Justicia

El proceso de elección del Fiscal General en Bolivia

Para los autores, la lógica de realizar de un examen memorístico no ayuda a tener una aproximación práctica de lo que puede enfrentar un Fiscal General. Por ello, la nueva autoridad judicial debería combinar lo racional con el plano de las emociones en la lógica de aportar con algo a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad.
domingo, 07 de octubre de 2018 · 04:00

Catalina Rodrigo Machicao Estudiante de Cs. Políticas UCB-La Paz

Marcelo Arequipa Azurduy Politólogo

Con miras a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que se debe elegir al próximo Fiscal General del Estado, conviene hacer un balance del proceso incluyendo algunos elementos que pueden ser útiles a la hora de pensar en acciones propositivas de cara al futuro en lo que vaya a hacer esa autoridad electa. Pero también en lo que concierne al funcionamiento de los operadores de justicia en el país.

Por ello, ofrecemos un estudio al respecto que parte de algunas experiencias en el exterior como elementos que puedan ayudar a saber dónde nos situamos en este tema hoy. Luego hablamos de algunos elementos específicos de la elección de Fiscal General que estamos viviendo, para terminar con algunas ideas respecto a lo que tenemos en la coyuntura y las posibilidades que existen de elegir al mejor perfil profesional para ocupar ese puesto importante en el sistema de justicia.

Iniciamos con seis modelos de elección en países de Europa Norte y Sudamérica.

Estados Unidos

Méritos: Usualmente se considera para el cargo a aquellos que han tenido un trayecto largo practicando derecho.

Duración en el cargo: No tiene un tiempo limitado para estar en el cargo.

Tipo de elección: Es elegido por el presidente pero debe ser aprobado para tomar el cargo por el Senado luego de una serie de audiencias.

Francia

Méritos: Para ser uno de los agentes (procuradores) del Ministerio Público, que equivaldría a la oficina del Fiscal General, se requiere ser un magistrado especializado pero muchas veces han sido representados por oficiales de policía con un largo trayecto.

Duración en el cargo: De acuerdo a sus respectivos contratos laborales, todos intercambiables.

Tipo de elección: No es una elección sino el Ministère Public contrata a personas con experiencia para llenar este cargo.

Brasil

Méritos: Debe recibir honorarios, porcentajes o costas procesales, ejercer derecho, ser mayor de treinta y cinco años, participar de sociedad comercial según la ley, ejercer o haber ejercido cualquier otra función pública, salvo una de magisterio y ejercer actividad político-partidista.

Duración en el cargo: Dos años con posibilidad de reducción.

Tipo de elección: Nombrado por el Presidente y puede ejercer el cargo tras la aprobación de su nombre por la mayoría absoluta de los miembros del Senado Federal.

Colombia

Méritos: Ser colombiano, abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, haber desempeñado durante 15 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público; o haber ejercido, con buen crédito por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. No es requisito pertenecer a la carrera judicial.

Duración en el cargo: Cuatro años sin posibilidad de reelección.

Tipo de elección: El Fiscal General de la Nación será elegido por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República.

Perú

Méritos: Ser mayor de 45 años. Si es magistrado, haber ejercido el cargo de fiscal superior titular o fiscal adjunto supremo cuando menos 10 años y si no lo es, haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por 15 años. Haber aprobado la evaluación prevista por el Consejo Nacional de la Magistratura

Duración en el cargo: Tres años, y es prorrogable por reelección, sólo por otros dos adicionales.

Tipo de elección: Se publica la convocatoria y los postulantes que hayan superado el proceso de selección son nombrados fiscales titulares. Esto incluye un proceso de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para el ejercicio de la función fiscal, mediante examen escrito.

Argentina

Méritos: Ser ciudadano argentino, con título de abogado, con ocho años de ejercicio y reunir los requisitos para ser Senador nacional.

Duración en el cargo: Dura mientras se mantenga el mandato del presidente en ejercicio.

Tipo de elección: La terna es conformada por candidatos propuestos por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado y es elegido por el Congreso.

