Matasuegra

Carnaval excluyente

El escritor Willy Camacho critica la desorganización del Carnaval de Oruro. Desde la infraestructura hotelera hasta el montaje de graderías.
domingo, 5 de marzo de 2017 · 00:00
Willy Camacho   escritor

 

 

Asisto desde hace muchos años al Carnaval de Oruro –declarado en 2001 por la Unesco "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”– y nunca ha disminuido la emoción y el orgullo que me embargan al presenciar parte de la inmensa riqueza cultural de nuestro país, sintetizada en música, danza y artesanía, durante el paso de las distintas fraternidades que le dan vida a esta manifestación folklórica. Claro que nada es perfecto.

La infraestructura hotelera no cubre la demanda, y en muchos casos el servicio es deficiente. Los taxis cobran tarifas abusivas. Abunda la comida chatarra, expendida con poca higiene. Y, si bien es cierto que hay mayor cantidad de baños públicos, no se puede negar que el consumo excesivo de alcohol provoca conductas indebidas en varios espectadores, quienes pierden la vergüenza y la continencia en cualquier lugar, lo cual, obviamente, genera mal olor en las calles si el cielo no suelta un aguacero providencial.

Quizá controlar la venta y consumo de bebidas alcohólicas resulte casi imposible para las autoridades, pero la Alcaldía puede exigir que los propietarios de las graderías instalen mingitorios químicos cada cierta distancia (50 metros, digamos), y solicitar la colaboración del Ejército para que haya soldados en todas las esquinas del recorrido de la Entrada controlando que nadie aliviane la vejiga en vía pública, dado que, como se sabe, ninguna norma es efectiva sin el control correspondiente.

Resumiendo: el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) podría esforzarse más por mejorar el contexto en el que se desarrolla la exhibición folklórica;  sin embargo, tengo la impresión de que se ha resignado/plegado al caos carnavalero y prefiere ver el lado positivo de la avalancha de visitantes: los ingresos generados por la multiplicación coyuntural de las actividades comerciales. 

Así, prácticamente todo es tolerable, siempre y cuando los turistas gasten su dinero en alojamiento, comida, bebida, gradería, transporte, etc. Al parecer, la euforia carnavalera, los vapores etílicos y el majestuoso espectáculo superan ampliamente cualquier experiencia incómoda, pues no merma el número de visitantes ni aumenta el volumen de sus quejas.
 
Entonces, si ellos no protestan y si muchos orureños aprovechan la ocasión para obtener ganancias, supongo que las autoridades ediles piensan: "¿Para qué entrometerse?”.

El libre mercado, más libre y libertino que nunca, se apodera de la ciudad durante un fin de semana, desplazando al Socialismo del Siglo XXI que, no obstante, tiene a su máximo representante disfrutando de la fiesta en las mejores butacas de la plaza principal, mientras la población orureña que no cuenta con salario fijo, que no goza de doble ni simple aguinaldo, que no puede pagar ni el más barato de los asientos, se queda en casa viendo la transmisión televisiva de la Entrada –que se realiza en su ciudad, en sus calles–, o busca el modo de verla en persona, furtivamente, aglomerándose en los pasos peatonales o en alguna pasarela, como aquella que, en 2014, no soportó el peso de tanta gente y se desplomó sobre la Banda Espectacular Poopó (tres músicos fallecieron).

Y esto, entre los demás aspectos negativos subyacentes a la mayor celebración folklórica de Bolivia, es lo que el GAMO no debería permitir de ningún modo. Al fin y al cabo, las calles pueden limpiarse, los excesos se convierten en anécdotas o secretos y los visitantes gastan su dinero voluntariamente; pero ¿por qué las ganancias y el disfrute de unos cuantos deben estar por encima del derecho de la mayoría? Pues precisamente ésa es la consecuencia de la inacción edil: gran parte de las familias orureñas no tienen derecho a presenciar la Entrada.

Algunos pensarán que exagero, ya que asistir a cualquier espectáculo cuesta dinero y, por lo tanto, no se trata de derechos, sino de negocios. Sin embargo, una festividad popular que se desarrolla en las calles no es igual que un concierto, un partido de fútbol, una película o una pieza teatral. Ni siquiera es comparable el desfile de escuelas de samba en Río de Janeiro, porque éste se realiza en el sambódromo, no en las arterias principales de la capital carioca.

El Carnaval de Oruro, el Gran Poder, la Entrada Universitaria o el Corso de Corsos, entre otros, ocupan calles y avenidas cuya construcción y/o mantenimiento se financia con el dinero de todos los ciudadanos. Son espacios públicos que  si son cedidos para algún evento  debería ser de manera gratuita (las verbenas, el Dakar, la Feria Dominical de El Prado, por ejemplo). 

Ahora bien, en el caso de las entradas folklóricas, la instalación de graderías permite que mayor cantidad de personas disfruten del espectáculo en condiciones relativamente cómodas, y es justo que quienes invierten en tal infraestructura obtengan beneficios económicos. El problema se da cuando las autoridades no controlan los precios y el costo de los asientos llega a sumas prohibitivas, como en Oruro, donde este año se cobró entre 200 y 950 bolivianos, según el lugar y el tipo de butaca.

El GAMO concede la patente para el armado eventual de graderías, cobrando distintos montos por metro lineal a los interesados, y establece un tarifario para regular el precio de los asientos.
 
Pero, ante la falta de control, la norma edil queda en el papel, y el precio lo fija la ley de oferta y demanda: el arribo masivo de turistas (locales y extranjeros) incrementa la demanda de butacas y, por ende, también su precio tiende a subir hasta niveles que muchos orureños (y bolivianos en general) no pueden pagar. 

El Carnaval de Oruro deja de ser una manifestación cultural del pueblo, para convertirse en un exótico espectáculo elitista que se reserva el derecho de ingreso. Un derecho que se vende muy caro, por supuesto.

Tal vez los directos afectados por la negligencia municipal soportan esa especie de destierro en el seno mismo de su identidad cultural (parafraseando la proclama juliana) porque les consuela que el folklore de su tierra sea admirado por miles de visitantes. 

O quizá se ilusionan con la posibilidad de pellizcar siquiera alguito del movimiento económico carnavalero que tanto alardea la Alcaldía. Tienen derecho a soñar; después de todo, soñar no cuesta.




 

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