Análisis

La CIDH y la reelección

El abogado explica desde lo histórico y jurídico por qué Evo Morales no puede ir a una segunda reelección.
domingo, 16 de abril de 2017 · 00:00
Carlos Alarcón Mondonio abogado constitucionalista
 
El Presidente del Estado, disimulo de por medio, está empeñado en forzar su inconstitucional e ilegítima segunda reelección (que en realidad sería la tercera pero que por la magia del TCP se convirtió en la segunda) y habilitación para ser candidato presidencial en las elecciones del año 2019. 

Todo ello  a pesar de los efectos obligatorios y vinculantes del referendo del 21F. Proceso  que ratificó la plena vigencia y aplicación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, por lo que Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera quedaron definitiva e irreversiblemente inhabilitados para el proceso electoral 2019. En enero del 2015, al comienzo de su segundo mandato,  por imperio del mismo artículo 168 de la CPE no hubieran podido acceder ni ejercer el mandato 2015-2020  si no estuvieran, a la vez y simultáneamente, impedidos de acceder y ejercer el mandato 2020 – 2025. 

Este efecto jurídico inhabilitatorio para el 2019, irrefutable, consumado y agotado, los tiene sin dormir a los juristas del Presidente, a sus militantes y simpatizantes. Ante la simple pregunta del ciudadano del porqué el Presidente y Vicepresidente no quieren cumplir y respetar el artículo 168 de la CPE, que gracias a esta norma que pone límites a la reelección nació a la vida jurídica la nueva Constitución y no abortó, que además fue promovida, impulsada y gestionada por el propio Presidente, sacan de la galera de mago un truco ilusionista llamado "EL DERECHO PREFERENTE” (cuando se trata de forzar la reelección no sólo el TCP hace estos trucos de magia).

Se inventan un supuesto derecho preferente a ser candidato presidencial el 2019 con el argumento de que surgiría del artículo 23 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tendría aplicación preferente sobre la restricción a la reelección que impone el artículo 168 de la Constitución. No contaron con que la CIDH en su Informe N° 30/93 Caso 10.804, Guatemala, 12 de octubre de 1993, ya se pronunció sobre el mismo tema en una denuncia presentada por el expresidente de Guatemala José Efraín Ríos Montt.

En esta decisión la CIDH establece con claridad meridiana que este tipo de restricciones e inhabilitaciones constitucionales a las candidaturas de Jefes de Estado de regímenes democráticos, son usuales y tradicionales en varias constituciones de países latinoamericanos, inclusive las que impiden de por vida volver a postularse a ciudadanos que desempeñaron el cargo de presidentes en sus respectivos países, que son plenamente compatibles con el artículo 23 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que no violan los derechos del eventual y futuro candidato ni de los ciudadanos que desearían votar por él. Y, lo más importante, es que la CIDH funda esta conclusión en el hecho de que estas restricciones a la reelección más bien protegen los derechos políticos de todos los ciudadanos y garantizan la autenticidad de las elecciones, y que son impuestas por la mayor expresión del pueblo soberano cuando elige a los redactores de la Constitución.

En resumen, para la CIDH no existe ningún derecho preferente a ser candidato por encima de las restricciones constitucionales a la reelección y postulación electoral, ni siquiera cuando estos límites son permanentes o de por vida. 

Dicho lo cual, pasamos a un segundo aspecto. Qué órganos tienen más peso en la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir del artículo 23 numeral 1, inciso b), y numeral 2 en el que pretenden basarse los inventores del inexistente derecho preferente: la Comisión y la Corte Interamericana  de Derechos Humanos o el TCP de Bolivia; obviamente los primeros, el TCP tiene que cuadrarse a sus decisiones.

Ya salió un abogado señalando que para el TCP sólo es vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no las decisiones de la Comisión. No leyó la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0014/2013-L Sucre, 20 de febrero de 2013, que textualmente señala en las partes pertinentes:

"…La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del Sistema Interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos”
"Los derechos  de los pueblos indígenas y tribales en el ámbito interamericano Mediante la publicación "Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales-”, de Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que: "Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra”. (el resaltado y subrayado es mío).

"A la luz del caso de autos, es imperante estudiar los fundamentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a cuyo efecto, en principio, debe señalarse que éste es un conjunto de herramientas normativas y jurisdiccionales cuyo diseño cohesiona armoniosamente la dogmática y esencia de derechos considerados inherentes al ser humano por su naturaleza óptica, con instituciones cuya activación garantizan un respeto efectivo de estos derechos. En mérito a lo expuesto, se tiene que la sistematicidad del mismo, hace que el contenido de sus herramientas normativas y las decisiones emanadas de sus mecanismos institucionales, se enraícen de tal manera en el orden interno de los países miembros, que sus postulados no solamente forman parte de este precepto, sino que se constituyen en informadores del régimen interno, el cual, se sujeta y subordina en cuanto a su contenido a éste, armonizándose de esta manera el orden nacional con el orden supranacional de los Derechos Humanos, siendo por tanto esta ‘sistematicidad’ el fundamento y la razón de ser de esta ingeniería supranacional destinada a la protección real y efectiva de Derechos Humanos…” (el resaltado y subrayado es mío).

Constitucionalistas de la talla de Germán Bidart Campos, Susana Albanese y Juan Carlos Hitters señalan:

"Los vinculantes efectos que tienen para los jueces del derecho interno las opiniones y decisiones de los dos órganos interamericanos del Pacto de San José, pues si los Estados se reservaran el derecho a interpretar las Recomendaciones de la Comisión, para aplicarlas en el ámbito doméstico según las circunstancias de cada caso concreto, estarían desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que se han afiliado y en el que asumieron sus obligaciones”.

"El acatamiento a la jurisdicción supraestatal de la Comisión y de la Corte perdería el sentido que ha de asignarle la buena fe en las relaciones internacionales si los informes de la Comisión, en vez de resultar obligatorios, quedaran librados a merced y discreción de las autoridades nacionales”.

De las cuatro vías anunciadas para forzar inconstitucionalmente la postulación y reelección del Presidente y Vicepresidente el 2019, la del derecho preferente es la más atractiva para los oficialistas, no les da el músculo para intentar un nuevo referendo y la de la renuncia anticipada es tan absurda y disparatada que no merece mayor comentario. Por las razones expuestas en este artículo tendrán que inventarse los magos azules una quinta vía. ¿Cuál será?

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