Derecho internacional

Reseña del proceso judicial contra Chile

La autora considera que, lejos de aconsejar prudencia, se propaló un espíritu exitista y patriotero y enumera uno a uno los errores jurídicos de la defensa boliviana en su apresurado camino por llegar a una salida al Pacífico.
domingo, 24 de febrero de 2019 · 00:00

Karen Longaric  PhD en estudios internacionales y profesora de derecho internacional público en la UMSA

Recapitulando los hechos
El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunció la judicialización del tema marítimo, debido a la renuencia de Chile a continuar el análisis de la Agenda de 13 puntos.

El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó la demanda judicial contra Chile pidiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en virtud de las pruebas acumuladas declare la obligación de Chile a negociar con Bolivia con el objeto de alcanzar un acuerdo que nos otorgue acceso soberano al océano Pacífico.

El 15 de julio de 2014 Chile, que negaba la obligación de negociar, presentó una objeción preliminar a la jurisdicción de la Corte, indicando que dicho tribunal carecía de jurisdicción y competencia para decidir la disputa presentada por Bolivia, argumentando que el petitorio estaba regido por el Tratado de 1904 y vetado por el Pacto de Bogotá de 1948.

La obligación de negociar invocada por Bolivia y rechazada por Chile generó un conflicto de derecho internacional que la Corte debía dirimir en sujeción al artículo 36 de su Estatuto que le atribuye competencia para resolver controversias entre Estados sobre diversas  cuestiones de derecho internacional. 

El 24 de septiembre de 2015, la Corte rechazó las excepciones planteadas por Chile, declarándose competente para conocer la demanda boliviana. Pero para que la Corte se declare competente, fue necesario que Bolivia manifieste que no pedía a la Corte que juzgue y declare que Bolivia tenía derecho a una salida al mar y tampoco solicitaba que la Corte se pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de 1904, afirmando que éste se encontraba vigente y no existía disputa respecto a su validez. 

Bolivia asintió ante la CIJ, que ésta no tenía competencia para conocer una solicitud sobre un derecho de Bolivia de acceso soberano al mar. Cabe recordar que durante más de una centuria Bolivia enarboló la tesis que reputaba nulo el Tratado de 1904, argumentando que éste fue suscrito bajo amenaza y coacción. Sin embargo, en 2015, en la jurisdicción de la CIJ, Bolivia testificó que el Tratado de 1904 era válido y no objetaba su vigencia. 

La sentencia de 24 de septiembre, que por cierto no resolvía el asunto de fondo, generó enormes expectativas en la población boliviana en virtud de una lectura tergiversada que deificó el fallo, dándole un alcance que trascendió al propio petitorio, generando una colosal confusión en la ciudadanía, tanto que muchos creyeron que a instancias de la CIJ y en tiempo breve Bolivia tendría acceso soberano al mar. 

No era así, pues en dicha sentencia la Corte precisó la posición de las partes, aclaró el alcance del petitorio boliviano y delimitó su competencia, veamos: 

Párrafo 28, argumentación de Chile: “Bolivia no está buscando una negociación abierta compuesta por intercambios de buena fe, sino negociaciones con un resultado judicialmente predeterminado”.  

Párrafo 30, respuesta de Bolivia: “Bolivia sostiene que el resultado de esa negociación y las modalidades específicas de acceso soberano no son materias para ser decididas por la Corte, sino que son materias para el futuro acuerdo a ser negociado por las Partes de buena fe”. 

Párrafo 32, la Corte aclara: “La Corte considera que, si bien puede asumirse que el acceso soberano al Océano Pacífico es, al final, el objetivo de Bolivia, debe hacerse una distinción entre ese objetivo y lo que es la disputa misma, relacionada pero separada de ese objetivo”. 

Párrafo 33, la CIJ advierte: “La Corte recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene derecho  a un acceso soberano al mar, ni que se pronuncie  sobre el estatus jurídico del Tratado de 1904. Incluso si se argumentase que la Corte llegase a la conclusión de que existe  la obligación de negociar, no le correspondería tampoco predeterminar el resultado de cualquier negociación que tuviese  lugar como consecuencia de dicha obligación”.

La Corte se declaró competente, pero dejó claro que no le correspondía tomar parte en una eventual negociación.

