Beneficio

El doble aguinaldo es inconstitucional

Según fundamenta el autor, la fuente de la normativa que lo crea y regula no tenía ni tiene la competencia para legislar sobre esta materia.
domingo, 04 de noviembre de 2018 · 00:10

Alberto Solares Gaite, Abogado Preclaro del ICALP  .

“En ejercicio legítimo de las garantías constitucionales, los decretos que imponen el doble aguinaldo, pueden ser objeto por cualquier persona natural o jurídica afectada de recursos directos de nulidad”.

Cualquier prestación o beneficio dirigidos a mejorar el nivel de vida de los trabajadores es, indudablemente, muy positivo y socialmente ponderable por su carácter redistributivo. Sin embargo, para tener tal efecto existen tres condiciones esenciales: 1) motivación legítima, 2) racionalidad económica, y 3) potestad y formalidad jurídicas.

En relación a la motivación del doble aguinaldo, es unánime la percepción que el mismo responde a un determinado interés que no tiene la legitimidad de lo social, su motivación es básicamente política y electoral.

En cuanto a su racionalidad económica existen varios factores negativos: puede ser altamente perjudicial una inyección de liquidez monetaria de magnitud sin contraparte de producción por sus riesgos inflacionarios que implica.

 Por otra parte la mayoría de la población estará excluida del beneficio ya que se halla inmersa en la informalidad; asimismo constituye una amenaza para las pequeñas unidades económicas que por su dimensión no logran utilidades ni alcanzan grandes réditos, enfrentando más bien una realidad precaria de sobrevivencia.

 Las mismas bases de cálculo del supuesto crecimiento atribuido a la economía nacional –no es un secreto– se hallan manipuladas para servir objetivos políticos.

Respecto a lo jurídico, que constituye lo central de esta nota, es elemental que la validez y exigibilidad de una norma jurídica pasa por el cumplimiento de algunos requisitos fundamentales, tanto materiales como formales, siendo uno de los principales la potestad legal o la competencia  de la autoridad u órgano que emite la norma.

 En el caso que nos ocupa, resulta que la fuente de la normativa que crea y regula el doble aguinaldo no tenía ni tiene la competencia para legislar sobre esta materia y, por tanto, todas las medidas establecidas al respecto son nulas de pleno derecho, veamos la razonabilidad jurídica de esta afirmación:

En febrero de 2009 se promulga y entra en vigencia la actual Constitución Política del Estado, en cuya parte dogmática se formula todo un capítulo sobre los Derechos Sociales y Económicos, que comprende en su Sección III los preceptos constitucionales relativos al Derecho al Trabajo y al Empleo.

Pues bien, al margen de la Norma Fundamental, en la gestión 2013 surge una figura sui generis creada por el Decreto Supremo 1802 de 20 de Febrero de ese año, denominada “Esfuerzo por Bolivia” , que dispone el pago de un doble aguinaldo siempre que el crecimiento de la economía nacional registre o supere el  4,5%.

 Este Decreto Supremo fue complementado y ampliado sucesivamente por otras normas de la misma jerarquía en gestiones posteriores, es decir normas típicamente reglamentarias o sea dictadas por el Órgano Ejecutivo.

En consecuencia, el problema que puede parecer formal es de fondo, por cuanto la fuente de los Decretos sobre el Doble Aguinaldo contradice la competencia constitucional asignada en forma expresa en esta materia al Órgano Legislativo.

El Artículo 49.II de la CPE dispone que “La LEY regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación, descansos remunerados y feriados, cómputo de antigüedad; jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa”.

En el mismo sentido, el Artículo 122 de la CPE señala que “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. 

En consecuencia, en ejercicio legítimo de las garantías constitucionales, los decretos que imponen el doble aguinaldo, pueden ser objeto por cualquier persona natural o jurídica afectada de recursos directos de nulidad.

 Pueden también ser objeto de acciones de inconstitucionalidad abstracta por quienes tienen legitimación activa para ello, o concreta dentro de un proceso en la vía jurisdiccional o administrativa; pudiendo ser también aplicable el Amparo Constitucional (Art. 128  de la CPE.).

En todos los casos podrá invocarse la garantía de reparación y resarcimiento por vulneración de derechos constitucionales (Art. 113 de la CPE.).

Lo curioso, en el tema del doble aguinaldo, es por qué no se tramitó la ley correspondiente, dada la mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa; ¿será otro caso recurrente del “meterle nomás?, lo que sí queda clara es la ignorancia o desprecio que se demuestra por la separación del poder público entre sus diferentes Órganos, siendo por el contrario la concentración de poder una constante en la política de gobierno.

Quizá se tramite para la presente gestión una ley o se eleve a rango de ley los decretos supremos relativos al doble aguinaldo, pero como las leyes no pueden ser retroactivas la nulidad de los pagos indebidos por este concepto en las anteriores gestiones subsistirá y podrá ser demandada su reparación y resarcimiento.

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