El ministro Romero no tiene toda la culpa

El Gobierno se ve necesitado de proteger ininterrumpidamente a la Policía. De ahí surge la primera hipótesis de la canica asesina.
domingo, 10 de junio de 2018 · 00:00

Diego Ayo Politólogo

Me tiento a caer en el análisis moralista y decir que Romero es un mal ser humano. Me tiento de caer en el análisis personalista y pedir a gritos su renuncia. Y es que no es para menos. La seguidilla de bajezas se agolpan en mi cerebro y me atufan. No tengo costumbre de atestiguar esta seguidilla de vilezas: vileza 1: el cuento de la canica no se creyeron ni los del Gobierno (con la excepción siempre honrosa de Hugo Siles, sin duda alguna); vileza 2: fue el policía Cristian Casanova el que mató al estudiante Quispe, ¿qué tal? 

Es como culpar al chico que lavaba los uniformes nazis de haber ocasionado el Holocausto. Es una cosa así de vulgar y, por supuesto, con un pretendido aire científico: “la ciencia de la criminalística ha determinado la improbidad del acusado, sometido a fuertes presiones psico-trópicas”; vileza 3: Carlos Mesa lo acusa de ser el culpable de la muerte del estudiante y Carlos Romero, fuera de control, lo acusa a su vez de haber causado la infelicidad conyugal, la pérdida del mar, la desclasificación al Mundial de Rusia y muchas más cosas que se pudo plantear hace 12 años pero no se lo hizo. 

Ameritan una sonrisa (o ameritarían una sonrisa si quien suelta estas perlas no fuese un ministro colérico, empeñado en defenderse a ultranza y/o caer –a veces hay que caer- pero nunca solo, mejor si se arrastra a quien se interponga).

Pero no, no cedo a esa tentación de la reflexión moral y personalista. La razón es simple: el problema aunque tiene incuestionables dosis personales y morales, debe trascender ese talante incriminador y auscultar qué sucede tras las cortinas. 

Y lo que sucede fue analizado con rigor académico por Juan Ramón Quintana en su libro sobre la Policía. ¿Es un homónimo del ministro Juan Ramón? No, es él mismo, solo que cuando era serio. Aprendió en su faceta de académico qué es lo que estaba mal en la Policía pero era de enorme utilidad al poder político, aun, y sobre todo, de forma turbia. 

Lo aprendió y enseñó bien, pero años después (el libro es de antes de 2005) no buscó subsanar el asunto, sino perfeccionarlo en su dimensión perversa. ¿Qué nos contaba el otrora profesor? Que la Policía había funcionado bajo un esquema bautizado como de gobernabilidad patrimonial, que puede sintetizarse en la siguiente frase: “Señores policías, yo voy a aplicar políticas neoliberales, y como a la gente no le va a gustar que las ponga en marcha, y van a salir a protestar, ustedes me tienen que ayudar reprimiendo todo lo que se mueva, y yo a cambio les doy mejores sueldos, me hago el opa si hacen negocitos y de yapa, les doy impunidad”. 

¿Qué ocurrió? Que hasta el 2003, todos los comandantes en jefe de la Policía habían salido con alguna acusación de corrupción en su contra pero a ninguno se le investigó nada y menos se le comprobó. Ergo: primó la impunidad. 

¿Impulsó el “proceso de cambio” algún cambio en ese esquema? Sí, claro que sí, logró que el noviazgo sin consumación que existía durante el “periodo neoliberal”: eran socios y ambos tenían relativamente simétrica fuerza, “me apoyas y yo te apoyo”, se convirtiera en un matrimonio árabe: sin amor pero por conveniencia tanto política como económica: “soy tu dueño, vives bien, te doy todo pero te sometes”. 

En este último escenario árabe, el Gobierno se ve necesitado de proteger ininterrumpidamente a la Policía. De ahí surge la primera hipótesis de la canica asesina. Imagino el diálogo: “¿Cómo sacamos a la Policía de este entuerto, está clarito que se les ha ido la mano?”, “tranqui, diremos que ellos mismos, los estudiantes, se han matado, y que usan métodos criminales usados ya en Venezuela y Nicaragua”, “qué gran idea, qué capos somos, díganle al Siles que anuncie esta genialidad. Quién como él…”. Sin embargo, la población no se creyó el cuento y El Alto se puso en pie con la UPEA liderando la movilización. ¿Qué correspondía? 

Por supuesto en un escenario que obligaba a inculpar a la Policía, lo sensato (y ético… ¡vaya olvido!) hubiese sido inculparla. Pero como la maquinaria funciona bajo los parámetros de la gobernabilidad patrimonial descrita, esta solución sencillamente no podía ni debía existir. Correspondía culpar a la Policía sin culparla: segunda hipótesis en curso. ¿Qué significa esto? Pues lo obvio: culpar a un policía, así con minúscula, pero desmarcar a la Policía, así con mayúscula. Por tanto, el destino de Casanovas Condori ya estaba sellado incluso antes de que existiera una víctima. ¿Por qué? Pues porque todos los policías son fusibles, cuyo propósito es proteger el pacto patrimonial suscrito y su indigna gobernabilidad. Hoy es Cristian Casanova, mañana será Pepito López y pasado mañana Coquito Maygua. 

¿Hay más? Quizás: se ve que en fases superiores de la gobernabilidad patrimonial, como lo verifica el politólogo Jonathan Hartlyn en sus estudios sobre neopatrimonialismo, se tejen sociedades no solo políticas, aquellas del “yo te doy mejores sueldos y demás si tú reprimes cuando lo ordene” sino económicas: “te voy a proteger no solo porque eres mi aliado político, sino porque eres mi socio en negocios clandestinos que tenemos: compra de uniformes, armamento, etc”. En ese caso, la obligación es inflexible: “a mi socio empresarial no se lo toca, pues si los acuso, me delatan y aquello podría salpicarme”. ¿Podemos ofrecer esta explicación como válida? 

No, por supuesto que no, carecemos de pruebas, pero es necesario ponerla sobre el tapete para corroborar la reflexión previa: ¡este no es un asunto personal!, por lo que aún si se echa a Romero, el meollo no va a variar con otro ministro: la gobernabilidad patrimonial (e incluso la posibilidad de “hacer negocios”) seguirá intacta y el riesgo de que haya más muertos seguirá latente. 

Es ahí donde se debe apuntar y no solo al decapitamiento de una persona cuya cabeza rodando, aunque satisfaga provisionalmente a la gente enfervorizada por el espectáculo circense romano en curso, no modificará el formato de poder que se ha tejido a lo largo de estos 12 años. Un formato ruin que posibilitó ya, por ejemplo, que la Policía se haga la opa en la quema de la Alcaldía de El Alto o de la Gobernación en Cochabamba, obedeciendo a su cada vez más deslucido marido.

 

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