Análisis

La pujanza empresarial del “Proceso de Cambio”: indios a la venta

¿Existen empresarios ilegales públicos? El autor parte de la certeza de que la abultada ampliación del Estado facilita la aparición de estas empresas.
domingo, 08 de julio de 2018 · 00:04

Diego Ayo Politólogo

La BBC inglesa publicó el 19 de abril de este año un artículo de Nathalie Iriarte bajo el título: “¿Por qué a pesar de las leyes promulgadas por Evo Morales, a los indígenas se les sigue discriminando por su idioma en Bolivia?  Versa sobre la Ley 269 de 2012 que manda que todos los funcionarios públicos deben aprender una lengua indígena. 

El mismo vicepresidente García Linera expresó que quien “en el futuro no sepa una lengua indígena está perdido, será considerado un ignorante”. ¿Qué pasó? Pues que no se hizo nada. Eso es lo que afirma este interesante reportaje, dejando en claro que los dos primeros en estar perdidos y ser considerados, bajo esa lupa, como ignorantes, serán Evo Morales y él mismo.

Pero, ¿es cierto, entonces que no pasó nada? No, no es cierto. Sí pasó algo, algo muy curioso (que en verdad es muy usual) que delata el tipo de burocracia que se viene construyendo a lo largo de esta década y un poco más del “proceso de cambio”. Es una burocracia empresarial. 

Me explico. Nos han enseñado que las empresas son organizaciones legales que buscan producir una mercancía, venderla y por ese servicio obtener una renta. Repito: son organizaciones legales que pueden ser administradas por empresas privadas o por empresas públicas. 

¿Existe la posibilidad de contar con empresas ilegales? Pues sí, sin dudas, las empresas ilegales privadas son moneda corriente: narcos o contrabandistas así lo confirman. Insisto: son empresarios privados ilegales. Pero, ¿existen empresarios ilegales públicos? Parto de la certeza de que la abultada ampliación del Estado facilita la aparición de estas empresas que lucran de maneras verdaderamente creativas, aunque perversas.

 ¿A qué me refiero? A que para mantener el trabajo como funcionario público, como sostiene Guillermo Aluce, coordinador del Viceministro de Descolonización, se requiere hablar un idioma originario. 

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, se debe pasar cursos que certifiquen que verdaderamente se habla esa lengua. Hasta ahí seguimos bien. ¿Dónde se pervierte el asunto? Al momento de pagar por el cartoncito que acredite que se cuenta con un nivel apropiado de aymara y/o quechua como los idiomas principales.

Como afirma la noticia de BBC, “se pueden conseguir certificados originales por precios que varían entre los 15 y los 40 dólares (…) los vendedores están dentro de las mismas instancias públicas encargadas de capacitar a los funcionarios de Estado y de recuperar las lenguas indígenas”. 

¿Qué tal? Ya podemos visualizar a los potenciales empresarios públicos clandestinos. Pero sigamos con el reporte de la periodista Iriarte: “conseguimos contactos que facilitan el trámite del certificado sin pasar clases en tres institutos: el de Lengua y Cultura (ILC), en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y en el IPELC (Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas).” 

¿Qué podemos concluir respecto a estas declaraciones? Primero, que el negocio es verdaderamente prometedor: hay aproximadamente 400 mil funcionarios y el costo promedia los 30 dólares, lo que equivale a que si logramos vender nuestra mercancía eficientemente –el certificado en cuestión– logramos una nada despreciable suma de ¡12 millones de dólares! 

Ya imagino a muchos esforzados empresarios bolivianos que ni por asomo proyectan ganancias de este volumen. Y, de yapa, ¡sin tener que pagar dobles aguinaldos, lidiar con salarios incrementados arbitrariamente, aguantar el ingreso de mercadería contrabandeada y un largo etcétera!

Segundo, que la ideología del mercado al que concurren empresas compitiendo entre ellas y permitiendo que la mejor venza, funciona eficazmente. 

¿Cómo? Pues dejando que las potenciales empresas ilegales públicas, legitimadas por el escudo legal con el que funcionan (precisamente como Instituto de Lengua y Cultura, Escuela de Gestión Pública Plurinacional e Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas), compitan para ver cuál ofrece un mejor servicio: sobre A: “certificados con asistencia de dos clases solamente, una botella de whisky para el que gestiona el trámite y el costo de 40 dólares”; sobre B: “certificados con asistencia con solo una clase y el costo de 30 dólares”; y, sobre C: “certificado garantizado sin asistencia a clases, participando en el Gran Poder junto al jefe y con un costo de 20 dólares”. 

No hay duda que la tercera “empresa” ofrece un mejor servicio posibilitando que aunque no tengas la menor remota idea de la lengua originaria, pero si tengas 20 dólares en el bolsillo y ganas de bailar, puedas obtener tu producto. 

¿Invento? Lo dudo. Ya el chavismo patentó esta pujante economía. Leí una noticia hace un par de meses que comenté en mi muro de Facebook: “el servicio de migración de Venezuela cobra entre 2.000 y 10.000 dólares por sacar un pasaporte”. Obviamente se trataba de cobros ilegales. ¿Buen negocio? ¡Grandioso! Se tiene un mercado potencial de cuatro millones de migrantes. Si estos oscuros funcionarios lograsen cobrar 2.000 dólares por pasaporte, estaríamos hablando de un negocio potencial de 8.000 millones de dólares. 

La senda es pues la misma. Socialismo del Siglo XXI, le dicen. Y ahí viene la tercera reflexión de cierre: al menos en esto Evo si cumple la Constitución: la economía está más plural que nunca, aunque la mercancía sea nada más y nada menos que el idioma de sus ancestros.

 

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