La experiencia es el común

Los casos de los países presentados muestran el proceso de selección de Fiscales Generales en Estados Unidos y Francia al igual que varios países de la región como Brasil y Argentina, dos Estados interesantes de observar por las actuaciones de la Justicia en el caso de Lula da Silva y Cristina Kirchner, respectivamente.

Puntos remarcables de estos procesos son, por ejemplo, la falta de límite de tiempo en el cargo en Estados Unidos que, a diferencia del resto de los países, podría contribuir un estatus de neutralidad respecto a las administraciones en ejercicio. Otro elemento interesante es que en Francia, no se tiene un solo Fiscal General (llamados Procuradores, miembros del Ministère Public) sino varios que son intercambiables sin detener o afectar ningún proceso que se haya estado llevando a cabo.

Finalmente, otro factor llamativo es el tiempo de experiencia requerida en Colombia con 15 años de cargos en el poder Judicial o siendo profesor.

En terreno nacional

En Bolivia ciertas características que podemos mencionar son el examen escrito propuesto por prominentes abogados independientes del Estado, pues siendo estos expertos se lograría obtener una clara muestra de la competencia de los candidatos (más adelante se puede ver algunos errores del examen propuesto por las universidades para el examen escrito).

Los requisitos deberían incluir además de los límites de edad y de trayectoria laboral, estudios más avanzados en el campo del derecho.


Sobre el cargo en Bolivia

En la historia del país tenemos tres hitos importantes que dan cuenta de la transformación que sufrió la elección a Fiscal General:

a) En la Constitución de 1967 se planteaba que la Cámara de Senadores tiene como una de sus atribuciones proponer una terna al Presidente de la República para Fiscal General, siendo él quien lo elige.

b) En la Constitución de 1994 las atribuciones cambian y se plantea que Poder Legislativo nombre con dos tercios de votos al Fiscal General y otras autoridades. A pesar de que tenemos el antecedente de que el expresidente Sánchez de Lozada mediante DS designó a Óscar Crespo Soliz de una terna propuesta por el Senado sin que exista antes el proceso de evaluación de antecedentes.

c) Esto se mantiene también en la Constitución del 2009 cuando dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero además se plantea realizar una “convocatoria pública, la calificación de capacidad profesional y méritos”. Los ejemplos más inmediatos son el de diciembre de 2004 cuando el Congreso eligió en el cargo a Pedro Gareca y luego al saliente Fiscal General, Ramiro Guerrero.

El proceso de selección

Luego de que ocurriera el proceso de registro de postulantes, habilitación e inhabilitación de postulantes, vino la etapa del examen escrito. Al respecto cabe señalar, por ejemplo, que al revisar las preguntas que fueron formuladas por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, existen al menos dos errores encontrados: 1. En la pregunta 21 no existe la Corte Internacional de Derechos Humanos, sino la Interamericana; 2. En la pregunta 22 no existe el Pacto Internacional de Segunda Generación? Derechos Humanos de Segunda Generación.

La lógica de realizar de un examen memorístico no ayuda la posibilidad de tener una aproximación práctica a lo que puede enfrentarse un Fiscal General. Quizá si se contara con una prueba realizada por abogados eminentes en el desempeño de esa parte del Derecho o incluso exfiscales sería posible tener mayor precisión en la búsqueda del mejor perfil para ocupar ese puesto.

La siguiente etapa que fue la entrevista a los candidatos tuvo como tiempo a penas 10 minutos por persona en la que se pretendía evaluar tres grandes dimensiones: Conocimiento del área, de gestión, y propuesta para llevar adelante en el cargo. Repitiéndose de esta forma una evaluación que premia a lo memorístico más que a lo analítico.

La designación de los candidatos

Nótese aquí lo que está sucediendo con el candidato Brett Kavanaugh para la elección del magistrado para el Tribunal Supremo de EEUU. Sobre él está cayendo el foco de la opinión pública luego que se aceptara que el FBI le abra una investigación por los delitos en los que se le acusa de agresión sexual hace varios años.

Estas polémicas no son sólo de contextos en desarrollo o con poca fuerza institucional. De hecho, por eso es importante verificar un poco dónde se encuentran en términos sociales y políticos los potenciales candidatos que entraron en la última lista para votación en el legislativo para la Fiscalía General.

