Conflicto

El Mayo de Jhonatan

Este episodio nos acerca a la comprensión de las maneras en que el Gobierno boliviano, en un contexto de declinación de legitimidad y de oposición eficaz cada vez más generalizada, viene confrontando las movilizaciones populares.
domingo, 08 de julio de 2018 · 00:07

Patricia Chávez Socióloga

Los estudiantes se miraban entre ellos y decían “nunca nos había pasado esto, ni con Goni”. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros –“a él le gustaba cantar el Achuhuete” dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. 

Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían “está cansada”, “están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro”, “claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto”, “pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado”, “murió como valiente”, “gobierno asesino” murmura la gente. 

Esta universidad, nacida al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no al estilo de una rancia institución de élite, padece hoy un asedio gubernamental. Con la persistencia en sus masivas movilizaciones, la UPEA dio claras señales de que se había salido del esquema de disciplinamiento y obediencia que el Gobierno impone a la ciudadanía. 

Las implicaciones son graves, ya que puso en el tapete de la discusión nada menos que la importancia real que las autonomías universitarias tienen para el Gobierno; la cuestión de los déficits financieros de las universidades; la necesidad de debatir con urgencia sobre un “nuevo Pacto Fiscal ya”, que determine una nueva distribución de los recursos nacionales y que beneficie a todas las universidades del sistema; la interpelación a la ciudadanía en general y particularmente a los sectores sociales solidarios con el movimiento de la UPEA. 

Ahora bien, para el Gobierno hay dos tipos de autonomía universitaria, las que perjudican y las que no perjudican, más aún cuando se dice públicamente que hay que crear nuevas universidades indígenas sin autonomía. Que luego se proponga también públicamente una “refundación” de la UPEA supuestamente en los marcos de su autonomía, busca en realidad la manera de controlar o anular la autonomía upeísta manteniendo la denominación. 

Modus operandi del “gobierno de los movimientos sociales”

En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)  se ha puesto en evidencia el modus operandi del Estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los “servidores” públicos.

 Estrategias y garrotes

El Estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. 

Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas tratativas burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desacreditar al enemigo y desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. 

No faltan los esbirros informáticos ni los matones que golpean y amedrentan selectivamente. Cuando hay muertos de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de “esclarecimiento” que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada. 

La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras –“flojos”, “borrachos”, “chupeas”, “violentos”, “aprendan a vestirse”, “mediocres”, “los de la UPEA abstenerse”, “la peor universidad”, “indios”, “váyanse a El Alto”– porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres (las mujeres son mayoría en la UPEA) son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. 

Originalmente la educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para resguardar y reproducir los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas –desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios–; cabe preguntarse en qué grado continúa vigente tal función, pues hay quienes quieren ver si la UPEA da la talla para osar pedir más recursos y para considerarse digna de pertenecer en términos de “igualdad” al sistema universitario.

El problema

Cuando la UPEA considera la necesidad de continuar movilizada, no pierde de vista:

a) El caso de la muerte de Jonathan Quispe continúa sin resolver.

b) Este año de 2018 existe un déficit presupuestario de 152 millones de bolivianos que si no es cubierto amenaza la normalidad del funcionamiento de la UPEA.

c) Cuatro son las fuentes de financiamiento con que cuentan las universidades: Tesoro General de la Nación (TGN), Coparticipación Tributaria (CT), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y recursos propios. La UPEA decidió optar por exigir la modificación de la CT, pues es un ingreso cuya distribución se calcula en función de la población de la ciudad o departamento donde está ubicada la universidad. 

Las asignaciones tienen que ser actualizadas de acuerdo a los datos poblacionales arrojados por el último Censo Nacional del año 2012. La UPEA recibe el 0,355% de la CT según la Ley Nº 195 del 9 de diciembre de 2011, y demanda que este porcentaje suba al 2%  ocurridos no sólo los cambios poblacionales de la ciudad, sino previendo el crecimiento poblacional estudiantil. 

Sólo por densidad poblacional la UPEA tiene derecho a que se modifique en su beneficio la distribución de la CT, y eso debió pasar automáticamente  después del Censo Nacional del 2012, pero no ocurrió así.

 Para no afectar  los presupuestos de la demás universidades del sistema, la UPEA no plantea la redistribución del 5% de la CT, sino el aumento del 2% a este porcentaje. 

