El sistema judicial del país actúa en función al gobierno de turno

Judicializar la política y politizar la justicia

Esta intromisión causa graves problemas en la sociedad, porque se aplica “el derecho penal del enemigo, yo a mi enemigo le voy a aplicar lo más duro de la ley”, opina una experta. Otro analista sostiene que el exministro Héctor Arce “fue el primer articulador y mafioso de un Poder Judicial corrupto”.
domingo, 29 de diciembre de 2019 · 00:00

Fernando Chávez Virreira  Periodista

 

“Toda la justicia en nuestro país ya no es del Movimiento Al Socialismo”, dijo Fidel Surco, coordinador del Pacto de Unidad y exsenador del MAS  el 14 de diciembre, durante un debate en un programa de televisión. Reveladora “confesión” ante algo que ya se ha vuelto normal en Bolivia: la intromisión del Poder Ejecutivo en el sistema judicial.

Seguía Surco: “Históricamente, en época de dictadura la justicia ha actuado de parte del golpe de Estado. Gobierno del MNR, la justicia ha actuado en función del gobierno, del MIR, de ADN, cualquiera que sea, Hernán Siles Zuazo, quienes han pasado en la historia de la democracia. Díganme, ¿qué gobierno no ha manejado la justicia?”. Lanzó el exdirigente masista.

Al día siguiente, el domingo 15 de diciembre, la presidenta Jeanine Añez anunciaba que “en los próximas días se tendrá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por las denuncias de sedición y terrorismo que pesan en su contra”.

   “Él sabe que tiene que darle respuestas al país y tiene cuentas pendientes con la justicia, y a ello se tendrá que atener. Seguramente, en los próximos días, se  emitirá esa orden de aprehensión porque nosotros ya hemos hecho las denuncias pertinentes”, sostuvo la mandataria.

La justicia en el país tiene rasgos de una veleta, cambia de rumbo de acuerdo a quién gobierna. El mismo Tribunal Constitucional, que aprobó la re-reelección de Evo Morales, fue el que legitimó como constitucional la posesión de la presidente Añez. El mismo fiscal general, Juan Lanchipa, que persiguió a los detractores de Evo Morales, está actuando hoy a la inversa contra las exautoridades del MAS.

Los casos de arrestos, detenciones preventivas, acusaciones por corrupción y otros  ya se cuentan por decenas, aunque seguramente muchos con fundamento jurídico.

 La justicia está liberando a  decenas de presos del pasado régimen (muchos seguramente encarcelados injustamente) y comenzó a procesar a exautoridades del gobierno del MAS.  El caso del vocal Antonio Costas, quien quedó fuera de culpa en un aspecto central  del informe de la OEA, y del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que está acusado de incumplimiento de deberes -ambos presos-  son dos  ejemplos de esta tendencia.

Sin embargo, Silvia Salame, abogada, docente universitaria e investigadora, doctora en Derecho y expresidenta del Tribunal Constitucional, afirma que entiende la declaración de la  presidente Añez de la siguiente manera: “Hay procesos que se están iniciando contra Evo Morales, pero se están iniciando no por una cuestión política, sino, por ejemplo, en el caso del llamado a cercar ciudades y que no lleguen alimentos, y eso es un delito de lesa humanidad. Entiendo que no es que la presidenta pretenda utilizar a la justicia, sino que la justicia va a jugar el rol de sentar un escarmiento a los verdaderos culpables de esta situación. No puede dejarse en la impunidad estos hechos porque eso ocasiona que esto se repita en forma permanente”.

  Salame sostiene que, lamentablemente, en Bolivia y en otros países se ha dado esa costumbre de “judicializar la política y politizar la justicia”. “Eso es terrible porque causa graves problemas en la sociedad, debido a que se aplica el Derecho Penal del enemigo, es decir que yo a mi enemigo le voy a aplicar lo  más duro de la ley; entonces, la justicia se contamina y desde luego el Órgano Ejecutivo es el que va concentrando el poder en uno solo y la justicia es su brazo operador: el Ministerio Público y el Órgano Judicial”.

En el caso de Bolivia –continúa– ha sido realmente alarmante porque durante el gobierno que ha salido los juicios políticos han sido graves y  hasta el día de hoy no han concluido; y juicios políticos que han pretendido  anular al enemigo político. Eso nunca lo hubiera conseguido ese gobierno, ni ningún otro, si no hubiese tenido a su servicio a la justicia. 

“Eso no quiere decir que todos los jueces hubieran hecho lo mismo. Se debe recordar al juez Pachi, por ejemplo, que tuvo que irse a Brasil, refugiado, precisamente por la persecución que sufrió por haber impedido el procesamiento de alguien. Es lamentable esto, pero es verdad que la justicia durante el MAS ha sido nefasta”.  