Por ejemplo, en la evaluación a las impugnaciones de los candidatos se observa una situación paradójica. En un primer momento se inhabilitó a los candidatos Jorge Pérez (exministro de gobierno), Fausto Lanchipa (expresidente del Tribunal Departamental de Justicia), y a William Alave (vocal del Tribunal Departamental de Justicia), entre otros, porque fueron imputados penalmente. Luego vía amparos constitucionales, que resolvieron jueces dependientes, ellos consiguieron la anulación de las imputaciones y lograron rehabilitarse.

La paradoja aquí fue que durante la etapa de impugnaciones de la sociedad civil, al no estar habilitados, nadie los impugnó y cuando ese plazo venció ellos volvieron a ser candidatos. Esto es así porque se observa la existencia de un defecto del Reglamento, que concede a los candidatos la posibilidad de impugnar su inhabilitación, y volver a la lista. Por tanto, al estar los plazos solapados, se genera una protección encubierta donde la sociedad no puede impugnar a esos candidatos porque están temporalmente inhabilitados.

De la revisión de las hojas de vida que están disponibles en la página web de Senado encontramos algunos datos llamativos: desde el inicio de la postulación de candidatos que tenía una lista de 53, de los cuales 47 hombres y seis mujeres, se redujo al final a 26 candidatos al final pero todos ellos hombres, no hay ni una sola mujer. En lo regional, al inicio los candidatos provienen más de La Paz, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. La lista final de 26 contiene candidatos de: La Paz (cinco), Santa Cruz (cinco), Potosí y Cochabamba (cuatro), Chuquisaca (tres), Oruro (dos), Beni y Tarija (cero).

Edad: De 60 años para arriba, el mayor es el candidato Humberto Ortega Martínez con 67 años, de Potosí, que tiene tres personas mayores, luego dos de La Paz , y uno de Oruro.

De 50 a 59 años, el mayor es David Baptista Velásquez con 58 de Chuquisaca, le siguen tres de La Paz y tres de Cochabamba, dos de Santa Cruz y unode Oruro.

De 40 a 49 años, el mayor es Milton Montellano Roldan con 49 años de Chuquisaca, le siguen tres de Santa Cruz, dos de La Paz, uno de Potosí y uno de Cochabamba.

Menores a 39 años, tenemos uno de Chuquisaca y uno de La Paz, siendo el menor de todos el candidato Aimore Francisco Álvarez Barba de La Paz.

Edad de la obtención de la licenciatura en Derecho: El arco fluctúa entre candidatos que a los 46 años obtuvieron la licenciatura (Humberto Ortega Martínez) y otro que a los 23 (Iván Lima Magne). Entre los candidatos que obtuvieron la licenciatura siendo más jóvenes se observó si es que estos hicieron algún curso de posgrado a partir del nivel de maestría, ahí se observa que de los seis primeros solamente uno cuenta con un diplomado, el resto con maestrías. Dos las hicieron en el extranjero: Iván Lima en Argentina, y Rigoberto Paredes en EEUU.

En la dimensión de si los candidatos produjeron artículos o textos académicos de relevancia en lo académico, se evidencia que solamente siete de los 26 cuentan con producción intelectual y registrada en espacios académicos importantes. Un dato curioso es que al revisar las hojas de vida nos encontramos con que el candidato Jose Luis Dávalos Rivadeneira presentó una sola página de CV, es decir muy poca información.

Finalmente, a partir de la información que mostramos en este estudio creemos que es posible mejorar el proceso de selección y designación de una autoridad tan importante para el funcionamiento de la justicia en el país, si somos capaces de recuperar algo de la sensación negativa que tiene buena parte de la población sobre lo judicial y el espanto que produce cuando hablamos de lo penal. Será posible recuperar buena parte del terreno que de manera inmediata en lo práctico un nuevo Fiscal General del Estado debería hacer y así combinar lo racional con el plano de las emociones en la lógica de aportar con algo a la solución de nuestros problemas.

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