Retardación, corrupción y penas desproporcionadas complotan contra los derechos

El trauma de Mariel: un año en la cárcel por posesión de diez porros

Según los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en Bolivia el 39% de mujeres presas se encuentran en la cárcel por delitos relacionados con la Ley 1008, donde debido a problemas del sistema de justicia penal se vulneran derechos humanos y se criminaliza a los más jóvenes. Conoce el caso de Mariel, a 30 años de la creación de la ley.
domingo, 12 de febrero de 2017 · 00:00
María José Ferrel Solar Periodista becaria de Cosecha Roja para Open Society Foundation – Programa Independent Journalism.

 

Mariel salió de casa en el barrio de San Pedro de La Paz para inscribirse al curso de posgrado universitario sin saber que pasaría un año y un mes para volver a dormir en su cama. Esa mañana fue retenida por policías civiles con 35 gramos de marihuana en su bolsa, 10 cigarrillos, y fue juzgada por incumplimiento del artículo 48, relativo al suministro de narcóticos, de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de Bolivia, mejor conocida como Ley 1008.

Mariel apeló al primer fallo del juez, intentando ser juzgada por el artículo 49 de esa ley, el que se aplica para tenencia y consumo de estupefacientes y pena con tratamiento en un instituto de farmacodependencia.

Lo consiguió después de probar judicialmente que sólo era consumidora y no traficante, para lo que tuvo que pagar altas sumas de dinero. Ya excarcelada, aunque no ha vuelto a fumar marihuana, Mariel vive en constante estado de paranoia, al punto de evitar cruzarse con cualquier policía que encuentra en las calles.

"No quiero decepcionar a mi familia que tuvo que hacer muchos sacrificios por mí, realizaron hasta una kermesse para conseguir el dinero para todo el proceso penal. No tengo ni encendedor en mi cartera”, dice Mariel, que tuvo que esperar nueve meses privada de libertad en la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz, debido a la retardación de justicia en Bolivia.

Según la Dirección de Régimen Penitenciario, en Bolivia un 68% del total de la población privada de libertad no tiene sentencia.

Aunque su proceso estuvo plagado de extorsiones y vulneración a sus Derechos Humanos, Mariel nunca realizó una denuncia ante los juzgados de corrupción ni ante el Ministerio de Transparencia, organismos encargados de dar seguimiento a los casos de extorsión en el sistema penal.  

El abogado especialista en temas de narcotráfico y retardación de justicia, Evaristo Peña, explicó que la retardación de justicia es de las peores situaciones que viven las personas detenidas en el país.

"Tanto en la investigación como en el juicio propiamente dicho, dentro de la 1008 lo peor es la discrecionalidad del fiscal para hacer la imputación y acusación”, apuntó Peña, explicando que desde su visión "el peor delito en Bolivia es ser pobre”.

Peña piensa que para coadyuvar a un "juicio justo” se necesita institucionalizar el Ministerio Público y el Sistema Judicial, tener "sanciones más graves a los que cometan corrupción, con una escuela de jueces que transversalice temas de ética profesional”.

La problemática de retardación de justicia y corrupción en Bolivia es tan grave que llevó en 2015 a la creación de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia y Corrupción.

Desde Oruro han sumado 5.000 miembros, que se encargan de asesorar y ejercer control social sobre denuncias en contra de jueces, fiscales e incluso autoridades policiales que estarían cometiendo delitos contra la ciudadanía.

En los casos más frecuentes de usuarios de marihuana o cocaína en Bolivia, los policías miembros de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) mantienen una postura entre cínica y poco informada del tema, recordándole a los detenidos lo "jodidos” que están. No queda claro si se refieren a los endémicos problemas del sistema judicial boliviano o a una valoración moralista del uso de estupefacientes.