Salame se refería al juez Luis Tapia Pachi, quien estuvo refugiado en Brasil durante cinco años luego de ser partícipe del caso Terrorismo. 

La jurista advierte que no hay que olvidar lo que pasó en octubre negro, “lo mismo hemos hecho ahora y ¿por qué?”, dice, y se responde: “porque lastimosamente se dio una amnistía a los movimientos sociales, o sea no se amnistió a los militares, al presidente, vicepresidente y ministros, pero sí a los movimientos sociales; entonces ahora han repetido la historia, han quemado, han asaltado y tiene que haber responsables. No en sed de venganza, pero tiene que aplicarse la justicia, pero la justicia, no el gobierno interferir para que se ejecute a sus enemigos. No. Es la justicia la que tiene que definir quién es culpable, quién inocente, quiénes cómplices, encubridores”.

Consultada por Página Siete sobre si debe ser el próximo gobierno  el que debe encarar una reforma de la justicia y en qué sentido debería ir ésta, la experta afirma que  “este gobierno transitorio de ninguna manera puede encarar una reforma judicial; el próximo debe tener como prioridad esa reforma”.  

Según Salame, lo primero que se debe hacer es cambiar el reglamento de preselección, segundo, iniciar procesos de responsabilidades contra todos los magistrados (el Consejo de la Magistratura tiene muchas denuncias y continúan en funciones); en  el Tribunal Supremo hay graves denuncias, se debe ejecutar una por una; también en el Tribunal Constitucional. “Han vulnerado la Constitución en muchos procesos”. 

Debe ser una prioridad para el país la reforma del sistema judicial, no estamos hablando solamente de órgano, sino del sistema, se debe incluir a la Fiscalía, Policía y todo.

¿Es la justicia el principal valor, o pilar, dentro de una democracia? “Como abogada podría decir eso, pero no sería correcto. El Estado se asienta en cuatro pilares; si usted tiene una casa a la que le falta un pilar, indudablemente se va a venir abajo; todos los poderes tienen la misma importancia. Lo que sí es necesario es que el ciudadano sepa es que no puede concebirse una democracia sin un sistema judicial independiente, no puede existir un país democrático que tenga sojuzgada, secuestrada, la justicia. Y, por otro lado, la seguridad jurídica que se da a los ciudadanos e inversionistas hace que ese país pueda crecer económicamente. Quién va a invertir en un país donde se cambian leyes”.

Se calcula que en Bolivia hay cerca de 80 presos políticos y más de 1.200 exiliados políticos. Hay muchos casos, quizá el más emblemático sea el del exgobernador de Pando  Leopoldo Fernández, quien estuvo detenido por más de 10 años  acusado por la muerte de 13 personas en el caso Porvenir.  Fernández nunca fue a juicio y estuvo en “prisión preventiva”, lo que para los juristas es un “abuso fiscal”. 

Otro caso que acaparó la atención de la opinión pública fue la detención, en Potosí en noviembre de 2018, del joven albañil Moisés Montero, quien le gritó a Evo Morales “¡Bolivia dijo No! ¡Respete el referendo!”.  Fue imputado por el presunto delito de “atentados al Presidente y otros dignatarios”, se le prohibió asistir a los actos públicos donde se encuentre el mandatario y lo condenaron con detención domiciliaria. 

Los casos de persecución política y encarcelamientos se pueden contar por decenas.

 

Un aparato corrupto

Para el abogado constitucionalista Williams Bascopé  el abuso en el sistema judicial durante la gestión de Evo Morales tiene nombre y apellido: Héctor Arce. “Se trata de un aparato corrupto instalado por   Héctor Arce. Él  fue el primer articulador y mafioso del Poder Judicial. Ha metido a gente que no tenía la talla para hacer justicia. Evo Morales ha sido el que ha consentido, con García Linera, pero Arce instaló un aparato mafioso, de amenaza, a cualquier ciudadano que pensaba contrario al gobierno”. 

La justicia, dice, está en el peor escenario por varias razones. “La más vergonzosa es la actuación de varios jueces, que ahora se han puesto la consciencia de soltar a varios detenidos y perseguidos políticos, entre ellos Franclin Gutierres, Sergio Pampa y a otros cocaleros. Han dejado de perseguir y citar a la gente de Achacachi. Es vergonzosa esa forma como ahora se han alineado, cuando Evo Morales cae del poder”.

“El gran ejemplo es el ajusticiamiento del magistrado Gualberto Cusi. El nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional, a consejeros de la Judicatura, quitar del Poder Judicial para nombrar notarios, ha sido todo un aparato que durante varios años ha manejado Arce y varios abogados se han prestado a eso, que han fungido como viceministros”.

