Crónica

La pareja

Salvador Romero relata los sucesos ocurridos el pasado 4 de junio durante la jornada electoral en el Estado de México.
domingo, 25 de junio de 2017 · 00:00
Salvador Romero  sociólogo y ensayista

 

"Tengo 87 años”, respondió el hombre de sombrero, erguido, vestido con prendas pasadas de moda y pulcras, al lado de la esposa, una mujer aún más menuda que él, con una falda modesta.
 
 Contestó con voz segura y al mismo tiempo cansada, en el asombro de salir de una oficina con pantallas que desplegaban minuto a minuto las informaciones clave, de tener delante suyo cámaras y micrófonos de periodistas que jamás buscó, aclarando los detalles de su vida y de la jornada. 

Todavía trabaja de abogado, precisa, y el recorrido hasta el inmueble fue largo. Debieron salir de su localidad en el Estado de México para adentrarse en los vericuetos de la capital, en el dédalo de casas, edificios, centros comerciales, avenidas, desafiantes segundos pisos, aquellas autopistas suspendidas sobre pilares de concreto, cerca de inmensas banderas tricolores que ondulan con gracia. Tardaron, pero llegaron.

 La elección en el Estado de México había comenzado hacía ya horas. Al inicio de la tarde, en el sopor de un calor seco, sin viento, que asciende y roza los 30 grados, pocos acuden a sufragar bajo las carpas instaladas en las plazas y parques, en las canchas de los colegios, en las aceras. 

Los responsables de las mesas de votación y los delegados de partidos se abanican con lo que tengan a mano, todo sirve, desde los cuadernillos con los listados de inscritos hasta unas hojas sueltas; los perros se adormecen en las sombras. En la bucólica plaza de Chicoloapan, rodeada por la iglesia, la alcaldía, comercios sin pretensiones, funciona la mesa, entre el monumento a Benito Juárez y el quiosco de periódicos. Su presidente justifica la ausencia de sus vecinos y escéptico con los alcances de su propia labor, sospecha, lamenta, acusa que, de todos modos, se cometerá fraude. 

El representante de un partido denuncia ante los funcionarios electorales la compra de votos en una casa de las inmediaciones. En el patio, la investigación sorprende la presencia de unas computadoras, pronto desalojadas, pero ningún rastro de billetes.

 Los comicios ponían por primera vez en riesgo la supremacía del Partido Revolucionario Institucional, invicto desde hace casi un siglo, en su bastión, en su feudo. El Estado de México rodea a la capital, la frontera es apenas la demarcación administrativa que separa colonias de idénticas características: a veces, complejos lujosos de rascacielos para despachos y departamentos de ejecutivos de compañías prósperas, a veces viviendas populares, de uno o dos pisos, de colores desteñidos, insertas entre restaurantes de comida corrida, garajes de reparación de autos, tiendas de barrio. También, no lejos, constituye el territorio de rostros y estadísticas sombríos: tráfico de drogas, de personas, violaciones y feminicidios que ya no suman nombres, sino apenas números, escalofriantes a pesar de ni siquiera cubrir toda la realidad.  

 La víspera de la elección, la tensión creció, a la par que se extendía un ambiente de violencia latente, difusa. Decenas de cabezas de cerdo fueron arrojadas ante la sede de un partido, con amenazas o con listas de los ciudadanos encargados de administrar las mesas electorales. 

Muchos de ellos renunciaron y dejaron que se buscaran sustitutos a última hora. Incluso las redes sociales difundieron un comunicado del instituto electoral con diez consejos prácticos para sobrevivir en caso de balacera en los puestos de votación: tirarse al piso, proteger a los menores, aguardar el apaciguamiento de la situación; y como no se escatiman precauciones cuando se trata de la seguridad de la ciudadanía, incluyó instrucciones para que cualquier asalto se produjera sin dejar heridos. A las horas, corriendo por detrás, el organismo electoral aclaró que sus colores y su logo fueron falsificados, para amedrentar, mantener a la gente en las casas, lejos de las urnas. Sus responsables invitaron a votar.    

 En la sede de la Fiscalía Especializada contra el Delito Electoral, el fiscal se despide de la pareja con un gesto compasivo, y les ofrece un vehículo para que retornen a su hogar. Los ancianos contestan con explicaciones breves, a veces con monosílabos, a las preguntas de los periodistas, que escuchan la historia con pena. Angustiados, se presentaron porque recibieron un citatorio por delitos electorales. 

Les demoró llegar, desconocedores de la ubicación de la oficina, para enterarse que el tal papel, dejado en su domicilio, no era más que una adulteración, una de las decenas o centenares distribuidas desde el sábado, con nombres y direcciones exactas. Antes, otra pareja ya había acudido, y el esposo aclaró, ante funcionarios enmudecidos y consternados, que él no había cometido ningún delito y que no podían condenarlo a vivir en la cárcel los últimos meses del cáncer terminal.

 Cuando concluyeron las preguntas de los reporteros, el hombre se fijó en el reloj. Faltaban 15 minutos para el cierre de las urnas. Resignado, lamentó por los dos, que ya no podrían votar.

 


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