Recursos naturales

El problema del río Lauca

Chile decidió unilateralmente el desvío de su caudal sin esperar la aquiescencia de Bolivia, como era y es lo jurídicamente obligatorio.
domingo, 29 de diciembre de 2019 · 00:00

Erika J. Rivera Abogada
 Nelson Ledezma Capitán DAEN

El agua se ha convertido a nivel mundial en un recurso cada vez más escaso. El agua dulce, que es la que consumimos y la que también sirve para una multitud de procesos industriales, representa solo el 1% del líquido elemento que existe en el planeta Tierra. Este recurso tan escaso como importante se va a transformar en el futuro en un factor de conflictos internacionales. Sobre todo las aguas fronterizas y los ríos de curso internacional sucesivo se están convirtiendo en objetos de la codicia de los Estados ribereños.

   Por su situación geográfica y topográfica Bolivia es un país muy rico en reservorios naturales de agua dulce, aunque podemos hablar de un uso cotidiano irracional de este recurso escaso. Empleamos el agua para labores de explotación y procesamiento de minerales, convirtiendo el líquido elemento en agua contaminada con metales pesados, que envenenan los cursos inferiores de los ríos y disminuyen el caudal del agua realmente aprovechable. 

Otro uso irracional del agua puede observarse en las zonas urbanas del país, donde no hay plantas purificadoras de las aguas servidas. Esto quiere decir que contaminamos el agua más o menos pura y la devolvemos a su cuenca hidrográfica convertida en un elemento lleno de partículas contaminantes. El caso más evidente es el río Choqueyapu, cuyas aguas riegan la producción de alimentos en la zona sur de La Paz.

   La escasez de agua a nivel mundial genera conflictos sobre el uso compartido de aguas, sobre todo cuando hay ríos de curso internacional sucesivo, como es el caso del río Lauca, que  nace de los glaciares del volcán Parinacota  en el lado chileno, antes de ingresar a territorio boliviano, volcando finalmente sus aguas en el lago de Coipasa (Oruro). 

El río Lauca nace de los bofedales del volcán Parinacota y recorre 76 kilómetros por territorio chileno. Cerca de la localidad de Macaya ingresa a territorio boliviano, donde recorre cerca de 250 kilómetros antes de terminar en el lago de Coipasa. En cuanto corriente de curso internacional, su aprovechamiento está sujeto a las disposiciones del Derecho Internacional Público y a la Declaración sobre el Uso Industrial y Agrícola de los Ríos Internacionales, convención firmada en Montevideo el 24 de diciembre de 1933 y ratificada por los gobiernos de Bolivia y Chile.

Para los bolivianos el problema reside en que el gobierno chileno decidió unilateralmente el desvío del caudal acuífero del Lauca sin consultar al gobierno boliviano y sin esperar su aquiescencia como era y es lo jurídicamente  obligatorio, tratándose de un río internacional. Ya en julio de 1939 el gobierno boliviano planteó la primera de sus seis “reservas” mediante una nota a la Cancillería chilena, porque las proyectadas obras en el curso superior del río Lauca producirían perjuicios al derecho boliviano de captación y uso en el curso inferior del río. Esta nota inicial hace referencia a la Declaración de Montevideo de 1933. Sin embargo, Chile siguió adelante con sus obras de captación del recurso hídrico, las que incluían un canal de 31 kilómetros de largo para el desvío del agua del río, un túnel de 3 km (para la central hidroeléctrica), y una caída artificial de 1.100 metros de altura para producir electricidad y para irrigar el valle de Azapa.

Desde 1939, el gobierno chileno aseguraba que estas obras no significaban un desvío del caudal del río Lauca, sino un inofensivo “aprovechamiento de sus aguas”, que apenas alcanzaría al 10% del potencial hídrico. Posteriormente se vio que esto no correspondía a la verdad. Hubo un nutrido cambio de notas reversales en 1953 y 1954 y en 1960 se llegó a establecer una comisión mixta para estudiar la totalidad de la problemática.

 Ninguna de estas negociaciones tuvo frutos positivos para las posiciones bolivianas. La controversia subió de tono a partir de la inauguración de las obras mencionadas por el gobierno chileno el 14 de abril de 1962 con la apertura de las compuertas de Chaquipina. 

Posteriores  negociaciones no adelantaron ningún elemento favorable a Bolivia. Como resumen de la posición chilena se debe mencionar la nota reversal del 15 de diciembre de 1961, en la cual la Cancillería chilena insistió en que ese país tenía y tiene el derecho del uso de las aguas del río Lauca, derecho que según esta nota “no puede ser negado o discutido por los otros condueños”. La Cancillería de ese país también aseveró que “(…) el derecho internacional no obligaría a Chile a obtener la aceptación de Bolivia para usar las aguas del río Lauca”.

   La situación no ha variado sustancialmente hasta hoy. Las obras anteriormente mencionadas significan, desde la perspectiva chilena, una notable contribución para elevar el nivel de vida de la región de Arica, para irrigar el valle de Azapa y para generar energía eléctrica con costos relativamente bajos. Por todo ello es improbable que el gobierno chileno cambie sus líneas maestras sobre esta temática, las cuales constituyen una política de Estado para Chile, en perjuicio directo de Bolivia.

   Para comprender mejor esta compleja problemática hay que hacer el intento, a menudo doloroso, de entender las motivaciones chilenas, pero: “comprender no significa justificar ni perdonar sumisamente”. Una opinión pública crítica siempre es una buena aliada para formular políticas de Estado de largo aliento. Para Chile, la cuestión del río Lauca y el problema marítimo boliviano constituyen temáticas de relevancia secundaria, que no concitan emociones colectivas como ocurre desde la perspectiva boliviana.

Actualmente el río Lauca desemboca en el Lago de Coipasa echando 8 metros cúbicos por segundo, lo que implica obviamente un crecimiento considerable por los afluentes bolivianos y chilenos (después de las obras de desvío). Esto, desde la posición chilena, puede ser visto como un caudal notable que no ha sufrido una merma seria por el desvío del río Lauca en 1962. Los gobiernos chilenos declararon siempre que el desvío implicaba a lo sumo 20% del caudal total del río, lo que en el caso de una negociación internacional estaría por debajo de lo permitido. 

Todos estos datos no pretenden de ninguna manera apoyar la posición chilena, que de modo flagrante vulneró el Derecho Internacional Público y la Declaración de Montevideo de 1933 porque realizó el desvío del río Lauca sin la aquiescencia previa del gobierno boliviano. El desvío constituye una actitud de extrema soberbia y simultáneamente, de desprecio de la norma jurídica internacional, ratificada por el propio Estado chileno. El desarrollo posterior nos muestra una constelación muy compleja que las protestas bolivianas no siempre han tomado en cuenta.

El desvío arbitrario de las aguas del río Lauca nos muestra la contraposición entre el desarrollo del norte chileno frente a la lesión del medio ambiente boliviano. El reclamo en torno a las posibilidades de producción y sobrevivencia de la geografía boliviana afectada, es y debe ser un tema pendiente de la agenda bilateral en aras de la justicia y la convivencia pacífica e integrada de los pueblos con alto nivel de racionalidad.

 

 

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