Opinión

El Estatuto cruceño, adecuación y apertura

El Estatuto Autonómico se ha debido adecuar a la Constitución. Ahora es tiempo, dice el autor, de que se reforme para coincidir con la nueva realidad de Santa Cruz.
domingo, 15 de octubre de 2017 · 00:00
Pablo Deheza Politólogo

El Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz aún no entra en vigencia a más de nueve años después de que fuera aprobado en el referéndum del 4 de mayo de 2008. 

La dejadez del oficialismo de la Gobernación es una señal por demás clara de que la autonomía no era el objetivo en sí de la dirigencia cruceña tradicional. La demanda autonomista, en su versión original, camuflaba apenas un proyecto separatista. Los tiempos ahora son otros y cabe reencaminar las cosas. 

Un poco de historia

La demanda autonómica cruceña emerge desde el movimiento Nación Camba en 2001.
 
Posteriormente el Comité Pro Santa Cruz se suma formalmente con el Cabildo del 22 de junio de 2004. Toda la narrativa autonomista es de ida y vuelta con lo que ocurría en el occidente del país, donde tenían lugar la emergencia del MAS y las acciones que llevaba adelante Felipe Quispe Huanca. 

Así, cuando éste planteó la idea de las dos Bolivias, una criolla y colonial contrastada con otra de indios y comunidades, Nación Camba tomó ese eje discursivo y lo reelaboró con la noción de la media luna, aprovechando el caldo de cultivo del regionalismo ya existente en Santa Cruz. Con ese tipo de elementos, que se asentaron sobre una memoria de largo plazo de una evidente e histórica carencia de Estado en el oriente boliviano, se fue construyendo el imaginario colectivo de la autonomía como reivindicación.

La Asamblea Constituyente aprobó el texto final de la nueva Constitución en diciembre de 2007. La respuesta política de la  dirigencia tradicional fue el referéndum autonómico del 4 de mayo de 2008 en Santa Cruz, seguido por Tarija, Pando y Beni en junio del mismo año. 

La actual Constitución entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, en su disposición transitoria tercera señala que "los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad”. Durante la gestión de 2010 a 2015 la agrupación política del gobernador Rubén Costas no avanzó en la adecuación estatutaria, pese a tener control de los dos tercios de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) durante prácticamente la mitad del periodo mediante sus alianzas. Es recién en la gestión 2015 a 2020 que se registran adelantos. El oficialismo departamental ya no pudo seguir poniendo al MAS-IPSP como coartada, dado que inobjetablemente cuentan con la mayoría requerida. 

El 16 de julio de 2015, la ALD aprobó la adecuación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y remitió la documentación al Tribunal Constitucional, el cual emitió una declaratoria de constitucionalidad el 16 de diciembre de 2016, devolviendo el trámite al legislativo cruceño con las observaciones correspondientes. Luego de una ronda de consultas y respuestas, finalmente el texto ajustado a la Constitución fue aprobado por dos tercios el 13 de septiembre de 2017 y presentado nuevamente al Tribunal. A la fecha se está a la espera de que el control de constitucionalidad salga positivo, con lo que la norma departamental entrará en vigencia inmediatamente. 

Lo que se adecuó

Adecuar, en el contexto referido, significa quitar las partes de fondo que entran en contradicción con la Constitución o modificar la forma de la redacción para ponerla en concordancia con la misma. En ningún caso se puede dar la introducción de contenidos nuevos no contemplados en el documento que fue sometido a referéndum en mayo de 2008; cualquier adición de este tipo sólo se podrá realizar mediante los mecanismos establecidos en el propio estatuto para su reforma, una vez éste entre en vigencia. 

Tal como se señaló, la autonomía y consecuentemente el propio estatuto fue una estrategia reactiva por parte de la dirigencia cruceña frente a la emergencia popular desde el occidente del país. De hecho, aspiraban a que la entonces prefectura asumiese prácticamente el rol de un gobierno paralelo al nacional. Así las cosas, los principales puntos adecuados, es decir, removidos del texto final, fueron los siguientes: desconocimiento al orden legal posterior a la aprobación de la nueva Constitución (artículo 1 y Disposición final 2), control sobre la propiedad y tenencia de la tierra en el departamento (artículos 121 y 122), control sobre los recursos naturales (artículos 102 y 126), auto-asignación de competencias (artículo 16), control de la recaudación tributaria en el departamento (artículo 141), recorte de las regalías de los municipios en favor de la entonces prefectura, hoy Gobernación (artículo 139), control en la designación de los vocales del Tribunal Electoral Departamental (artículo 33), injerencia en la designación de autoridades de otros niveles de gobierno en el departamento (artículo 30), injerencia en la designación del fiscal departamental (artículo 16), control sobre las contrataciones de todo el personal de educación en el departamento (artículo 66), injerencia en telecomunicaciones (artículo 5), fiscalización de las actividades mineras en el departamento (artículo 108). 

En los puntos señalados y en otros más, a título de autonomía departamental, se invadían los espacios propios de las autonomías municipales, el nivel central de gobierno y otros órganos del Estado. Todos estos aspectos, que de fondo planteaban en los hechos la conformación de una suerte de Estado dentro de otro Estado, fueron removidos y no formarán parte del Estatuto Autonómico cruceño cuando éste entre en vigencia.
 
Los desafíos que vienen

Es necesario reabrir el debate estatuyente en Santa Cruz. El proyecto de autonomía departamental de corte separatista y hecho a medida para la defensa de los intereses de la dirigencia cruceña tradicional ya no va más. Es tiempo de encarar una construcción autonómica hecha para fortalecer al Estado boliviano y no para socavarlo, que amplíe la democracia y la participación ciudadana. 

En el pasado nuestro país tuvo constituciones y leyes que marginaron a grandes sectores de la población, pero a través de la Asamblea Constituyente también se vio cómo esas mismas herramientas pueden servir para reconocer, incluir, democratizar y ampliar la sociedad y el Estado. Ese camino también es posible recorrerlo con las autonomías.  

La reforma del Estatuto podrá darse mediante iniciativa popular o de la ALD y en todo caso tendrá que ser sometida a referéndum. El primer mecanismo es el que permite no depender del oficialismo departamental para avanzar hacia un modelo autonómico legítimo, integrador y efectivo para la ciudadanía. De un modo u otro, el debate está en la mesa y la puesta en vigencia del Estatuto cruceño constitucionalizado marcará la partida.

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