Análisis jurídico

DDHH, democracia y reelección indefinida

Los derechos están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por el bien común en una sociedad democrática.
domingo, 03 de febrero de 2019 · 00:00

Alberto Solares Gaite Abogado y profesor universitario

Se ha escrito y argumentado mucho sobre el supuesto “derecho humano” que asiste a los actuales gobernantes a ser reelegidos en forma indefinida, problema que amenaza con disociar al país frente a la imposición de esta consigna por una virtual dictadura que centraliza y somete a todos los órganos del poder público.

En oportunidad del periodo de sesiones rotativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país estas dos próximas semanas y, aunque por sus normas, se halla impedida de considerar asuntos relativos al país sede, parece oportuno insistir en una elemental lógica jurídica y moral para oponerse a una reelección indefinida de los que detentan el poder en forma continua por ya largos 14 años (2005-2019), violando la Constitución que ellos promovieron y que limita el periodo constitucional a cinco años y que permite una reelección por una sola vez en forma continua (Art. 168 de la CPE).

Los hechos

El año 2014, los actuales gobernantes lograron prorrogarse por un periodo más con argucias jurídicas, con la complicidad y obediencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que argumentó una supuesta “refundación del Estado”. 

En año 2016, preparando tempranamente el golpe definitivo que les permitiera permanecer en el poder de forma indefinida, consigna que les era impartida por sus centros de hegemonía ideológica (Cuba y Venezuela), convocaron  a un referendo para reformar el Art. 168 de la CPE, pero su visible desgaste, la ruptura del Estado de Derecho por la concentración absoluta del poder público, así como por la corrupción generalizada, este intento de reforma constitucional  tuvo como resultado un rotundo NO.

Para cumplir sus consignas, no les quedó otra posibilidad que volver al TCP mediante un recurso de inconstitucionalidad abstracta que habilitara una nueva postulación –desde ya con reelección asegurada– bajo el argumento de proteger su derecho político, considerado como derecho humano por el Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR) que instituyó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, invocando este instrumento adoptado por los países de la región y pidiendo su aplicación preferente sobre la Constitución. 

Así,   en diciembre de 2018, el TCP, siendo el órgano guardián de la Constitución, emite su cuestionada Sentencia Constitucional 0084 que determina la inaplicabilidad del Art. 168 de la CPE y de las normas vinculadas del régimen electoral.

Sobre la base de esta sentencia, que se considera vinculante, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en aplicación de una también cuestionada nueva Ley de Organizaciones Políticas, convoca a  elecciones primarias a partidos y organizaciones políticas culminando este procedimiento con la habilitación electoral del binomio oficialista, permitiéndole así terciar en el proceso electoral que culmina en octubre de este año y con seguridad, merced al uso abusivo de la maquinaria del poder y de los recursos públicos, lograr un nuevo triunfo electoral en una competencia desigual y que ya se anuncia con visos de irregularidades por la reciente renuncia de miembros y sustitución de funcionarios del TSE.

  
 

El Derecho

1º. El pensamiento político y jurídico contemporáneo ha internacionalizado los derechos humanos y la democracia como valores a ser respetados y consagrados por todos los ordenamientos jurídicos nacionales. Esto se manifiesta en  los más de 20 tratados existentes en materia de derechos humanos (DDHH) y de otros tantos en materia de democracia (cartas democráticas).

2º. Los tratados sobre DDHH incorporan  a los derechos políticos, económicos y sociales (segunda generación), así como nuevos tipos de derechos asimilados a esta condición, los hay hasta de quinta generación. En materia de derechos políticos, generalmente se consigna el derecho a participar libremente como elector o elegido en la formación de los poderes públicos.

3º. Acorde con lo anterior, la CPE de Bolivia incorpora preceptos generales sobre la interpretación y aplicación preferente de tratados de DDHH suscritos o adheridos por el país, cuando los mismos contemplen un tratamiento más favorable a los contenidos en la Constitución nacional (Art. 13.IV; más específicamente el Art. 256, así como el Art. 411.II que incorpora a estos tratados al bloque de constitucionalidad).

Es cierta, por tanto, la aplicación preferente de los tratados sobre DDHH  cuando éstos proveen normas más favorables que la CPE nacional.

4º. Sin embargo, en el caso concreto del  PSJCR, invocado para justificar la pretensión de los gobernantes bolivianos a una nueva postulación electoral, el Art. 23, relativo a los derechos políticos, es totalmente coincidente con lo establecido por el Art. 26.I de nuestra CPE, pues ambos proclaman el derecho a participar libremente en la formación de los poderes públicos.

 Incluso la CPE boliviana es mucho más explícita al proclamar en el artículo referido “el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. Esta participación debe ser equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. Además, en el numeral II del mismo Art. 26, así como en los siguientes artículos 27, 28 y 29 se prescriben normas mucho más detalladas para promover este derecho.

5º. Por tanto, es claro que la impugnación en la sentencia del TCP  se halla referida sólo límite de tiempo (cinco años) así como a la posibilidad de reelección solo por una vez en forma continua. 

Pero un tratado internacional no puede entrar en ninguna casuística, el orden internacional sentado el derecho deja su desarrollo y administración a la competencia constitucional y legal de cada país. 

 En el mismo sentido, constituiría una vulneración a la democracia conceder derechos exclusivos que devendrían en absolutos en favor de determinados actores y en desmedro de los derechos de los demás. 

Por ello un elemento consustancial de la democracia es el principio de la alternabilidad, por lógica jurídica y democrática que impide la conservación del poder en forma prolongada o definitiva.

6º. Como se ve meridianamente, el PSJCR no otorga derechos más favorables a los contenidos en la CPE, ni tampoco legisla, no podría hacerlo, sobre la posibilidad de una reelección indefinida. Se descarta, por tanto, su aplicación preferente, cobrando plena validez el Artículo 168º de la CPE e invalidando la sentencia dictada por el TCP.

7º. Lo que sí creo que es válido y aplicable es el Art. 32 del PSJCR, que señala los límites e interrelaciones entre los derechos y las obligaciones cuando sostiene que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

8º. Lo que sería invalorable es que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte de Justicia, ante los cuales cursa un recurso de interpretación de la sentencia 0084 del TCP que se respalda en el PSJCR, puedan pronunciarse oportunamente y así evitar que se consume una aberración jurídica avalando una dictadura encubierta en Bolivia a nombre de los derechos humanos.

 

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