Política

La vía diplomática en el caso de los 9 bolivianos encarcelados

El analista señala que el encarcelamiento de nueve compatriotas podría tener incidencia en el resultado de los juicios instaurados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
domingo, 14 de mayo de 2017 · 01:06
Andrés Guzmán, analista
 
El impase que provocó el encarcelamiento de siete funcionarios de Aduana y dos militares bolivianos en Chile ha contribuido a tensionar las relaciones entre La Paz y Santiago, que ya se encontraban seriamente deterioradas desde finales de 2010, cuando se interrumpió el proceso de negociación que se venía desarrollando en el marco de la Agenda de los 13 puntos. 
 
Este impase, sin embargo, no es uno más de los muchos que hemos visto surgir a partir de entonces, sino que se trata de un conflicto que podría tener incidencia en el resultado de los juicios que tenemos instaurados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que las autoridades judiciales de Chile no liberan a nuestros compatriotas. 
 
Al respecto, considerando que el juicio sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia está a casi un año de concluir, a continuación se analiza el conflicto de los nueve bolivianos encarcelados en Chile, con un enfoque especial en el manejo político que le han dado las autoridades chilenas. 
 
Primero cabe recordar que a las pocas horas de que Carabineros de Chile detuvieron a los nueve bolivianos, la presidenta del vecino país, Michelle Bachelet, dijo: "Querían robar nueve camiones con productos y se robaron uno”. Lo que generó dudas desde un principio debido a que robar nueve camiones entre  nueve personas, que además tenían otros dos vehículos a su cargo, no resultaba ni resulta muy creíble.
 
Esas dudas que generaron las apresuradas declaraciones de Bachelet luego se acentuaron y acrecentaron debido a que las autoridades chilenas nunca mostraron más que un camión de los nueve supuestamente implicados, y eso, muy a pesar de que el presidente Evo Morales solicitó vía Twitter: "Pedimos, como bolivianos, nos presente los nueve camiones presuntamente robados por aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían. No quiero pensar que estos actos de provocación son para tapar los actos de corrupción de Carabineros y altas autoridades del Gobierno de Chile”.  
 
Además, la acusación presidencial chilena de que "se robaron uno” fue complementada después por varias autoridades subalternas del vecino país tanto del oficialismo como de la oposición. En uno de sus comentarios, el canciller Muñoz llegó a decir que los bolivianos se irían presos y los diputados Jorge Tarud y José Manuel Edwards acusaron públicamente a nuestros compatriotas de haber cometido delitos. Todas esas declaraciones, que también dejaban dudas respecto al cumplimiento del principio de presunción de inocencia y a la separación de los poderes del Estado en Chile fueron complementadas simultáneamente con la obstrucción al trabajo de algunos periodistas bolivianos, que pretendían cubrir el incidente.  
 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las gestiones iniciadas por el Gobierno boliviano para lograr la liberación de nuestros nueve compatriotas, que incluye diligencias ante organismos y tribunales internacionales, se ampara primordialmente en el rechazo de Chile a una salida diplomática, que las autoridades bolivianas han solicitado en aplicación de la reciprocidad, pues todas las veces que funcionarios chilenos ingresaron a nuestro país ilegalmente, éstos fueron devueltos sin la intervención de la justicia y sin hacer ningún escándalo. 
 
En cuanto a la transgresión del principio de presunción de inocencia, que es una de las piedras angulares del recurso que nuestro país presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cabe recordar que en julio de 2014, esa misma Corte responsabilizó al Estado chileno por violar los principios de legalidad y de presunción de inocencia en el caso de unos mapuches que habían sido juzgados y condenados por terrorismo a base de razonamientos subjetivos que según la misma CIDH denotaban estereotipos y prejuicios. 
 
Con todo, ahora sabemos que la ofensiva boliviana para lograr la libertad de nuestros  nueve compatriotas emprendida por la Procuraduría General del Estado  no pasó desapercibida en el equipo jurídico chileno para enfrentar la demanda marítima boliviana. 
 
Según una publicación de La Tercera, el Agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, manifestó su inquietud "por la prolongada detención de nueve bolivianos” y su interés porque "se levante la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra de los nueve funcionarios bolivianos y no se repitan las trabas al ejercicio periodístico de los profesionales bolivianos que viajan a Chile”. 
 
En la misma línea, y muy a pesar de la seguridad y dureza que mostró Muñoz para justificar el apresamiento de los nueve bolivianos, según otra publicación de La Tercera, la Cancillería chilena habría manifestado su molestia con el Ministerio del Interior por el manejo del caso. Según esa versión: "La posición de Cancillería era que la situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata de los funcionarios bolivianos, para que el incidente no se prolongara y fuera aprovechado por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile”. 
 
Sin embargo, "Interior y Carabineros optaron por seguir el curso normal y denunciar ante la fiscalía a los militares y aduaneros bolivianos del delito de robo con intimidación, judicializando un hecho que debió haberse manejado con mayor celeridad”, concluye esa misma publicación.   
 
Por lo dicho, suponiendo que lo publicado por La Tercera es cierto, porque además el Gobierno chileno no lo ha desmentido, todo apunta a que la vía diplomática terminará por imponerse y que los nueve bolivianos serán liberados. No sólo por las inquietudes del Agente Grossman y de la Cancillería chilena, sino también porque cuanta más polémica y revuelo se genera en torno a estos asuntos entre Bolivia y Chile, mayor convencimiento queda ante los ojos del mundo que existen asuntos pendientes entre ambos países, lo que contradice la postura actual de la diplomacia chilena.  
 
Sin embargo, dado que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile si el fallo de la CIJ respecto a la demanda marítima resulta favorable a Bolivia, nuestro gobierno haría bien en complementar su pedido de aplicar la reciprocidad con un compromiso de no condecorar a nadie, pues eso podría facilitar y agilizar la liberación de nuestros compatriotas, que finalmente tampoco corresponde condecorarlos en esta ocasión.
 

 

 

 

 


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