dañar la imagen del Gobierno nacional con el caso de corrupción del Fondo Indígena. Según el señor Moldiz, estaría ocurriendo algo similar a lo del caso Zapata, en el que, al final, la verdad salió a la luz y se descubrieron las mentiras con las que se dañó no solamente al presidente Morales, sino al país en su conjunto. Vale decir que don Hugo cree que en el caso Fondioc hay más bulla que nueces.

En general, ese ha sido el relato oficial: todo lo dicho sobre el caso Zapata fue mentira, con la única intención de perjudicar a don Evo   o, peor aún, de perjudicar a Bolivia, pues este país prácticamente podría desaparecer si Morales no continúa en la presidencia. Sin embargo, no se ha iniciado un proceso judicial por difamación contra Carlos Valverde, el periodista que comenzó la sarta de supuestas mentiras. ¿Qué raro, no?

Bueno, no es tan extraño si consideramos que la información revelada por Valverde es cierta: Gabriela Zapata y Evo Morales fueron pareja, y fruto de esa relación tuvieron un hijo. La denuncia sobre tráfico de influencias es sólo eso, una denuncia, que no cabe calificarla de verdad o mentira, sino investigarla seriamente y con transparencia (cosa que, en mi opinión, no se hizo).

Así, la verosimilitud del relato oficial no tiene más fundamento que la suplantación del hijo en una audiencia. Y eso es un delito que, obviamente, debe ser juzgado, pero que no implica la falsedad de todo lo demás, ni tampoco justifica la deficiente investigación que la comisión parlamentaria realizó sobre el supuesto tráfico de influencias que habría beneficiado a la señora Zapata.

Por lo tanto, ningún periodista puede ser demandado por difamación en lo que concierne al caso Zapata, es lógico; en cambio, muchos periodistas sí podrían acudir a tribunales para demandar a las autoridades que los han acusado de integrar una "mafia mediática-política”, tal como aseveró el vicepresidente García Linera: "...una rosca de medios de comunicación mentirosos y unos políticos traficantes hicieron el peor engaño de la historia de Bolivia. No engañaron a Evo, engañaron a Bolivia”.

De igual forma, varios representantes del oficialismo (ministros, diputados y senadores) se han referido a ciertos periodistas y medios de comunicación empleando los términos "mafiosos” y "delincuentes”, amparados en el poder casi ilimitado que actualmente posee el MAS. Aunque lo nieguen, es evidente que todos los órganos del Estado están controlados, directa o indirectamente, por la cúpula masista, y eso les da carta blanca para decir cuanto se les antoja, sin temer consecuencia alguna, pues están seguros de que ninguna demanda en su contra podría prosperar.

Los periodistas y medios afectados por las iracundas y difamatorias afirmaciones del vicepresidente o del Ministro de la Presidencia -por citar un par de ejemplos- saben que sería una pérdida de tiempo y de dinero intentar alguna acción en el ámbito judicial, de modo que, resignados e indignados, se limitan a resistir estoicamente la artillería verbal de los poderosos.

Del otro lado, la situación es distinta. Nada de estoicismo ni resignación; de la indignación se pasa a los hechos: el presidente Evo Morales ha presentado una demanda por difamación contra el periodista Humberto Vacaflor, quien dijo, en un programa televisivo, que el mandatario había ordenado la muerte de dos personas cuando era dirigente cocalero.

Al respecto, me parece que don Humberto se excedió, ya que, pese a cualquier sospecha que él aún pueda tener sobre el caso en cuestión, Morales fue exonerado en 2002 por falta de pruebas que lo vinculasen con ese doble asesinato. En tal sentido, creo que la reacción de don Evo es comprensible, e incluso considero apropiado que la demanda haya sido presentada ante la justicia ordinaria.

Sin embargo, percibo cierto grado de incoherencia en la actitud del Presidente, habida cuenta de que él mismo ha vertido declaraciones difamatorias contra varias personas. La última fue contra Fernando del Rincón, periodista de CNN que vino a Bolivia para entrevistar al supuesto hijo de Zapata y Morales (aunque la entrevista jamás fue emitida). Como Del Rincón no se presentó a declarar por el caso de suplantación del menor, don Evo aseguró, vía Twitter, que el periodista es un "delincuente confeso” y, además, "prófugo”.

Afirmaciones como esa son comunes y frecuentes, y no sólo de parte del Presidente. A los ejemplos citados líneas arriba, agrego el reciente ataque del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, contra este periódico: "No es ningún secreto, no es la primera vez que como Gobierno nosotros afirmamos que Página Siete es un periódico prochileno, que está al interés de intereses extranjeros y que en varias ocasiones ha lanzado titulares, noticias, reportajes buscando erosionar la causa marítima boliviana”.

Con esto no pretendo justificar ninguna difamación contra el Presidente; sólo señalo el hecho de que él, desde su alta investidura, no ha sabido dar el ejemplo correcto ni llamar la atención a sus colaboradores las veces que estos incurrieron en los mismos "deslices”. Tampoco albergo la ingenua esperanza de que los difamados por don Evo y sus partidarios puedan entablar demandas en igualdad de condiciones. (Por otra parte, si la justicia boliviana fuese independiente, hoy por hoy habría centenares de juicios por difamación en los tribunales, la mayoría contra autoridades del Gobierno nacional, lo cual agravaría el "congestionamiento judicial”).

En otro contexto, la demanda contra Vacaflor, además de justa, sería positiva, pues supondría que el presidente y su entorno, al considerar que la difamación es un delito, no se arriesgarían a cometerlo nunca más. Pero en la Bolivia del cambio, nada cambia. Temo que los masistas seguirán recurriendo a la difamación para sostener el relato oficial de que toda crítica al Gobierno es fruto de una conspiración de la derecha para dañar a Evo y, por ende, al país. O sea, que la mentira es diestra, y la verdad -su verdad-, siniestra.

 

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