"Yo sólo soy consumidora. Todavía no entiendo qué mal he hecho para estar presa. Las autoridades son las primeras en vulnerar tus derechos”, recuerda Mariel, que vivió acosada por autoridades policiales que trataban de manipularla con el miedo. "Saben que estás asustada y te amenazan todo el rato con darte más años si no cooperas”, reflexiona.

Debido a que Mariel es de Cochabamba, no tenía documentos de propiedad de un domicilio en La Paz, ella era inquilina. Tampoco tenía documentos que certifiquen un trabajo fijo, ya que iniciaría su posgrado y hacía consultorías temporales. Simón, su pareja, era su nexo para conseguir abogados y pagar el proceso judicial.

A cinco horas de la detención, el abogado contactado por Simón le informó la situación: para poder salir en libertad rápidamente primaba el acceso a recursos económicos, de modo que se pudiera "agilizar” (eufemismo típico para la microcorrupción en Bolivia) los procesos correspondientes.

"Ha sido difícil porque no teníamos mucha plata. Tenía que estar todos los días ahí, insistiendo, preguntando para que por lo menos en el juzgado vean interés. En ese proceso ya haces conocidos y se mueve (el trámite). Me parece que sin plata y sin perseverancia el caso hubiera tardado mucho más”, relata Simón sobre lo ocurrido.

Para poder ser juzgada en libertad, Mariel debía presentar en el transcurso de 48 horas tres documentos legalizados de residencia, trabajo y estudio. Imposible si no se "agilizaba” su solicitud.

Al día siguiente a su detención, el juez dictaminó reclusión preventiva contra Mariel por "peligro de fuga” y la envió a la cárcel hasta que los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) presenten pruebas de que en efecto era consumidora.

Dicho peritaje fue realizado después de cuatro meses de detención. Le extrajeron pruebas de sangre, orina y cabello a Mariel, que entretanto pasó Navidad, Año Nuevo y su cumpleaños tras las rejas.

Cuando finalmente se las programaba, las audiencias de Mariel nunca se concretaban, eran suspendidas porque el fiscal llegaba tarde, porque el juez no había sido notificado, porque había una marcha en las inmediaciones del juzgado, porque llegaron las vacaciones judiciales o porque era feriado de Carnaval.

"Aquí no hay justicia. Estuve día tras día viendo el caso. Si no, se olvidan. El trato es una mierda, siempre hay excusas. Tu caso no avanza nunca a no ser que metas plata”, lamenta Simón, que admite haber realizado algunos aportes "simbólicos” para que empiece a moverse el proceso.
 
"Hasta les llevaba salteñas y refrescos (al juzgado), ahí ya me querían, y finalmente veíamos avance. Con la Policía, (sucedía) lo mismo”.

La apelación de Mariel fue aceptada y recibió una sentencia de tres meses en un centro de rehabilitación. Allí fue diagnosticada con una severa depresión, pero ningún problema de consumo de drogas.

Según Patricia Chullver, directora de Acción Semilla Bolivia, entidad que trabaja en políticas públicas estudiando y visibilizando problemas relacionados a sustancias controladas y poblaciones vulnerables, una de las peores situaciones que vive un usuario recreativo de marihuana es "el duro trauma psicológico del proceso”. 

Para Chullver, Bolivia todavía está a tiempo de prevenir un problema grave de salud pública y circuito delincuencial.

"Para solucionar y alivianar la sobrepoblación carcelaria, una de las medidas que ha demostrado efectividad en países del mundo y especialmente de la región es la  descriminalización del microtráfico y consumo”, dijo Chullver, para quien los usuarios son también víctimas de esta ley que pena por tenencia como si fuera narcotráfico.

 

La 1008 fija penas desproporcionadas

A 30 años de su creación, la Ley 1008 no especifica un gramaje mínimo, ni distinción entre estupefacientes. Además, debido a la ambigüedad de la redacción de sus artículos -"la cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas”- se registran penas desproporcionadas, yendo de tres a 12 años de cárcel.

