Complejidad: signo de escenarios poselectorales

Hasta ahora se ve incierto el cómo dirimir el conflicto desatado por la sombra del fraude sobre las elecciones. La autora evalúa tres escenarios.
domingo, 03 de noviembre de 2019 · 00:05

La crisis política abierta después de la suspección de  la difusión de los resultados preliminares de las elecciones del 20-O y producirse varias irregularidades, que se interpretaron y presentaron como expresiones de fraude, es, sin duda, un escenario que supera los cuadros más críticos que haya enfrentado el gobierno de Evo Morales. Lo incierto ahora es cómo se puede dirimir un conflicto que hasta hoy se presenta con nudos ciegos. Me permito evaluar  la posibilidad de tres escenarios, voy del menos posible al más probable:

Primer escenario: presionado por las calles, Morales mediante un acuerdo político acepta ir a una segunda vuelta, previa la auditoria ofrecida por la OEA.

Escenario poco probable si consideramos lo que están haciendo los actores para posibilitar este acuerdo: el MAS y la oposición, ahora más o menos articulada a nivel nacional por la Conade, han preferido medir fuerzas en las calles, empleando recursos de poder equiparables que no permiten prever, en el corto plazo, un desequilibrio en la balanza política:

La Conade tiene la virtud de ser una instancia articulada en torno a una demanda compartida (segunda vuelta) que aglutina el respaldo de la sociedad civil a nivel nacional y tiene, al menos por ahora, la capacidad de marcar el rumbo de la resistencia civil, no poca cosa si consideramos el grado de cólera e indignación que implica a medio país.

La oposición ha logrado además exponer pruebas, lo suficientes para instalar el sentido común de la veracidad del fraude electoral y con ello ha legitimado  su demanda: segunda vuelta, una posición dura que se va a mantener en el tiempo, porque en este caso hay una coincidencia entre la posición y el interés por la segunda vuelta.

Del otro frente, el MAS tiene similares recursos puestos en marcha:  Tiene los resultados oficiales a su favor, aunque sean ilegítimos y cuestionados por una considerable mayoría, tienen efecto estatal en tanto son los avalados por la “máxima autoridad electoral”.

Tiene también capacidad de movilización social y aunque su militancia haya mermado considerablemente, mantiene su fidelidad ante el imperativo de defender el proceso de cambio y a su máximo líder. A falta de respaldo social, el gobierno detenta aún la facultad del uso de la violencia legítima, que no dudará en emplear en cuanto se vea rebasado.

Tampoco es menor el poder del gobierno para construir explicaciones  o contra-relatos que desmientan las pruebas de fraude electoral. Aunque sean explicaciones desprovistas de credibilidad, son utilizadas para negar la validez de una segunda vuelta.

El Gobierno asumió una posición tan dura como la de los opositores y considero improbable que pueda ceder ante la oposición para posibilitar una segunda vuelta, no sólo porque sabe que hacerlo implicaría su derrota definitiva, sino porque ello no cabe en su concepción del poder:  Morales concibe la política sobre la base de la relación maniquea amigo-enemigo; puede negociar o llegar a intercambios, de todo tipo, con sectores sociales, pero con la oposición (a la que siempre ha descalificado y menospreciado como interlocutor político válido) la batalla actual se da en términos de ganar o morir.

En definitiva, Morales en ningún caso negociaría ser derrotado por la oposición y además en las urnas. Preferirá, en último caso, perder el poder por la vía de un golpe de Estado, que no necesariamente supondría la muerte de su figura política.

Morales ya jugó sus cartas más amañadas y riesgosas para llegar hasta este momento (desde saltarse los resultados del 21F, hacerse habilitar por el OEP, violando descaradamente la CPE, hacer aprobar una ley de partidos políticos a su medida, hasta forzar su reelección en primera vuelta). No cabe esperar de él la posibilidad de retroceder ese camino andado.

Segundo escenario: se lleva a cabo una auditoria internacional a fin de aclarar las dudas sobre el “supuesto” fraude electoral.

Este es el escenario más favorable para el gobierno y no es casual que la propuesta tenga su origen en la invitación que hizo el Canciller a la comisión de la OEA. Propiciar este escenario conviene a los intereses del MAS, primero porque le permitiría apaciguar las movilizaciones hasta llevarse a cabo la auditoria electoral. Con ello ganaría tiempo para construir una salida decente ante la crisis política y le permitiría, en último caso, definir (mediante el TSE) la posibilidad o no de la segunda vuelta.

 Las declaraciones del Ministro Héctor Arce en las sesiones de la OEA ya adelantan sobre la postura que tendría el Gobierno cual sea el resultado de la auditoría: “Ninguna presión interna o externa puede condicionar la realización de una segunda vuelta que no esté establecida en la CPE”; “la Constitución asigna la decisión final sobre un candidato ganador al Tribunal Supremo Electoral”. Esto quiere decir que nos podemos imaginar al gobierno diciendo: “Si mis palabras no coinciden con la realidad, peor para la realidad”.

Aclaro que este escenario se puede presentar con dos variantes: primero, que los resultados de la auditoria externa concluyeran que existen pruebas contundentes sobre las irregularidades en el proceso y, por tanto, recomendaran una segunda vuelta. Sin embargo, esto no tendría ningún efecto estatal en tanto el TSE no acepte dichas conclusiones. No obstante este escenario terminaría por socavar lo que le queda de legitimidad al gobierno y reactivar con mayor intensidad la agitación social en las calles.

Segundo, que la auditoria diera fe de la veracidad y rectitud de los resultados, desestimando la necesidad de una segunda vuelta. Tal escenario supondría una victoria fortalecida del gobierno a nivel nacional e internacional y, por supuesto, la desarticulación del campo opositor movilizado que, por ahora, sólo está articulado en torno a una demanda común.

Tercer escenario: Se radicalizan los bloques hasta dirimir el conflicto mediante el uso de la violencia estatal, esto es, confrontar el poder civil al poder policial-militar.

A juicio de todos, este sería el peor escenario; sin embargo, en mi opinión el que se perfila como más probable. Lo sostengo a partir de lo siguiente:

Primero: en sus 14 años, el gobierno enfrentó conflictos tan duros, largos y complejos como los actuales y casi todos se resolvieron por la vía violenta,  el choque de fuerzas, la propagación de delitos, seguido por el descabezamiento y persecución judicial de los principales  líderes. Basta recordar cómo acabó, a favor del gobierno, la conflictividad de los años 2008 (Porvenir), 2011 (Chaparina) o, el conflicto minero del 2016, en el que murió un viceministro. Sólo hechos de tal alcance podrían efectivamente quebrar la resistencia civil movilizada.

Segundo: desde el gobierno se advirtió que de persistir los paros se responderá con el bloqueo de carreteras con la finalidad de presionar, vía escasez de alimentos, a las ciudades movilizadas. En este caso, los bloqueos se convertirían en escenarios de enfrentamientos civiles de alta intensidad, hasta provocar el hecho catastrófico que desempate el equilibrio de fuerzas.

Marisel Hinojosa / Politóloga

“El presidente Morales ya jugó sus cartas más amañadas y riesgosas para llegar hasta este momento. No cabe esperar de él la posibilidad de retroceder ese camino andado”.

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