Propuesta

Elecciones judiciales 2017

Este año se llevarán a cabo nuevas elecciones judiciales. Carlos Alarcón propone una Iniciativa Legislativa Ciudadana “para evitar el fraude que representó la anterior elección”.
domingo, 29 de enero de 2017 · 00:00
Carlos Alarcón Mondonio.abogado constitucio-nalista.
 

Este año se llevarán a cabo las elecciones de altas autoridades judiciales para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. De ello depende la conformación de un sistema de justicia independiente y de alta calidad. Si tomamos en cuenta el precedente de la elección anterior y las urgentes necesidades políticas del Gobierno nacional de no perder el dominio y control del Órgano Judicial para habilitar inconstitucionalmente la candidatura del actual Presidente para las elecciones del año 2019, continuar con la criminalización de la vida política en el país y cubrir con un manto de impunidad los abusos de poder en materia de transparencia en la gestión pública  y violación de los DDHH en distintos ámbitos individuales y colectivos, el panorama no se presenta nada alentador ni auspicioso.

Pese a ello, tenemos el deber cívico de plantearle al país una propuesta clara y contundente sobre cómo los ciudadanos, a través de una Iniciativa Legislativa Ciudadana, podemos evitar el gran fraude a la soberanía y voto popular que representó la anterior elección judicial del año 2011. Para alcanzar este objetivo, los presupuestos básicos y esenciales, consisten: 1) en romper el monopolio del oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que distintos actores del Estado y de la sociedad civil, en su mayoría de la sociedad civil, intervengan en una primera etapa de evaluación y calificación de méritos de los concursantes, con efecto obligatorio para la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando preseleccione a los postulantes/candidatos que serán sometidos al voto popular y ii) en la "regla de oro” de la ineficacia del acto eleccionario cuando los votos nulos y blancos superen a los votos válidos para que el soberano en las urnas tenga el sartén por el mango si en las etapas previas hicieran un mal trabajo los Tribunales de Mérito y/o la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esta propuesta la he formulado en un anteproyecto de ley de 15 artículos cuyo espíritu y resumen es el siguiente:

• En la primera etapa del proceso de la preselección, como primera medida, se conformarían 11 Tribunales de Méritos compuestos por tres comisionados cada uno de ellos. Seis tribunales por parte de la sociedad civil (facultades de Derecho, colegios de abogados, asambleas de periodistas, Confederación de Empresarios de Bolivia, Central Obrera Boliviana y ONG cuya razón social es la defensa de los derechos humanos). Cinco tribunales por parte del Estado (Presidente, gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, alcaldes de ciudades intermedias y Defensor del Pueblo). 

• La finalidad de estos Tribunales de Mérito sería la de realizar una primera selección de concursantes sobre la base de un concurso público de méritos y la confección de nóminas o listas de concursantes mejor calificados para remitirlas a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Los efectos positivos de este mecanismo de preselección auténticamente meritocrática, inédito en la historia judicial del país, serían los siguientes:

-La sociedad civil organizada tendría un peso mayor del de los órganos del Estado para preseleccionar a los mejores profesionales que garanticen independencia y alta calidad (tomando en cuenta el fracaso del segmento político en este cometido desde la fundación de la República hasta el momento presente).

- Intervendrían distintos niveles institucionales y territoriales del Estado en esta selección meritocrática y por primera vez cumplirían un rol importante gobernadores y alcaldes a tono con el nuevo modelo de Estado Autonómico.

-Existiría una sana competencia entre todos los Tribunales de Mérito para seleccionar a los mejores profesionales por temor a pasar vergüenza y quedar mal parados frente a la calidad de los que sean seleccionados por otros tribunales. 

- Motivaría la participación de los mejores profesionales del derecho porque sería una garantía de que no ingresarán a una trituradora política en la Asamblea Legislativa Plurinacional si no cuentan con el favor o aval político de oficialismo (no necesitarían ser amarra watos de zapatos azules para consolidar su candidatura si tienen los méritos suficientes).

• La Asamblea Legislativa Plurinacional, por imperio de esta ley de desarrollo de la CPE, estaría obligada a preseleccionar postulantes/candidatos, para someterlos al voto popular, confeccionando  nóminas con cinco  nombres para cada puesto, de las listas remitidas por los Tribunales de Mérito. Si uno o varios de estos nombres coincidirían en la calificación positiva en la mayoría de los Tribunales de Mérito su inclusión por la ALP en la nómina de postulantes/candidatos sería obligatoria. Y para evitar la prevalencia de algunos Tribunales de Mérito en relación con  otros (ejemplo: los del Estado sobre los de la sociedad civil) la ALP estaría obligada a incluir en sus nóminas de postulantes/candidatos a por lo menos nueve concursantes calificados por cada uno de los Tribunales de Mérito.

• El efecto positivo de este mecanismo es que se rompería el monopolio y la decisión unilateral, discrecional y absolutista de la ALP, que fue el factor determinante que en la anterior elección evitó que Bolivia cuente con una justicia verdadera y auténticamente independiente del poder político y de alta calidad.

• Por último la señalada "regla de oro”, si los Tribunales de Mérito o la Asamblea Legislativa Plurinacional hacen un pésimo trabajo en la preselección meritocrática, el soberano expresaría con los votos nulos y blancos su voto castigo; si éstos fueran mayoritarios en relación con  la totalidad de los votos válidos, como ocurrió en la anterior elección, obligarían a que se convoque a un nuevo proceso electoral.

• El efecto positivo de este mecanismo consistiría en que obligaría a los Tribunales de Mérito y a la ALP a realizar un buen trabajo de selección por mérito y evitaría la imposición forzada de jueces que carecen de toda legitimidad al haber sido rechazados por el soberano, mayoritariamente, en las urnas.

Esta propuesta la he plasmado en 15 artículos y al tratarse de una Iniciativa Legislativa Ciudadana estará abierta a la firma de todos los ciudadanos que compartan estos valores para que por primera vez en Bolivia contemos con una justicia verdadera y auténticamente independiente y de alta calidad. Es probable que el oficialismo, con fines opuestos, la sabotee y haga naufragar, pero vale la pena hacer el mayor y mejor esfuerzo para lograrlo. El solo hecho de tomar conciencia de que "sí se puede tener una mejor justicia en Bolivia el año 2017”, justifica esta lucha ciudadana, legal y democrática.

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