Triunfalismo prematuro 

Pese a que la Corte dijo que no se pronunciaría sobre el resultado de posibles negociaciones entre Chile y Bolivia, las actitudes triunfalistas y de confrontación con Chile fueron en aumento. 

Se hicieron almibarados reconocimientos al presidente Morales, elogiando su decisión de demandar a Chile y fustigando al contendor innecesariamente.  No se aceptóla observación de que la solución de la mediterraneidad de Bolivia vía océano Pacífico dependía de Chile. 

Tampoco se admitió la posibilidad de un fallo favorable a la tesis chilena. Se restó méritos a la argumentación de Chile y se propaló un análisis jurídico frívolo. Ni siquiera experiencias pasadas como Charaña y OEA 1979 fueron debidamente examinadas, y lejos de aconsejar prudencia, se propaló un espíritu exitista y patriotero dando por hecho el triunfo de Bolivia, con soluciones prontas y definitivas a la mediterraneidad.

No resulta fácil identificar la causa de tanta confusión, si fue por cálculo político o por falta de idoneidad en la cuestión jurídica internacional. 

Estrategia equivocada

La sentencia de la CIJ de 1 de octubre de 2018, demostró que la judicialización del tema marítimo no fue el camino correcto. Todo lo contrario, fue una pésima estrategia política y diplomática, pues aún si Bolivia hubiese ganado el juicio, la diatriba comunicacional y el encono de la acción judicial, habrían prevalecido e influido negativamente en el ánimo de Chile, dificultando el diálogo e impidiendo soluciones de fondo.

A continuación transcribo una síntesis del análisis de la Corte: 

El Acta Protocolizada de 1920 omitió enumerar los puntos a resolver, en consecuencia, no generó la obligación de negociar. 

Las notas de 1950 no revisten la naturaleza de un tratado, no fueron redactadas de acuerdo a la práctica internacional, por tanto, no generan la obligación de negociar. 

El Memorándum Truco no fue dirigido formalmente a las autoridades bolivianas, por lo tanto, no estableció la obligación de negociar. 

La Declaración de Charaña de 1975,  no obstante haber sido firmada por los presidentes de Bolivia y Chile,   está redactada  como un documento político (no de naturaleza jurídica) y no confirma la existencia de una obligación de negociar. 

Los comunicados intercambiados durante el Enfoque Fresco son distintos entre sí y no hay  indicios de que Chile se hubiese obligado a negociar.   

En Algarve las partes solamente se comprometieron a iniciar un diálogo sin exclusiones y no  un acuerdo que obligue a Chile a negociar. 

La mera mención del tema marítimo en la Agenda de 13 puntos no puede obligar a Chile a negociar.  

Respecto a las declaraciones unilaterales de Chile, la Corte identificó en ellas un deseo de entablar un diálogo, y no como una obligación de Chile a negociar. 

Los artículos 2 y 33 de la Carta de la ONU y 24 de la Carta de la OEA, refieren un deber general de solucionar controversias internacionales, que no obligan a las partes a recurrir a la negociación y no establecen la obligación de negociar. 

Bolivia no demostró que en el derecho internacional exista la figura de las Expectativas Legítimas; la Corte la identificó en otras materias. 

Ninguna de las resoluciones de la OEA indican que Chile tenga la obligación de negociar, únicamente instan a iniciar una negociación. 

El artículo 38 del Estatuto de la Corte le ordena decidir las controversias conforme al derecho internacional. Si bien la Corte puede dirimir conflictos exaequo et bono (en equidad y buena fe) –cuando las partes así lo convienen– Bolivia y Chile aceptaron que la Corte falle sustentándose en derecho internacional, es decir: convenciones internacionales, costumbre internacional, principios generales de derecho, jurisprudencia y doctrina.

Con esa potestad, la CIJ fundamentó su sentencia en: la Convención sobre el Derecho de los Tratados, el artículo 2, párrafo a) que define que es un tratado internacional, y el artículo13 a), relativo al consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre los Estados. 

La Corte señaló que los artículos 2, párrafo 3 y 33 de la Carta de la ONU y 24 de la Carta de la OEA establecen mecanismos para la solución pacífica de controversias entre Estados, como un deber general de solucionar dichos conflictos, y no como una obligación de recurrir específicamente a la negociación. 

