Leyes

La administración tributaria y la inseguridad jurídica

David Altamirano señala que frente a la pasividad en los procedimientos de la administración tributaria se deben incorporar mecanismos que reduzcan la arbitrariedad. Además, que permitan a la administración ser más diligente y que ofrezcan respuestas oportunas.
domingo, 28 de mayo de 2017 · 00:00
David Altamirano  abogado y economista experto en materia tributaria

 

 El suplemento Ideas, del domingo 9 de abril de 2017, presentó un reportaje sobre el trato injusto y arbitrario que brinda la Administración Tributaria a los contribuyentes.

Los  casos que expone  son una pequeña muestra en relación con el sinfín de formas que la Administración vulnera los derechos de los contribuyentes: desde revisión de liquidaciones cumplidas porque dizque presentan "errores” los cálculos realizados por la propia Administración, hasta supuestas comisiones de contravenciones de no emisión de facturas que nunca ocurrieron y que sólo se justifican porque deben llenar sus metas internas de operativos, etcétera.
 
Manifestaciones que generan desorientación, confusión e incertidumbre y que en derecho recibe un nombre: inseguridad jurídica.

Entendiéndose por ésta las actuaciones de la Administración que por comisión u omisión vulnera derechos de los contribuyentes, incurriendo en arbitrariedad por pasividad dentro de un procedimiento, siendo práctica habitual la paralización de expedientes, incumplimientos de plazos, demoras injustificadas, etcétera.

El ordenamiento tributario tiene un destinatario, el ciudadano, a quien corresponde cumplir las obligaciones y deberes relacionados con los tributos, para cuyo efecto requiere conocer con claridad las exigencias legales, es decir, certidumbre para  saber a qué atenerse. Pero también las autoridades necesitan amoldarse a un esquema normativo previo, claro y preciso que genere orden y estabilidad, caso contrario estamos frente a un comportamiento arbitrario de los órganos estatales. 

Tan importante es la certidumbre y el respeto a la norma que la propia Constitución Política del Estado en el artículo 178 Par. I, proclama el Principio de Seguridad Jurídica junto a otros como sustentos de la potestad de impartir justicia. 

Se reconocen dos vertientes de la inseguridad jurídica: 

1. En la esfera la normativa, proveniente  de una defectuosa elaboración de normas, por imprecisión, desorden normativo, incertidumbres en las vigencias, no existen mecanismos de reducción de la arbitrariedad, proliferación de normas, leyes que vulneran principios y normas constitucionales.

2. Pero, sobre todo, la inseguridad se presenta en la esfera aplicativa, en el curso de los procedimientos donde no se respetan y lesionan los derechos de los contribuyentes. 

En la esfera aplicativa, entre las causas que genera inseguridad, se puede identificar la alta rotación del personal, que no permite su estabilización, las consecuencias en el desempeño son directas porque el personal está en un constante aprender, no saben cómo responder las peticiones, no se comprometen en dar respuestas o resolver casos delicados y complicados. La politización llevada a niveles extremos ha hecho mella de la Administración Tributaria. 

La Constitución Política del Estado en el artículo 323, parágrafo I, prevé que la política fiscal se basa en ciertos principios, entre los que se menciona el de control, que no es otra cosa que someter la actividad administrativa al control de las instancias de impugnación, como un mecanismo para revisar las actuaciones arbitrarias, denominada también interdicción de la arbitrariedad.

Para que la actividad de la Administración sea sometida al control de las instancias de impugnación, requiere que se pronuncie sobre los diferentes petitorios que se efectúen, acá se presenta uno de los grandes problemas de la Administración Tributaria, los procedimientos tributarios no prevén plazos para que se pronuncie, de esta manera existen casos en los que pasan años y no demuestra la menor voluntad de resolver o pronunciarse sobre los petitorios de los contribuyentes.

Frente a esta pasividad en los procedimientos, se deben incorporar mecanismos que reduzcan la arbitrariedad, entre ellos el silencio administrativo positivo y negativo que permitirán que la Administración Tributaria sea más diligente y ofrezca respuestas oportunas, caso contrario, de acuerdo al procedimiento que se trate, el contribuyente tendrá por aceptado su petitorio o se considerará rechazado para que ejerza el derecho a la impugnación.

No obstante que el silencio administrativo negativo está previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo y debería ser aplicada supletoriamente por previsión del art. 174.1 del Código Tributario, existe resistencia en la Administración y en la instancia administrativa de impugnación.

La ley y los procedimientos tributarios están sesgados en favor del sujeto activo, requieren compensarse con procedimientos que garanticen al contribuyente un verdadero tutelaje de sus derechos. 

Existe una fuerte crítica al desempeño de la justicia ordinaria; sin embargo, la justicia administrativa que se imparte por la Administración Tributaria  es mucho más arbitraria que la judicial, vulnera los derechos del ciudadano en mayor medida y con mayor frecuencia, es un abuso sin límites, etcétera … "ni a quién quejarse”. 

Los gobiernos y los organismos internacionales al ocuparse de la política tributaria sólo privilegian la recaudación del sujeto activo y el desempeño de la Administración para mejorar su capacidad recaudatoria. El año 1986, al impulso del Consenso de Washington, se propició la Reforma Tributaria con la Ley 843, siempre desde el punto de vista del sujeto activo, velando por una mayor eficiencia en la recaudación y mejorar las capacidades de la Administración, no se tomó en cuenta el "otro lado de la vereda”: del contribuyente. 

Actualmente se plantea una segunda generación de reformas en la política tributaria de la región, en la que se evalúan los actuales problemas que afectan la equidad de los sistemas tributarios, como el escaso efecto redistributivo de los impuestos, el elevado nivel de la informalidad de la economía, el problema de la evasión, etc., en el que debe incorporarse mecanismos que reduzcan la arbitrariedad de la Administración y garanticen un verdadero tutelaje de los derechos del contribuyente. 


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