Según diferentes estudios hechos a nivel mundial, la marihuana en particular no induce a un tipo de uso obsesivo y no es raro que los consumidores compren porciones grandes -dado que en Bolivia la marihuana es barata- sólo para uso personal.

La desproporción de las penas fue cuestionada en 2016 por diversos organismos, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que, a través de su portavoz, Antonino Di Leo, recomendó a Bolivia penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento para mujeres que comenten delitos menores de drogas, alegando que es una ley "draconiana y punitiva” que se ensaña con los eslabones más pobres de la cadena del narcotráfico, incrementa la pobreza, atenta contra los derechos humanos y vulnera a la población frente al delito.
Bolivia tiene datos alarmantes de desproporción de penas por microtráfico.

Según el último informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario, en el país existen tres veces más reclusas mujeres por delitos vinculados a narcóticos que el promedio global: esto quiere decir que un 39% de las mujeres privadas de libertad son mujeres que incurrieron en actos relacionados con la Ley 1008. De un total de 1.157 mujeres privadas de libertad, 448 están recluidas por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las campañas de prevención en el país se limitan al eslogan "Di no a las drogas”. 

Por ejemplo, la campaña del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Drogas, bajo el lema "Hagamos bien las cosas”, promueve el fortalecimiento de lazos familiares y valores en la juventud, en lugar de brindar información sobre problemáticas de consumo de drogas.

Según una encuesta realizada el 2015 por la Friedrich Ebert Stiftung (FES) -organización no gubernamental que promueve el cambio de la legislación- un 65% de la población boliviana está a favor de "la mano dura” en cuestiones de políticas de drogas.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) presentaron resoluciones, firmadas por Bolivia, en el que  debaten el cambio de políticas de drogas desde una perspectiva de salud y no securitista.

En cuanto a la región, Uruguay y México están encabezando las iniciativas recreativas.  El primero legalizó la producción y venta de marihuana, y el segundo anunció la iniciativa que se debate en el congreso para elevar la posesión de los cinco gramos permitidos a 28 gramos (una onza). Colombia y Chile son punta de lanza en iniciativas medicinales y científicas en el cono sur.

El año 2009, Michael Phelps -el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos- abrió el debate sobre el uso de marihuana recreativa, incluso desmitificando la idea de que los usuarios de esta planta tienen bajo rendimiento físico, cuando un periódico sensacionalista publicó fotos del deportista en vacaciones fumando marihuana en un bong. 

En la polémica, al igual que sucede actualmente en Bolivia, se visibiliza la problemática que viven los usuarios de drogas recreativas y las personas que luchan con la adicción, quienes son habitualmente criminalizadas con sanciones desproporcionadas a la infracción cometida.

En diciembre de 2016, el Ministerio de Gobierno, a través de su máxima autoridad, el ministro Carlos Romero, presentó ante una comisión de la Asamblea Legislativa su anteproyecto para la modificación de la Ley 1008.

"El tema del gramaje lo dejamos a la definición de una norma técnica que seguramente responderá a parámetros técnicos-científicos”, apuntó Romero, añadiendo que la nueva ley busca hacer una diferenciación entre los eslabones más débiles de la cadena de la droga y el gran narcotráfico.

En la misma semana de la presentación de este anteproyecto de ley, el Ministerio Público informó sobre la sentencia de 12 años de cárcel para María R. por llevar 13 gramos de cocaína en sus bolsillos y ocho años para José A.B, con  21 gramos de marihuana. 

Aunque todavía no se socializó el anteproyecto de ley, miembros de diferentes entidades y organismos que abogan por los Derechos Humanos esperan que en esta modificación se creen tipos penales que estén en consonancia con abordar el problema desde la salud y no desde la seguridad.

La modificación trata preferentemente sobre la reglamentación de la hoja de coca fuera de la ley, en esencia que la hoja deje de ser considerada droga a nivel internacional, la temática de gramaje y tenencia para consumo de marihuana todavía no está siendo debatida ni en el senado ni en la sociedad civil.


 
 


 


 

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