Corte Internacional de Justicia

¿Manto de olvido sobre la sentencia de La Haya?

Suena a burla considerar “histórico” el hecho de haber conseguido llevar a Chile ante un tribunal internacional. ¿Para qué?
domingo, 13 de enero de 2019 · 00:00

Alberto Solares Gaite Abogado y profesor universitario

Se ha mitigado, al parecer por la coyuntura política interna, el vendaval de indignación que se levantó en el país por el rotundo fracaso de la demanda marítima que, después de cinco largos años, tuvo el triste resultado de la sentencia emitida el 1 de octubre por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). No creemos, sin embargo, que el análisis de este fracaso pueda pasar tan fácil y rápidamente como pretende el oficialismo. Al contrario, por la trascendencia que implica y porque tiene, además, una directa relación con la dinámica política actual, por cuanto se trata del rescate de la democracia que debe ser el marco indispensable para proyectar la estrategia de futuro del país, incluido el tema marítimo.

En los últimos meses se han formulado una multitud y diversidad de criterios polarizados, que van desde los que consideran cerrado el ciclo del mar boliviano que ha sido, consideran, el grillete que encadenó el alma nacional recomendando dar vuelta la página; los hay por otro lado criterios fervorosos del tema –con los que comparto – a los que duele el daño causado al tema mayor de nuestra política exterior y la única causa que unifica al país mantenida como política de Estado por más de un siglo. 

No se trata de un simple patrioterismo, sino que se considera que la falta de un acceso soberano al Pacífico constituye, mucho más en el presente siglo, la principal deficiencia estructural que se debe superar para el desarrollo del país. Tampoco han faltado los criterios que vienen de los propios gestores de la demanda, que sostienen que no existe derrota alguna y que el fallo de La Haya abre nuevas posibilidades para un diálogo directo (?). Habría que preguntar, en este último caso, ¿por qué entonces promovieron la demanda? Simple: se buscaba manipular el sentimiento nacional en provecho de su intento desesperado de aferrarse al poder.

Se calcularon incluso los tiempos del proceso para lograr oportunamente los réditos de una reelección ilegal y forzada que ya se planificaba. 

Existen muchas motivaciones y conductas que se deben analizar. Para ello nunca será tarde una plena identificación de las causas que influyeron en semejante fracaso, así como de sus posibles efectos tanto internos como externos, estableciendo las responsabilidades que correspondan. 

Para este análisis  me permito lanzar algunas interrogaciones y afirmaciones básicas:

- En primer lugar, habrá que esclarecer algunas dudas que suscitó la demanda desde su inicio, por ejemplo, cuál fue en realidad la pretensión de Bolivia. ¿Fue el reconocimiento de la obligación de Chile a negociar de buena fe?, vaya simplismo. Para el proceso que se planteaba ante el mayor órgano jurisdiccional del sistema internacional  esta pretensión carecía de proporcionalidad, en los hechos se pretendía volver a la Agenda de los 13 puntos.

Exigir en la vía jurídica que se obligue a negociar a un Estado un resultado esencialmente convencional no es posible en el estado de evolución del derecho internacional, por cuanto para cualquier negociación es necesaria la voluntad de las partes. Se equivocó el tipo de demanda.

- Los fundamentos de la demanda se sustentaron en las denominadas “obligaciones unilaterales de los Estados” (Estoppel), o también en la “Teoría de los Actos Propios”, tendencia doctrinal según la cual los ofrecimientos unilaterales de un país a otro son vinculantes, aún en el caso de no ser formalizados mediante acuerdos o tratados. 

Es decir,  esta corriente pretende superar el ritualismo formal del derecho internacional, pero,  lamentablemente, a pesar de estar en consideración de las instancias de las Naciones Unidas que estudian y proponen estos potenciales avances, no se hallan incorporados aún a las normas y prácticas del acervo jurídico internacional y no se aplican por tanto por la CIJ. 

Al desconocer esto, se lanzó al país a una verdadera aventura jurídica, muy provechosa por cierto para supuestos expertos que pululan en las cortes internacionales. Se aventuró la fundamentación de la demanda y nos equivocamos de Tribunal.

- En un tema tan importante para Bolivia  se experimentó con teorías todavía precarias. Lo único trascendental del proceso es el claro mensaje a todo el ámbito internacional sobre la inaplicabilidad de la teoría Estoppel en los conflictos territoriales entre Estados. Bolivia jugó el triste papel de conejillo de indias y a la vez de chivo expiatorio.

-  No obstante que todo este panorama era previsible, se hizo gala de un triunfalismo excesivo y burdo, banderizando políticamente el tema y con la vista puesta ante todo en el interés electoral, imaginando quizá que con suerte en La Haya  el camino a la reelección estaría expedito.

Suena a burla escuchar el justificativo de considerar “histórico” el hecho de haber conseguido llevar a Chile ante un tribunal internacional. ¿Para qué? Lo verdaderamente histórico, pero en negativo, ha sido provocar el retroceso de un siglo, como alguien dijo, en todo lo avanzado en la conscientización regional e internacional sobre la reivindicación marítima de Bolivia.

- El acostumbrado despilfarro fue otra de las constantes del proceso, viajes de nutridas delegaciones sin ningún objeto, el costo millonario de los asesores internacionales que hasta ahora permanece en un absoluto secretismo, todo ello resguardado por la confidencialidad establecida por el D.S. 1693 de 14.08.13. 

- En cualquier país medianamente serio, los responsables de semejante descalabro  habrían tenido la decencia de renunciar de inmediato y no pretender, como acá, una nueva reelección inconstitucional mediante manipulaciones de sus propios militantes en función de magistrados.

- Por último, es lógico buscar salidas alternativas al mar pero deben ser encaradas seriamente y no con el abandono, por décadas, de posibilidades ciertas en puertos peruanos, en Rosario, Argentina, en Uruguay,  por la Hidrovía Paraguay-Paraná o por la cuenca del Amazonas; posibilidades que, sin embargo, no excluyen la búsqueda de una nueva vía jurídica para un puerto soberano sobre el Pacífico, cuya cuenca se perfila como la zona más importante del comercio internacional mundial de este siglo  por sus megamercados y los megabloques en formación. 

Para ello el derecho internacional y particularmente el derecho de los tratados y el nuevo derecho del mar ofrecen posibilidades que hay que explorarlas, pero al servicio del país y no de intereses subalternos. 
 

 

 

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