Según Bascopé, “aún hay  en el Estado gente afín al MAS y que ha entrado por padrinazgo, que están como jueces, vocales, magistrados por más que digan que fueron elegidos en  elecciones. Los últimos magistrados han sido vergonzosos, porque en esas elecciones, entre el 70 y 80% votaron nulo”. 

“Vocales, magistrados, jueces y el Ministerio Público, nadie se salva; tampoco el Fiscal General y los fiscales departamentales, que deberían haber renunciado. Con ellos se pretende transparentar el abuso de poder de Evo Morales. Hay una relación de mucha sospecha contra el Fiscal General. Es oprobioso, insultante para el pueblo boliviano que ese Poder Judicial se mantenga como está actualmente”.

Consultado sobre el anuncio de la presidenta Añez con respecto a un proceso contra Evo Morales, el abogado sostiene que no ve una injerencia en el Poder Judicial, pero lo que hay son desatinos políticos. “Nuestros políticos deben respetar la división de poderes. Y esa división la vamos a respetar cuando modifiquemos todo el Poder Judicial. El actual gobierno tiene que darse cuenta que sus instituciones o sus competencias se limitan solo a la denuncia ante el Poder Judicial, y solicitar que ésta se aplique; porque también el Ejecutivo puede causarse como víctima y presentar una denuncia contra Evo Morales, por todos los actos de corrupción y, peor aún, cuando hace declaraciones de sedición  o cuando ordena que no entren alimentos a las ciudades”.

Según el experto, “lamentablemente hay un servilismo total de los jueces por guardar sus puestos; de vocales o de fiscales. Ese servilismo es inaceptable. Y por qué tenemos ese servilismo, por  el simple hecho de que esa gente no es calificada y no tiene currículum para ser juez, o fiscal, o vocal. Metieron a cualquier sujeto a esos cargos”.

Sobre el origen de los conflictos en el sistema judicial, apunta a que en Bolivia no es prestigioso ser juez. “Son mal pagados, no tienen presupuesto; no se los ha institucionalizado, no se los ha capacitado y no se los ha motivado, por lo que los mejores hombres y mujeres nunca se presentaban. Es por eso que muchos de estos jueces son serviles. Hay pocos jueces de carrera y pocos fiscales que son honrosos en su cargo. Ese es el punto, la mediocridad. Muy pocos brillan”.

Para Bascopé, el próximo gobierno deberá encarar una reforma. “Será de aquí a unos tres años. Pero hay que cambiar la forma de designación por voto popular, no es la mejor forma para elegir jueces. Tiene que ser una gran comisión que incluya el Colegio de Abogados, universidades, incluso podría participar la Iglesia Católica en la selección, porque la administración de justicia tiene que ser para los mejores”.

Punto de vista
Alain de CanedoAbogado constitucionalista
 

“El poder lo quiere todo”

La justicia siempre tiene que ser imparcial, es un Órgano del Estado; actualmente la Constitución dice que hay cuatro órganos: Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial. Por la Constitución, todos estos se basan en la independencia de poderes. Sin embargo, no solo en este gobierno, y en el anterior del MAS, sino en todas las épocas  el problema es que desde un punto de vista político, entiendo, es importante controlar el Órgano Judicial, porque a partir de ahí  las decisiones que quiera tomar el Ejecutivo salen procedentes; es una cuestión de teoría del poder finalmente. 

El poder es eso; el poder lo quiere todo. Pero claro no es lo idóneo; no es lo que quiere la gente, no es el concepto, además, de un Estado de Derecho.

Esto está en la mente y en la conciencia de cada uno de los ciudadanos, y especialmente de los operadores de justicia y de los abogados. Parece absurdo, pero en realidad es esencial. Puedo hablar de Brasil, conozco muy bien, allí hay respeto por la institucionalidad; la palabra clave es que debe existir institucionalidad y credibilidad en las instituciones, pero para que exista esa credibilidad, naturalmente las instituciones deben responder primero a una carrera,  a desarrollar actitudes con honestidad.  En el tema de la justicia yo le agregaría el sometimiento a la ley. Eso es vital. De lo contrario, esto va a seguir.

En Brasil tenemos el ejemplo de un juez, Sergio Moro, que más allá que está siendo criticado, Lula da Silva, por lo menos en el periodo en que fue juzgado, no pudo sacar a este juez  de un pueblito. Moro era como un juez de Instrucción aquí en Bolivia, un pinche juez. En la época del MAS, o en otras, a ese juez ya lo hubiesen destituido o tomado preso; ¿por qué no ocurrió eso en Brasil?, ¿por qué Lula no pudo, o no quiso incluso destituirlo?, porque hay respeto a la institucionalidad.
 

 

 

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