Política

El imaginario golpe de Estado

¿Cómo es que el Gobierno no logró detectar con anticipación el plan golpista, si ya desde abril los cooperativistas venían preparando el escenario de confrontación?, pregunta la autora.
domingo, 04 de septiembre de 2016 · 00:00
Consuelo Espinoza politóloga

 

Según el diccionario de política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, un golpe de Estado es la toma del poder político por titulares de uno de los sectores claves de la burocracia estatal. 

En la década de los 60 y 70 del siglo pasado, principalmente, la forma más corriente del derrocamiento del poder político legítimamente constituido estaba a cargo de jefes militares, quienes instauraron la represión política y el terrorismo de Estado para sustentar sus gobiernos de facto.

Esta definición viene a propósito de la denuncia que hizo el primer mandatario Evo Morales contra los cooperativistas mineros, a quienes señaló como los autores de un golpe de Estado.
 
"Esto es algo preparado, planificado (…) dirigentes que estaban escapando al exterior han sido detenidos (…) estaban preparados para estar (en el lugar de los bloqueos) por semanas, esto es para tumbar gobiernos; por tanto, era un golpe de Estado”, afirmó en una conferencia de prensa. 

"Para derrocar al Gobierno” es lo que literalmente señalarían documentos secuestrados por la Fiscalía de La Paz durante un allanamiento realizado a las oficinas de Fencomin y Fedecomin un día después de los luctuosos hechos en los que se enfrentaron cooperativistas y policías, cuyo resultado fue de tres mineros muertos por impactos de bala y la tortura y asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes. 

"Era un movimiento de desestabilización política que buscaba muchas bajas”. "Este movimiento se planificaba desde abril (…)”, aseveró por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero. 

Otorgándole el beneficio de la duda al Gobierno y suponiendo que, efectivamente, se trató de una intentona golpista, dichas declaraciones no hacen más que plantearnos las siguientes preguntas: ¿cómo es que el Gobierno no logró detectar con anticipación el plan golpista si ya desde abril los cooperativistas venían preparando el escenario de confrontación?, ¿acaso el secuestro y tortura de 47 policías más de dos semanas antes no fue una alerta? ¿Acaso no le inquietó al Gobierno que los cuentapropistas desafíen su autoridad dándole un ultimátum para que libere a 10 de sus compañeros detenidos preventivamente en San Pedro y luego calificando la aprobación de la reforma minera como una declaración de guerra? 

Y tal vez las interrogantes más sobresalientes sean: ¿por qué permitieron que el exviceministro Rodolfo Illanes vaya solo a Panduro a intentar entablar el diálogo con todas estas señales de alarma?, ¿por qué si Illanes, una vez secuestrado el jueves 25, llamó en tres oportunidades al Ministerio de Gobierno implorando ayuda no priorizaron su rescate?, ¿por qué el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, seguía esperando el diálogo hasta el viernes 26, cuando Illanes fue amenazado con ser descuartizado?, ¿por qué las autoridades desestimaron tales amenazas?

Para sustentar su hipótesis del golpe de Estado, el ministro Romero afirmó que los cooperativistas mineros desde hace algún tiempo, sin especificar fechas, venían acopiando y preparando material explosivo, cuya intencionalidad era causar lesiones graves, gravísimas y quitar la vida de las personas. Asimismo, denunció que el 24 de agosto cuatro miembros de la Cooperativa Minera Estrella del Sur de Potosí fueron aprehendidos con una alta cantidad de dinero en dólares y bolivianos, y pidió a la Policía se establezca el origen del financiamiento para la movilización y logística de los mineros, su alimentación y la dotación de dinamita. Y las interrogantes continúan, ¿por qué recién después del asesinato de Illanes el Gobierno denuncia el plan golpista?

Por el desarrollo de los acontecimientos uno no puede sino dudar que en los hechos no se trató de un golpe de Estado como afirma el Gobierno, del intento de derrocamiento de Evo Morales como primer mandatario legítimamente electo mediante el voto popular. 

Los mineros cooperativistas no buscaron hacerse del poder político y la conducción del Estado, sino que el Gobierno ceda, mediante la vocación de violencia, ante sus exigencias para obtener mayores beneficios económicos. 

Aunque forman parte del Pacto de Unidad que lleva adelante el Proceso de Cambio, los cooperativistas mineros hace mucho que dejaron atrás sus convicciones político-ideológicas, si es que alguna vez las tuvieron, para convertirse en un grupo oligárquico centrado en amasar mayor poder económico y político sin importar si con ello vulneran la Constitución Política del Estado. 

Para concluir, me asalta una última duda: ¿cuál es la responsabilidad del Gobierno en todos estos acontecimientos? Una pregunta que quizá nunca tenga respuesta porque para ello sería necesaria la autocrítica.  


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