Gestión

¿Quién fiscaliza las obras públicas?

El ingeniero explica que es la Contraloría General del Estado la que debe fiscalizar la correcta aplicación de las normas y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
domingo, 7 de mayo de 2017 · 01:00
Miguel Antonio Roca ingeniero civil y experto internacional en proyectos de infraestructura pública

 

Luego del abandono de las obras de la carretera Ixiamas-San Buenaventura (137 millones de dólares) y de la hidroeléctrica de Miguillas (420 millones de dólares), la prensa ha reportado también sobre las irregularidades en la adquisición de tres taladros para YPFB (150 millones de dólares) y sobre la contratación de la construcción de la planta de propileno y polipropileno que impulsa la estatal petrolera (2.200 millones de dólares).

 En dicho proyecto  la empresa adjudicada por invitación directa fue la que diseñó el proyecto, la que revisó y validó el diseño y la responsable de asegurar que se construya el proyecto de acuerdo con el diseño. Ante esta danza irresponsable de miles de millones de dólares, que se ha caracterizado por la poca transparencia y los estruendosos fracasos, cabe preguntarse quién fiscaliza las obras públicas. 

En un pronunciamiento publicado hace unos días, la Cámara Boliviana de la Construcción aclaró, con mucha propiedad, que las obras públicas son "el producto de la labor conjunta de tres actores: el Estado, como propietario, la Supervisión  (como) empresa consultora especializada, y la constructora, responsable de la ejecución física de la obra”. De hecho, la jerarquía técnico-contractual en la toma de decisiones durante la implementación de un proyecto  sitúa al supervisor por encima del contratista y al fiscal de obra por encima del supervisor. 

En esta trilogía Estado-Supervisor-Constructor, el propietario del proyecto  -es decir, la entidad pública contratante- lleva con creces la mayor responsabilidad, puesto que está en sus manos elaborar un buen diseño, contratar una buena empresa constructora y una buena empresa consultora para que supervise que el contratista implemente el proyecto de acuerdo con el diseño, con la calidad estipulada y dentro de los plazos y presupuestos contratados. 

No obstante, con demasiada frecuencia el fracaso de los proyectos de infraestructura comienza con un mal diseño, elaborado con un presupuesto insuficiente, ya que los "trabajos de preinversión” (así llaman los burócratas a los diseños) no suelen ser elegibles para financiamiento externo y deben ser ejecutados con los ingresos corrientes de la entidad contratante. 

Otro aspecto que suele mermar la calidad de los "proyectos a diseño final”  es que se los hace contrarreloj para que el jefazo pueda firmar el contrato e inaugurar las obras en una fecha clave para el clientelismo político, que orienta y define la inversión pública. 

Un mal diseño suele ir acompañado de un bajo presupuesto de obras y un mal pliego de especificaciones para contratar dichas obras, lo cual suele resultar en licitaciones que se tienen que declarar desiertas o a las que concurren muy pocos proponentes. Aún en un ambiente ideal de extrema transparencia y honestidad, un mal diseño con un mal pliego de especificaciones resultará en una mala contratación, la que terminará de forma inevitable en un fracaso.
 
Imagínese  lector lo que pasará en el ambiente actual, en el que prima la discrecionalidad y falta de transparencia en las contrataciones estatales, como se ha explicado en un artículo anterior (ver "La Chacota de la Inversión Pública”, Página Siete 23/4/2017).  

Cuando un proyecto de infraestructura pública fracasa, los medios de comunicación, los políticos opositores y la opinión pública en general suelen concentrar sus críticas en las empresas contratistas. Ante la presión, los responsables de la entidad contratante anuncian con solemne severidad que se rescindirá el contrato y se ejecutarán las boletas de garantía de la empresa contratista, lavándose las manos en relación con su propia responsabilidad en el fracaso del proyecto. 

Lo terrible es que esto ocurre una y otra vez, puesto que los proyectos fracasados se han convertido en la regla antes que en la excepción. Sin embargo, ¿alguna vez hemos leído en el periódico o escuchado en el noticiero que la Contraloría General del Estado determinó la responsabilidad administrativa, civil o penal a los funcionarios públicos corresponsables del fracaso? ¿Los hemos visto destituidos o por lo menos amonestados por las autoridades gubernamentales? Nunca, puesto que las instancias llamadas a fiscalizar las obras públicas no están cumpliendo con su obligación. 

Pensemos en primera instancia en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de las entidades contratantes que han estado en el ojo de la tormenta en relación con los más recientes fracasos: ABC, YPFB y ENDE. Pese a que la ley manda que la MAE de dichas entidades debe ser nombrada por el Presidente del Estado a partir de una terna presentada por la Cámara de Diputados, éstas han sido designadas a dedo y en interinatos que han sobrepasado los 90 días que permite la norma. No sólo son autoridades espurias, sino también son las principales corresponsables de los fracasos, puesto que su principal obligación es asegurar la correcta y exitosa implementación de los proyectos. 

Vamos entonces a la siguiente instancia: el directorio de cada entidad. Ahí el problema es idéntico, puesto que sus miembros no han sido nombrados de acuerdo con la  ley y no tienen ni por asomo el respaldo político de la MAE de la entidad, por lo que no se animan a cuestionar sus actos. 

Siguen en la jerarquía ascendente como responsables de fiscalizar las obras públicas, el ministro del área, el Comité de Planificación e Inversión Pública de la Cámara de Diputados y el Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura de la Cámara de Senadores. Sin embargo, ante los repetidos y escandalosos fracasos de proyectos de obras públicas, dichas instancias de fiscalización han mantenido una sospechosa y bovina mansedumbre.

No obstante, para evitar lo comentado en el párrafo anterior, nuestro ordenamiento jurídico prevé una instancia de fiscalización fuera de la "cadena de mando” política: la Contraloría General del Estado, la cual no sólo debe fiscalizar la correcta aplicación de las normas, sino -sobre todo-  el cumplimiento de los objetivos institucionales y los resultados obtenidos con el uso de recursos públicos. 

Al igual que con las entidades contratantes, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE debe ser nombrada a partir de una terna presentada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, al igual que con dichas entidades, el contralor es un militante del MAS, interino y nombrado a dedo. Es decir, contra toda lógica y en flagrante violación de la ley, en las filas del oficialismo nadie fiscaliza las obras públicas, en las que el Estado boliviano ha invertido varios miles de millones de dólares.
 
¿Por qué será?


 

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