Institucionalidad

2020, la elección del reencuentro de los bolivianos

El cumplimiento de la ley representa el requisito indispensable para el respaldo ciudadano; si el organismo electoral desea respeto, debe ser irreprochable.
domingo, 08 de diciembre de 2019 · 00:00

Salvador Romero Ballivián Vocal del TSE

 

La anulación de la elección de 2019 ha definido un momento histórico crucial y complejo, que exige, entre otros aspectos fundamentales, la profunda recomposición del organismo electoral. 

Se requiere reencontrar la misión auténtica del Tribunal Electoral como una institución independiente de los Poderes y autónoma frente a los partidos, garante de procesos electorales incluyentes, equitativos con todas las fuerzas políticas, y honestos en sus resultados, sobre los cuales se construyen gobiernos legítimos y, a la larga, una democracia sólida. 

En la elección limpia se cristalizan los valores del régimen democrático. Si los actores asisten seguros de que se estableció una competencia justa, si los votantes participan convencidos de que nada ni nadie distorsionará su voluntad, entonces la elección condensa las mejores prácticas democráticas. 

Para alcanzar este propósito, se necesita el compromiso con los principios que guían a un organismo electoral convencido de su razón de ser. El primer deber es el apego a las normas que regulan las actividades partidarias y electorales, la base de una votación limpia, aceptada por los candidatos circunstancialmente derrotados, que reconocen el triunfo del adversario y, a la vez,se preparan para los siguientes desafíos. 

El cumplimiento de la ley representa el requisito indispensable para el respaldo ciudadano. Sin el crédito que otorga la sociedad, vanas serían la capacidad técnica, la infraestructura moderna o la buena legislación: en otras palabras, si el organismo electoral desea respeto, debe ser irreprochable.  

Después, se requiere un ánimo ponderado como firme para aplicar la ley, comprendiéndola no sólo en la letra, sino en su espíritu, interpretándola de manera que proteja los derechos y las garantías de los ciudadanos, los actores políticos y de todos aquellos que, de cerca o de lejos, intervienen en los comicios.

En los agitados oleajes de la vida política, se necesita conservar la imparcialidad frente a los Poderes del Estado y las organizaciones políticas. La imparcialidad tiene tanto que ver con la legalidad como con la justicia y quizá su mejor representación sea la imagen geométrica del círculo: el organismo electoral se sitúa en el centro, equidistante frente a cualquier punto. 

El Tribunal Electoral tiene que abrirse al escrutinio de sus actos y decisiones, rehuyendo la opacidad que alimenta sospechas. Con las interrogaciones y las dudas aclaradas se avanza en la tarea pedagógica, en el acercamiento a la ciudadanía, se subraya que el cuidado de un proceso constituye una obligación colectiva. La institución debe sentirse tranquila bajo la luz de los proyectores y ante las preguntas, todas las preguntas. 

Asimismo, debe preservar celosamente su independencia e imparcialidad. A veces, su defensa incomoda, pues cierra el paso a quien quisiera disponer de resultados asegurados antes de que los votantes vayan a sufragar; evita que la competencia se reserve a unos pocos preseleccionados; niega subordinarse a intereses reducidos. 

La experiencia ha demostrado que el árbitro con camiseta partidaria es sólo una ganancia de corto plazo e ilusoria para los jugadores beneficiados, y, a la vez, que la conducta contraria a las normas elementales de la rectitud desata la tensión política, social, incluso la violencia y amenaza la supervivencia de la democracia. Por ello, la autonomía con respecto a todos los actores representa una verdadera victoria colectiva, en el corto y en el largo plazo. 

De esos principios, resalta que unas tareas demandan capacidad técnica, logística, administrativa, fuerza de reacción, rapidez e imaginación; las otras requieren imparcialidad, sentido de justicia para valorar las pruebas, serenidad para no adelantar juicios ni precipitar decisiones. Del manejo de estos rasgos casi contrapuestos, depende el éxito de la gestión.

Esos valores necesitan marcar los comicios de 2020. Después de más de cuatro décadas, se anuló una elección general. Ha sido un episodio traumático, con una secuela trágica de vidas perdidas y de conflictos que han herido y dividido a la sociedad. Sin embargo, cuando el hundimiento en una crisis de consecuencias imprevisibles constituía un escenario probable, los actores políticos, las instituciones, las fuerzas vivas y organizadas de la sociedad, el conjunto de los ciudadanos, acompañados por la comunidad internacional, hemos reafirmado nuestra convicción democrática. Supimos encontrar la vía de salida en un lapso breve, por sobre nuestras diferencias privilegiamos los acuerdos, los consensos orientados al bien común de preservar la convivencia pacífica. 

Ese es el marco de la elección de 2020, que debe concluir en la conformación de un gobierno y de una Asamblea dotados de la indiscutible legitimidad que otorga un proceso organizado por un Tribunal Electoral que haya recuperado la confianza de los ciudadanos pues ofreció imparcialidad, legalidad, certeza e institucionalidad; una elección abierta al conjunto de las fuerzas políticas, que compitieron en libertad y paz, concentradas en promover sus propuestas, sin inquietarse por la conducta del árbitro; una jornada con el color de la masiva, ordenada y respetuosa asistencia a las urnas que caracteriza a los votantes bolivianos, y con los sufragios y las actas computados pulcramente en cada instancia. 

La elección posee considerables desafíos técnicos, bajo el apremio de un plazo corto. El Tribunal necesita el apoyo de la sociedad, de las instituciones, de los países amigos. Habrá que hallar pronta y oportunamente las respuestas fundamentadas en las buenas prácticas locales y las mejores experiencias internacionales, en paralelo a una reconstrucción institucional que demorará más tiempo. Empero, cualquiera sea la magnitud del reto técnico, es menor que la de los desafíos políticos. 

La elección excede la habitual competencia entre adversarios contrapuestos sobre las alternativas convenientes para la prosperidad colectiva. Esa dimensión estará, sin duda, presente en 2020 y confiamos que el debate de los actores se adecuará a pautas de tolerancia, moderación, respeto recíproco. Habrá ganadores y perdedores, pero no victorias ni derrotas definitivas o permanentes. Los resultados valdrán por un lustro, luego las cartas volverán a repartirse sin beneficios ni penalidades para ningún actor. 

Sin embargo, lo que está en juego va más allá, mucho más allá. La elección es crucial para el futuro democrático de Bolivia. Necesitamos, como país, que en la elección sintamos vivos los valores esenciales de la democracia. Sobre todo, que ella sea el espacio del reencuentro entre los ciudadanos. Que el día de mañana, nuestras papeletas sean las portadoras del reconocimiento mutuo como hombres y mujeres libres e iguales en dignidad, de nuestra confianza renovada en la democracia y en el futuro que deseamos construir juntos, unidos, poniendo en común nuestros esfuerzos, talentos y esperanzas compartidas.

 

 

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