De esa manera la UPEA subsanaría su problema presupuestario de manera permanente y sin afectar a sus pares académicos. Además existen otra serie de detalles, como el hecho de que la UPEA tiene una de las inversiones más bajas por estudiante –4.597 bolivianos–, lo que ha hecho que la UPEA se sienta tratada como una universidad de segunda clase. 

d) El Gobierno se ha negado rotundamente a modificar la distribución de la CT y ofreció un monto de  70 millones de bolivianos a ser erogados por el TGN. Es evidente que el monto es insuficiente no solo para este año –no cubre ni la mitad de las necesidades del 2018-, sino para los años siguientes, pues la población estudiantil alteña no cesa en su crecimiento y la oferta estatal no implica otra cosa que la crónica de movilizaciones anunciadas para las futuras gestiones. 

La idea gubernamental de solventar el resto del déficit con los recursos provenientes del IDH viola sus propias normativas, según las cuales esos recursos no pueden usarse en salarios, sino en infraestructura y otras necesidades de la universidad. 

Conocido esto, las fuerzas universitarias estudiantiles son las más reacias a financiar con IDH lo que en realidad debería salir de la CT, y no les falta razón.

La inquietud gubernamental por la UPEA se debe a que ésta adquirió en determinado momento una considerable dimensión politizadora, al develar el trato discriminatorio a la ciudad de El Alto y a su universidad. 

El problema de fondo es la concentración de recursos en el nivel estatal y la negativa a rendir cuentas o a redistribuir de manera más equitativa los ingresos fiscales. El Gobierno ha congelado el Pacto Fiscal vigente y no quiere tratarlo. ¿Por qué se niega a cambiar la vigente forma de distribución de recursos públicos? ¿Será porque acaparar recursos públicos tiene buenos réditos políticos? 

No atender la demanda de la UPEA arguyendo falta de transparencia administrativa y de calidad educativa es incurrir en argucia incompetente, pues aunque la UPEA demostrase la más absoluta transparencia administrativa o la más absoluta calidad educativa, no podría cubrir con  70 millones de bolivianos el actual déficit presupuestario de  152 millones de bolivianos para garantizar un normal funcionamiento institucional.

Todo, desde los salarios de administrativos y docentes hasta la capacidad de la universidad de producir conocimiento, ha sido cuestionado, insinuando desmerecimientos y descalificación total. Demás está decir que ése es un criterio colonial aplicado a una universidad de profundas raíces populares e indígenas, -indias para el lenguaje socioracial actual-. 

¿Que si se necesitan reformas y reordenamientos internos? Quién podría saberlo mejor que nosotros mismos. Quienes astutamente piden que se aclaren los gastos de la UPEA mediante auditorías, con ánimo de entrampar a los movilizados, ignoran que la demanda upeísta interna es de fondo, pues plantea no sólo auditorías, sino identificar actores y lógicas que dificultaron los mecanismos internos de gestión para reformarlos.

¿Las autoridades publicarán con transparencia la información sobre cuánto dinero le cuesta al pueblo la campaña de spots mediáticos contra la UPEA?

Cuestionan el voto universal y la periodicidad de cátedra, que son características de la autonomía de la UPEA, y estudiantes y docentes de las demás universidades se sienten interpelados.

El Gobierno y algunos estamentos universitarios se ponen en guardia: que el “mal ejemplo” no cunda, esa autonomía es perjudicial, es la raíz de la rebeldía y el conflicto, los estudiantes no son aptos para la autonomía, hay que refundar la UPEA, y la solidaridad universitaria queda afectada; las élites de otras universidades, haciendo coro al Gobierno, declaran que se movilizarán contra la UPEA porque supuestamente ésta quiere afectar otros presupuestos, cuando se ha repetido hasta el cansancio que la UPEA plantea una demanda que no afecte a terceros. ¿Por qué no luchar conjuntamente para cambiar la Ley  195?, ¿por qué?

 

¡La UPEA de pie, nunca de rodillas!


Sobrepasamos un mes de movilizaciones. En esta lucha, estudiantes y docentes de base nos sobreponemos diariamente al cansancio, a los intentos de infiltración, división y debilitamiento, a la lluvia de propaganda oficialista, a las gasificaciones policiales. Es una lucha desigual. Es el Estado contra la UPEA.

 Sin diálogo real, el Gobierno de manera unilateral y haciendo gala de poder ha promulgado la Ley 1072 que asigna 70 millones de bolivianos a la UPEA, a sabiendas de su insuficiencia, sentando de esta manera precedentes para futuras movilizaciones por presupuesto. 

Pero la indignación impide la resignación. No olvidamos a Jhonatan Quispe,  no olvidamos a nuestros huelguistas de hambre ni a las muestras de solidaridad. Concluya como concluya esta lucha, la UPEA  ha puesto en evidencia al Gobierno.

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