El fallo se nutrió del análisis doctrinario y jurisprudencial sobre los Actos Unilaterales y otras figuras jurídicas invocadas por Bolivia.

La  CIJ cerró el caso con un fallo contundentemente adverso para Bolivia. La sentencia declaró que ninguno de los acuerdos bilaterales invocados por Bolivia como fundamento de una obligación jurídica de negociar, establecía dicha obligación. Dijo: “La Corte considera que la República de Chile no asumió la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”.

 

Justificaciones impertinentes

En tal virtud, aseverar que el fallo fue injusto y que la Corte fue conservadora al resolver la controversia basándose en derecho internacional, es impertinencia y afrenta al derecho internacional y sus principios.

Los abogados patrocinadores advirtieron de la posibilidad de un resultado adverso para Bolivia, atribuyéndole complejidad al caso. Sin embargo, el Gobierno se obstinó en proclamar un resultado exitoso, dando al proceso judicial ropaje político y comunicacional, más que índole legal.

Asombra la temeridad de los actores de la demanda judicial –no por haber intentado esta empresa–, sino por no haberse sincerado con el pueblo boliviano advirtiéndole de las contingencias del proceso judicial, escenario en el que se podía ganar, pero también se podía perder, tal como ocurrió. 

El que la Corte se hubiese declarado competente para conocer la demanda boliviana, no prometía en sí un fallo favorable a Bolivia. Se sabía que el caso no era fácil, que la demanda judicial se había basado en la obligación jurídica de los acuerdos bilaterales y en la compleja figura denominada “actos unilaterales de los Estados”, instituto carente de norma escrita, incipiente desarrollo doctrinario y jurisprudencia visiblemente heterogénea. 

No obstante, el Gobierno se rehusó a admitir que la CIJ no resolvería el problema de fondo y todo dependería de una negociación, que si bien debía desarrollarse de buena fe, Chile tendría la última palabra respecto al resultado de la misma. En el derecho internacional el principio de soberanía estatal prevalece ante toda circunstancia, en un marco de legalidad.

En virtud de estos presupuestos, algunos advertimos del riesgo de una sentencia favorable a Chile. Se analizó el tema en aulas universitarias y en foros académicos, informando de la complejidad del tema y del incierto resultado. 

Empero, no se tomó en cuenta estas apreciaciones porque desde el grupo de cabildeo de los círculos de poder se propalaba el exitismo, amparado en un supuesto nerviosismo del oponente. A quienes ponían en duda la pertinencia de la demanda o de sus resultados, se los denostaba en los círculos intelectuales y en las esferas políticas.

Incomprensiblemente, el Gobierno del MAS persistió en su actitud obcecada que fue asumida monolíticamente por casi todos los que conformaron ese círculo alrededor de la demanda judicial. Aún días después de emitida la sentencia el presidente Morales siguió confundiendo a la población. En referencia a la sentencia declaró: 

“El informe muestra contradicciones y cómo la Corte se ha parcializado con un grupo, beneficiando a los invasores y a las transnacionales”, motivo por el que he decidido “mandar una carta a la Corte Internacional de Justicia demostrando las contradicciones del fallo, y que, en suma, la Corte no ha cumplido”. 

Estas declaraciones fueron temerarias, y al límite de constituir una grave acusación contra la Corte. Era mejor que antes de semejante despropósito pida a DIREMAR, a los abogados y a sus asesores, que le expliquen los términos y el alcance de la sentencia del 1 de octubre.

A la luz de los hechos reseñados, es necesario que el país reflexione sobre este tema y evalúe bajo que premisas el Gobierno decidió instaurar la demanda judicial contra Chile.  El pueblo boliviano debe saber cuáles fueron los errores que provocaron este duro revés a la política exterior. La Cancillería debe evaluar lo sucedido, entender los errores máximos para así poder reconducir la política exterior boliviana, tan venida a menos. 

Las relaciones con Chile tienen que ser repensadas y rediseñadas con una visión nueva. Pero en ese cometido no pretendamos partir de fojas cero, todo lo contrario; que los aciertos y los fracasos sirvan para estructurar una relación de vecindad renovada, en la perspectiva de converger en políticas de interés común, que beneficien a Bolivia, a su desarrollo económico y social y revitalice nuestra posición en el continente.
 

 

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