Elecciones

En Bolivia destruyen la democracia

El Tribunal Supremo Electoral no sólo ha reprobado, sino que, al suspender el conteo de votos el domingo, deja un mar de cuestionamientos.
domingo, 27 de octubre de 2019 · 00:00

Pedro Gareca Perales   Abogado constitucionalista y defensor de los DDHH

Han transcurrido 43 años desde la entrada en vigor  del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (23-03-1976) que configura en el artículo 25. a) “Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, y complementariamente el inciso b) consolida el derecho de: “Votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal  e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

Estas categorías democráticas han sido vulneradas por los sistemas de Venezuela y  Nicaragua, entre otros, porque en el primero, la voluntad popular de no reelección mediante referéndum fue desconocida por el extinto presidente Hugo Chávez, resonancia negativa que contagió a Maduro, que se valió de una nueva constituyente irregular para convocar a elecciones mediante el Órgano Electoral totalmente sometido a su poder. El perfeccionamiento de la ilegalidad en la elección de Maduro fue la de promover candidatos afines y así justificar ante el mundo que emergió de la democracia, pero, como bien han cuestionado los analistas y líderes políticos de Venezuela y del mundo,  se trató simplemente de una “imposición democrática”.  Y, en términos más coloquiales, de un “usurpador del poder político” al no tener oposición.

 En Nicaragua, Daniel Ortega, siguiendo el libreto del populismo instalado en el Foro de Sao Pablo, se valió para ser reelegido por el Tribunal Constitucional por encima de la Constitución, cuyos jueces responden al sistema y no a la Carta Fundamental.

En nuestro país si bien la Constitución en su artículo 26.II.2 prescribe como derecho político “el sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente, a partir de los 18 años cumplidos”; lo que quiere decir que, si Bolivia es un Estado unitario social de Derecho Plurinacional comunitario, la categoría del respeto al voto popular emitido por los ciudadanos en procesos democráticos “es un derecho político de rango constitucional y reconocido por el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos”. Por lo tanto, el valor del voto es una cualidad inescindi  ble de la democracia y por su carácter de “secreto” o mejor “reservado”, nadie tiene el derecho de omitir, suplantar o darle otra finalidad que no sea la voluntad libre y consciente del ciudadano que optó en las elecciones de 20 de octubre de 2019, por uno u otro candidato legalmente habilitado. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sensiblemente no sólo  ha reprobado, sino que, al suspender el conteo de votos el domingo  20 de octubre, a horas 20:45, sin ninguna explicación y justificativo, y retomar el recuento luego de 24 horas transcurridas, sin duda que deja un mar de cuestionamientos, similar a partículas de arenas en las playas del mar, que resultan incontables. Veamos algunas irregularidades de las más simples a las más complejas de descifrar: 

a) El TSE inicia el recuento de votos con retraso de 45 minutos al fijado (19:00); b) recibió los datos de actas de votantes de Asia y Europa 10 horas antes de las 19:45; c) Los datos de Brasil, Argentina y Chile concluyeron cuatro horas y media antes de empezar el recuento en sala plena; d) Los datos recogidos por los jurados en las actas de las provincias y comunidades estaban también en poder del TSE, porque para las autopistas de las comunicaciones TIC, no hay tormentas, granizadas e inundaciones que pudieran impedir su recepción; e) ¿Por qué empleados públicos que se supone son afines al MAS fueron jurados?; f) Se descubrieron cajas llenas de papeletas en manos de funcionarios de instituciones vinculadas con los órganos electorales departamentales; g) Se verificaron cajas abiertas de votos que supuestamente deberían estar precintadas hasta llegar a los TDE (Laja); h) Traslado de ciudadanos que votaron en un recinto hacia otras comunidades (Tarvita).

Entre lo más vergonzoso, y que llega al hastío, está el descubrimiento y verificación   que  hicieron el Presidente del Comité Cívico de Potosí y ciudadanos de ese departamento de  cajas con votos  estocadas en un domicilio particular. En  Potosí, según datos del TDE, gana el MAS con un porcentaje considerable en  relación con  Comunidad ciudadana. Este hecho es suficiente para anular las elecciones fraudulentas por falta de garantía y credibilidad en el TSE y los TDE, si no tributan en su accionar al núcleo central de la Ley Electoral 026 y lo que manda la Constitución.

También hay que recordar que la empresa Viaciencia, habilitada por el TSE, en conteo rápido dio los siguientes resultados la noche del 20 de octubre: 43,9% para el MAS y 39,4% para CC de Carlos Mesa, estimando un margen de error menor al 5%, siendo la más aproximada a los estudios de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Fundación Milenio, al tomar en cuenta mayores elementos científicos sobre la base del sistema TREP, que es el más objetivo, transparente y oportuno. Sin embargo, para sorpresa de todos, el Tribunal Supremo Electoral, al retomar el recuento de votos el 21 de octubre, luego de 24 horas de cerrada la elección, dio como ganador a Evo Morales, con el  46,85%, dejando a CC con el 36,74 %, desconociendo el derecho a la segunda vuelta que el pueblo boliviano decidió libremente. 

Ante el grosero megafraude del TSE, los comisionados veedores de la OEA y UE han manifestado su desconfianza y molestia y sus informes serán determinantes para que los cancilleres de la OEA  apliquen contra Evo Morales y su gobierno la Carta Democrática. 

Ningún ciudadano aceptará que un presidente ilegal que emerja del fraude sea investido. De ahí su indignación expresada en las calles ante el TSE y TDE, en toda Bolivia. 

A todo esto se suma que el TSE se convierte en “reincidente del fraude”, autor de delitos penales  y destructor de la democracia.

Confirman lo aseverado  los obispos de Bolivia que denuncian evidentes signos de fraude electoral y exigen respeto a la voluntad del pueblo y el retorno a un clima de paz.

 

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