Sucesión presidencial

Pablo Stefanoni y el cambio de gobierno

Fue la tozudez y la incapacidad moral del gobierno para reconocer su fraude que fue interpretada por la ciudadanía como exceso de soberbia.
domingo, 15 de diciembre de 2019 · 00:00

Bernardo Corro Barrientos Doctor (PhD) en Economía del Desarrollo

Pablo Stefanoni, en su artículo “Bolivia: Biblias, Balas y Votos” (Letras Libres 21/11/2019), analizó los factores políticos que provocaron la caída del régimen de Evo Morales y definió el carácter del nuevo gobierno a partir de algunos aspectos que tomó la sucesión presidencial.

El analista se hace dos preguntas 1: si la caída del régimen fue resultado de un golpe militar contra un gobierno popular; o 2: si fue una insurrección democrática contra una dictadura. Se responde diciendo que ninguna da cuenta de lo ocurrido, pero tendrían “algo de verdad”.  La primera insistiría mucho en el “mecanismo” del derrocamiento pero subestimaría a los actores, y la segunda, echaría luz sobre algunas imágenes pero se “alejaría de un movimiento democrático”. 

En realidad ninguna de las dos se aproxima a lo ocurrido. En cuanto a la primera no se trató obviamente de un golpe militar contra un gobierno popular. No existieron en el escenario ni “militares alzados” ni mucho menos un “gobierno popular”, no se presentó la imagen clásica de un acto violento con tropas militares tomando el palacio presidencial. 

En cuanto a la segunda, tampoco se trató de una “insurrección democrática” contra una dictadura. Los que participaban en el movimiento ciudadano en las calles no lo hacían para derrocar a una dictadura, que sí lo era, sino simplemente para protestar contra un flagrante fraude electoral y exigir una segunda vuelta.

Si Evo Morales hubiera accedido a retroceder reconociendo la segunda vuelta, todo terminaba ahí, todos volvían a sus casas para esperar las nuevas elecciones. En este movimiento, ampliamente pacífico y democrático, participaba gente de todas las clases sociales, mayoritariamente la clase media urbana, antigua y nueva, de todos los colores, de todas las edades, vecinos de los barrios altos, medios o bajos, así como de muchas zonas rurales. Este movimiento es ahora  conocido popularmente como la “revolución de las pititas”. 

Fue la tozudez y la incapacidad moral de la cúpula gubernamental para reconocer su fraude que fue interpretada por la ciudadanía como exceso de soberbia. Esto provocó la voluntad de continuar con las pititas, pero nunca con la intención explícita de provocar el derrocamiento del régimen. 

Se trató de un movimiento de desobediencia civil contra una decisión de un gobierno dictatorial, pero no fue una “insurrección general” –el “poder dual” objetivo soñado de los trotzquistas desde hace más de cien años– dirigida a provocar su caída. No existió un partido político o líder que lo encabezara. 

El movimiento era tan pacífico que no dio motivo a la policía, la institución encargada por la Constitución de mantener el orden, para tomar acciones represivas. Los policías y civiles de las calles llegaron incluso a entablar diálogos, lo que generó simpatías mutuas. Finalmente, los policías de algunas guarniciones departamentales decidieron no obedecer las instrucciones gubernamentales de reprimir las manifestaciones. 

Los militares insinuaron igualmente su voluntad de no causar daños a la población. Los oficiales no deseaban reeditar el papel traumático que cumplieron en 2003 durante el gobierno del presidente Sánchez de Lozada, saldado con la muerte de decenas de civiles en El Alto. El presidente Morales, urgido de calmar y reprimir al movimiento ciudadano, solicitó el apoyo militar pero no obtuvo una respuesta favorable. También realizó consultas a algunas organizaciones sindicales aliadas como a la   COB, pero tampoco recibió su apoyo militante. 

En estas condiciones, el presidente Morales y el Vicepresidente García informaron el 10 de noviembre que renunciaban a sus funciones. Inmediatamente después, las autoridades del poder legislativo llamadas a asumir la sucesión constitucional de presidente y de vicepresidente del Estado, la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, tomaron la decisión de renunciar a sus cargos y no asumir, por sucesión, los altos cargos del Estado. Estas decisiones fueron tomadas obviamente por instrucción de sus superiores. Ante estas renuncias, la senadora Jeanine Añez, vicepresidenta hasta entonces de la Cámara de Senadores, se encontró súbitamente ante la decisión de asumir automáticamente el cargo de Presidenta de la Cámara de Senadores y, por sucesión constitucional, el cargo de Presidenta del Estado. 

En este proceso no existió la intervención de algún militar o de algún partido político pidiendo tal o cual cargo, pidiendo que se vaya tal o cual persona o, finalmente, proponiendo que alguien asuma tal o cual cargo. A partir de la renuncia voluntaria del presidente y del vicepresidente solo intervino como protagonista un pequeño texto, un pequeño libro llamado Constitución Política del Estado y sus artículos  que señalaban los pasos que debían seguirse. 

Seguramente existieron anteriormente cálculos políticos diabólicos e incluso malévolos. Es posible que las renuncias de las cuatro autoridades mencionadas tenían el objetivo de provocar un “vacío de poder” que debía empujar a los comandantes del ejército a cubrirlo mediante su intervención para evitar el “caos político” que podría producirse. 

Es probable, sin embargo, que los mandos militares medios se hayan pronunciado contra este plan de “golpe militar suave”. Es posible que las autoridades gubernamentales, en las condiciones de deterioro general de su imagen, confeccionaran este plan con un doble objetivo. 

Primero, para aparecer ante la ciudadanía como “víctimas” de un malvado golpe militar, orquestado por la derecha neoliberal y por el imperialismo. En segundo lugar, gracias a las “caras lavadas” por el golpe militar las autoridades “derrocadas” esperaban recuperar posteriormente el apoyo de los sectores populares. Con un nuevo “prestigio” y “nuevos antecedentes heroicos”, los líderes del MAS podrían ganar nuevas elecciones.     

El plan previsto de golpe no logró cumplirse debido a la aparición inesperada de otro factor, el “factor Añez”. Las autoridades diabólicas no contaron que podía aparecer de manera repentina una vicepresidenta del Senado –abogada con cerca de diez años de experiencia parlamentaria– dispuesta a declararse la “sucesora constitucional automática” de los cargos mencionados. Para bloquear esta posibilidad, la anterior presidenta renunciante de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, hasta entonces refugiada en la embajada de México, hizo su aparición a último momento reclamando “lo que le correspondía”. Pero ya era tarde, las personas ya estaban colocadas en los lugares definidos por la Constitución. 

¿Cómo definir este proceso político? Para Stefanoni, su tesis es que “lo que comenzó como un conjunto de movilizaciones concluyó en un gobierno de facto”, es decir no constitucional. Por lo descrito, no se puede hablar de “gobierno de facto” puesto que para la designación presidencial se han respetado los pasos constitucionales. Este es un importante mérito político para la presidencia transitoria de Jeanine Añez. 
 

 

47
10